Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero han ganado una gran batalla para la comunidad LGTB en Colombia. La Corte Constitucional, con seis votos a favor y seis en contra, ha aprobado que Verónica adopte a la hija natural de Ana, con quien convive desde 2005. El fallo abre la puerta para que, de ahora en adelante, las parejas del mismo sexo puedan adoptar si alguno de los dos es el padre o la madre biológica del menor y quien quiera adoptarlo sea su compañero permanente.

Se trata de una decisión histórica para los derechos de la comunidad gay y sus hijos. Para Mauricio Albarracín, director de la Colombia Diversa, la ONG más visible en el país que defiende los derechos de este grupo, el fallo del Constitucional “protege a los hijos de parejas del mismo sexo que ya vivían con ellas y que tenían una desprotección legal producto de la discriminación”, aseguró a este diario.

A esto se suma una victoria más. El presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, explicó en una conferencia de prensa que, en el futuro, la inclinación sexual “no puede ser una restricción para que las parejas del mismo sexo puedan adelantar trámites de adopción”. Para Albarracín, la Corte “sí es coherente con sus decisiones previas donde ha dicho que las parejas del mismo sexo son familia y que tienen los mismos derechos que otras familias”.

La lucha jurídica de estas dos mujeres, que se conocieron desde pequeñas en Medellín, duró más de cinco años. Pero su historia en común se remonta a 2005, cuando decidieron formalizar su unión civil en Alemania porque no podían hacerlo en Colombia. La pareja también decidió que tendrían un hijo, por lo que Ana se sometió a un tratamiento de inseminación. En 2008 nació su hija y al año siguiente Verónica empezó los trámites de la adopción, durante los que enfrentaron toda clase de obstáculos, al punto que el caso llegó al Constitucional.

La Corte también explicó que la decisión se refiere estrictamente a los casos de adopción consentida. Eso quiere decir, aquellos donde se quiere adoptar al hijo natural del compañero o compañera. La pareja, además, debe llevar como mínimo dos años de convivencia. “El tema de la adopción conjunta, que es otro, también lo está estudiando la Corte, pero se resolverá el próximo año”, aclaró Albarracín en referencia a los que consideran que el pronunciamiento del Constitucional fue tibio, ya que condicionó la adopción.

Esta decisión estuvo precedida por la oposición de grupos conservadores católicos y del procurador general Alejandro Ordóñez, quien afirmó al conocer la decisión que ésta solo tiene efecto para el caso de Ana y Verónica, y que “no debe entenderse como “de carácter general”. Sin embargo, el Gobierno, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, avaló la sentencia de la Corte. “Colombia da un paso más adelante para convertirse en un sociedad mucho más moderna, mucho más tolerante y garante de la igualdad de todos los colombianos ante la ley y la constitución”, afirmó a medios locales.

La adopción para homosexuales ya tenía un antecedente en Colombia. En mayo de 2012, el Constitucional avaló la adopción de dos niños por parte del periodista norteamericano Chandler Burr, aduciendo que su orientación sexual no era un impedimento. A Burr las autoridades colombianas de infancia le quitaron la custodia de los pequeños cuando se enteraron que era homosexual. Al final, luego de una disputa jurídica, el reportero los recuperó y se convirtió en el primer homosexual en adoptar un niño en el país sudamericano.

La comunidad LGTB en Colombia ha conquistado derechos a cuentagotas desde 2007. La primera fue la protección a los bienes de la pareja, luego su afiliación a la sanidad, el derecho a tener una pensión, el de heredar a sus compañeros cuando mueran y también que puedan expresar su afecto en espacios públicos, esto último porque se han presentado casos donde han expulsado a parejas del mismo sexo de centros comerciales. También, que constituyen una familia.

El triunfo más reciente lo estableció el Constitucional cuando avaló que las parejas homosexuales pueden acudir a notarías y juzgados a legalizar sus uniones. Sin embargo, muchos notarios se niegan a llamarlo matrimonio. Esto ocurre porque hay un vacío jurídico ya que el Congreso no ha reglamentado estas uniones. El más reciente intento de proyecto de ley se hundió en abril de 2013 y aunque desde junio estas parejas acuden a notarías y juzgados, varios de estos matrimonios se han anulado.