CÓRDOBA
Mestre dijo que está tranquilo porque hizo todo "con total transparencia"
Miércoles 03 de
Septiembre 2014
Dijo que lo sorprendió la imputación judicial. Sostuvo que lo de "funcionario imputado, debe dar un paso al costado" no rige para él. Aseguró que el servicio de transporte mejoró.
Dijo que lo sorprendió la imputación judicial. Sostuvo que lo de "funcionario imputado, debe dar un paso al costado" no rige para él. Aseguró que el servicio de transporte mejoró. El texto completo de la imputación de Vidal Lascano.
El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, dijo que lo sorprendió la imputación por defraudación calificada por el desvío de subsidios al transporte urbano correspondientes a Tamse hacia Ersa-Autobuses Santa Fe y aseguró que está confiado en que demostrará su inocencia.
Respecto a sus dichos que un funcionario que es imputado debe dar un paso al costado, Mestre precisó que es para sus subordinados y que la decisión la toma él. "El imputado soy yo y yo soy el intendente, que es el que decide", dijo.
Explicó que la misma determinación alcanza al secretario de Transporte, César Ferreyra.
En una improvisada conferencia de prensa frente al CPC de Argüello, Mestre remitió las explicaciones del manejo de los subsidios a los dichos de Ferreyra.
El funcionario había dicho a primera hora que las operaciones fueron auditadas por la Nación, que no hubo desvío y que es la empresa Ersa la que debe explicar por qué devolvió el dinero de los subsidios cobrados por unidades que pertenecían a Tamse.
Mestre dijo que se enteró en Buenos Aires de la imputación cuando estaba haciendo gestiones por la compra de troles rusos.
"Estamos tranquilos porque lo hemos hecho en un marco de total transparencia", remarcó Mestre.
Sin connotación política
Además, descartó que la causa judicial tenga una motivación política, como planteó el radicalismo en un comunicado.
Sin querer hablar de cómo le impacta la imputación en su futuro político, el intendente prefirió remarcar que pagó un "costo político por cambiar el sistema de transporte".
"Hemos incorporado 650 unidades, hemos mejorado lentamente la frecuencia y hay un mejor servicio", señaló.
El intendente aseguró que sigue "creyendo fervientemente en la Justicia" y adelantó que se volverá a "poner a disposición", luego de haber acercado "las pruebas y los elementos que teníamos y creíamos necesarios para que el fiscal y el juez decida".
"Si me preguntan cuál es el fin o cómo puede continuar mi vida política, lo que yo tengo para decir es que cuando uno toma una decisión, en este caso la mía, la de llevar adelante la intendencia de Córdoba, con todas las dificultades que tenemos, con las necesidades y los reclamos de los vecinos lo hago convencido y con la fortaleza que significa estar con la gente, no pensando en mi futuro ni pensando en la comodidad", señaló.
El fiscal entiende que funcionarios y empresarios obraron "ilegítimante" para obtener de la Nación subsidios para la compra de gasoil para unidades de la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe, cuando en realidad correspondían a trolebuses de la Tamse.
"Esta situación irregular habría comenzado a raíz de la declaración jurada presentada por las autoridades municipales en el mes de agosto de 2013 y se habría mantenido hasta el mes de marzo de 2014, fecha en la que cesó a raíz de una auditoría realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)", escribió Vidal Lascano.
El fiscal acusa al empresaio Romero de facilitar "la estructura de su empresa para justificar y percibir el subsidio indebidamente tramitado ante la CNRT".
Por ello, el fiscal promovió la acción penal por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, que contempla penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además, hay otras presentaciones similares vinculadas al desvío de fondos de los subsidios nacionales por colectivos de la Tamse que ya no circulaban y que iban a unidades de la empresa Ersa, que circulaban en ese momento sin patente.
Respecto a sus dichos que un funcionario que es imputado debe dar un paso al costado, Mestre precisó que es para sus subordinados y que la decisión la toma él. "El imputado soy yo y yo soy el intendente, que es el que decide", dijo.
Explicó que la misma determinación alcanza al secretario de Transporte, César Ferreyra.
En una improvisada conferencia de prensa frente al CPC de Argüello, Mestre remitió las explicaciones del manejo de los subsidios a los dichos de Ferreyra.
El funcionario había dicho a primera hora que las operaciones fueron auditadas por la Nación, que no hubo desvío y que es la empresa Ersa la que debe explicar por qué devolvió el dinero de los subsidios cobrados por unidades que pertenecían a Tamse.
Mestre dijo que se enteró en Buenos Aires de la imputación cuando estaba haciendo gestiones por la compra de troles rusos.
"Estamos tranquilos porque lo hemos hecho en un marco de total transparencia", remarcó Mestre.
Sin connotación política
Además, descartó que la causa judicial tenga una motivación política, como planteó el radicalismo en un comunicado.
Sin querer hablar de cómo le impacta la imputación en su futuro político, el intendente prefirió remarcar que pagó un "costo político por cambiar el sistema de transporte".
"Hemos incorporado 650 unidades, hemos mejorado lentamente la frecuencia y hay un mejor servicio", señaló.
El intendente aseguró que sigue "creyendo fervientemente en la Justicia" y adelantó que se volverá a "poner a disposición", luego de haber acercado "las pruebas y los elementos que teníamos y creíamos necesarios para que el fiscal y el juez decida".
"Si me preguntan cuál es el fin o cómo puede continuar mi vida política, lo que yo tengo para decir es que cuando uno toma una decisión, en este caso la mía, la de llevar adelante la intendencia de Córdoba, con todas las dificultades que tenemos, con las necesidades y los reclamos de los vecinos lo hago convencido y con la fortaleza que significa estar con la gente, no pensando en mi futuro ni pensando en la comodidad", señaló.
La causa
La acción penal promovida por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano alcanza a Mestre, el actual secretario Ferreyra, su antecesor Juan Pablo Díaz Cardheilac y el empresario Juan Carlos Romero, titular de Ersa.El fiscal entiende que funcionarios y empresarios obraron "ilegítimante" para obtener de la Nación subsidios para la compra de gasoil para unidades de la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe, cuando en realidad correspondían a trolebuses de la Tamse.
"Esta situación irregular habría comenzado a raíz de la declaración jurada presentada por las autoridades municipales en el mes de agosto de 2013 y se habría mantenido hasta el mes de marzo de 2014, fecha en la que cesó a raíz de una auditoría realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)", escribió Vidal Lascano.
El fiscal acusa al empresaio Romero de facilitar "la estructura de su empresa para justificar y percibir el subsidio indebidamente tramitado ante la CNRT".
Por ello, el fiscal promovió la acción penal por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, que contempla penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Otras denuncias
Además, hay otras presentaciones similares vinculadas al desvío de fondos de los subsidios nacionales por colectivos de la Tamse que ya no circulaban y que iban a unidades de la empresa Ersa, que circulaban en ese momento sin patente.Con información de
La Voz
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