Santa Fe | Rosario
La Justicia rechazó los pedidos de la fiscalía respecto a los imputados en el caso de los mellizos de Zavalla
Martes 09 de
Septiembre 2014
La jueza de la Cámara Penal, Carina Lurati, desestimó las solicitudes de apelación de la prisión domiciliaria y el regimen de libertad laboral de ambos sospechados.
La jueza Carina Lurati, integrante de la Sala I de la Cámara Penal de los Tribunales de Rosario, rechazó el pedido de apelación de la prisión domiciliaria y el regimen de libertad laboral presentada por las fiscales del Ministerio Público de Acusación Nº 2 de Casilda respecto a los imputados en el caso de la desaparición de los mellizos de Zavalla.
Tras un cuarto intermedio en los Tribunales de Rosario, la jueza decidió rechazar el pedido de la fiscalía, confirmó la morigeración concedida oportunamente por la Justicia al considerar que no hay "entorpecimiento probatorio ni peligro de fuga" en el caso de los dos imputados.
Por otra parte, se solicitó librar oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que ambos imputados entreguen sus pasaportes y que se les impida salir del país para continuar con la investigación.
En tanto, las fiscales Luna y Aronne brindarán mañana una conferencia de prensa para brindar detalles de la reconstrucción de los hechos realizados hoy tanto en Zavalla como en Casilda y en donde se trató de determinar los pasos dados por Liliana Montenegro, la mamá de los mellizos que dijo haber dado a luz y que están desaparecidos desde julio pasado.
Esta mañana, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, Marianela Luna, una de las intervinientes en la causa que investiga la desaparición de los mellizos que habrían nacido en Casilda, había concurrido a la Cáma Penal adonde presentó un escrito recurriendo las salidas laborales y solicitando además la revocación de la prisión de la prisión domiciliaria de los imputados.
"Recurrimos la resolución del 8 de agosto que concede salidas laborales de los imputados en la causa. Solicitamos la revocación de la prisión domiciliaria, porque uno de los imputados, circuló libremente en un vehículo y un compañero de trabajo, que lo conoce perfectamente, tuvo que cederle el paso porque venía a gran velocidad. Esto fue en Casilda. Teníamos imágenes de las cámaras seguridad", señaló Luna en diálogo con el programa "Todos en la Ocho".
"Nosotros entendemos que ese delito (sustracción de menores) es un delito continuado, de máxima gravedad, que roza con un delito de lesa humanidad. Estamos hablando de un delito de sustracción y retención de menores de edad, es decir con una pena altísima que se puede prever, de ejecución efectiva y no obstante seguimos dándole beneficios a los imputados en la causa. Si en su momento se dispuso la prisión preventiva de ellos, más allá de que haya sido domiciliaria, es porque hay elementos que demuestran que estas personas están involucradas en la causa. Si no se hubiera dispuesto su libertad", abundó la funcionaria judicial.
"Creemos que toda la estructura económica que poseen (los imputados) tiene peso. Porque no hay ningún control de la prisión domiciliaria", se quejó la fiscal.
Las fiscales siguen buscando dilucidar el caso en el que hasta hoy aparecen incriminadas las hermanas Andrea y Mariana N., y sus esposos Germán S., y Luis J., a quienes se le achaca haber sido coautores del presunto delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores, que prevé una pena de entre 5 y 15 años. Todos siguen con arresto domiciliario pero los hombres tienen permiso de salida laboral.
Por otra parte, la Agrupación Hijos de Santa Fe se presentó como querellante en la causa y pidió que la misma pase al ámbito de la Justicia federal.
Por otra parte, se solicitó librar oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que ambos imputados entreguen sus pasaportes y que se les impida salir del país para continuar con la investigación.
En tanto, las fiscales Luna y Aronne brindarán mañana una conferencia de prensa para brindar detalles de la reconstrucción de los hechos realizados hoy tanto en Zavalla como en Casilda y en donde se trató de determinar los pasos dados por Liliana Montenegro, la mamá de los mellizos que dijo haber dado a luz y que están desaparecidos desde julio pasado.
Esta mañana, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, Marianela Luna, una de las intervinientes en la causa que investiga la desaparición de los mellizos que habrían nacido en Casilda, había concurrido a la Cáma Penal adonde presentó un escrito recurriendo las salidas laborales y solicitando además la revocación de la prisión de la prisión domiciliaria de los imputados.
"Recurrimos la resolución del 8 de agosto que concede salidas laborales de los imputados en la causa. Solicitamos la revocación de la prisión domiciliaria, porque uno de los imputados, circuló libremente en un vehículo y un compañero de trabajo, que lo conoce perfectamente, tuvo que cederle el paso porque venía a gran velocidad. Esto fue en Casilda. Teníamos imágenes de las cámaras seguridad", señaló Luna en diálogo con el programa "Todos en la Ocho".
"Nosotros entendemos que ese delito (sustracción de menores) es un delito continuado, de máxima gravedad, que roza con un delito de lesa humanidad. Estamos hablando de un delito de sustracción y retención de menores de edad, es decir con una pena altísima que se puede prever, de ejecución efectiva y no obstante seguimos dándole beneficios a los imputados en la causa. Si en su momento se dispuso la prisión preventiva de ellos, más allá de que haya sido domiciliaria, es porque hay elementos que demuestran que estas personas están involucradas en la causa. Si no se hubiera dispuesto su libertad", abundó la funcionaria judicial.
"Creemos que toda la estructura económica que poseen (los imputados) tiene peso. Porque no hay ningún control de la prisión domiciliaria", se quejó la fiscal.
Las fiscales siguen buscando dilucidar el caso en el que hasta hoy aparecen incriminadas las hermanas Andrea y Mariana N., y sus esposos Germán S., y Luis J., a quienes se le achaca haber sido coautores del presunto delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores, que prevé una pena de entre 5 y 15 años. Todos siguen con arresto domiciliario pero los hombres tienen permiso de salida laboral.
Por otra parte, la Agrupación Hijos de Santa Fe se presentó como querellante en la causa y pidió que la misma pase al ámbito de la Justicia federal.
Con información de
La Capital
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