Buenos Aires | Capital Federal
Cae megabanda que tomaba casas deshabitadas para luego venderlas
Sábado 13 de
Septiembre 2014
Una megabanda fue desbaratada en las últimas horas, con la detención de 16 de sus integrantes, entre ellos policías federales, abogados, escribanos y hasta una empleada del Gobierno porteño, al estar acusada de usurpar viviendas deshabitadas en Capital Federal y luego venderlas.
Fuentes policiales informaron a NA que entre los apresados figuran dos efectivos de la brigada de la comisaría 45ta., quienes fueron pasados a disponibilidad y se investiga a otros uniformados sospechados.
También el presidente de una empresa de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial y proveedora de servicios.
La investigación continúa, ya que en las próximas horas podrían producirse más detenciones en esta causa que aparece como un escándalo.
Este grupo delictivo se dedicaba a la usurpación de viviendas deshabitadas "usando personas de escasos recursos que eran obligadas a ocuparlas".
"Al mismo tiempo confeccionaban documentación apócrifa para acreditar la titularidad de dominio de los inmuebles, contando con lazos en diferentes organismos públicos que le proporcionaban información y logística para preservar y asegurar el resultado óptimo de la operatoria", reveló la fuente policial consultada por Noticias Argentinas.
Una vez obtenida esa documentación, el grupo delictivo realizaba una venta a terceros, que desconocían el origen del inmueble y la maniobra ilegal que se ejecutaba.
La investigación fue realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación y por personal de Asuntos Internos de la Policía Federal, supervisados por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.
Cada integrante de la banda tenía su función, ya que la empleada del Gobierno porteño sería la encargada de entregar planos y documentación vinculados a inmuebles y locales de la Ciudad.
Los abogados y escribanos se ocupaban de la parte legal de la documentación y sus respectivas firmas y los dos policías federales hacían un seguimiento y marcaban las casas que se encontraban deshabitadas para iniciar esta defraudación.
Asimismo, otro de los detenidos es el presidente de una empresa de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial y proveedora de servicios, cuya firma servía para "permitir la falsificaban de documentos públicos".
"La causa se activó a partir de una serie de sospechas contra dos abogados, de los cuales se sospechaba que cometían este tipo de delitos. Eso permitió una investigación que se inició hace meses, por medio de escuchas telefónicas y seguimientos, permitió dar con los otros integrantes de la banda, que finalmente fueron apresados", reveló la fuente consultada por NA.
En poder de este grupo delictivo se incautaron una importante suma de dinero, entre pesos, dólares y euros, como producto de las ventas de inmuebles que realizaron.
También se secuestraron armas, fotocopias de DNI, foto de constancias de DNI, planos, celulares, notebooks, automóviles, carpetas, chips de teléfonos celulares, licencias de conducir, llaves de inmuebles, agendas, tarjetero, constancias de depósitos, poderes, escrituras.
La investigación continúa, ya que hay más sospechosos que podrían estar involucrados en esta megabanda y en ese aspecto no se descarta que haya políticos vinculados a estos delitos.
Investiga la causa el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, a cargo de Claudio Bonadío, Secretaría número 21 de Carolina Lores Arnaiz.
También el presidente de una empresa de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial y proveedora de servicios.
La investigación continúa, ya que en las próximas horas podrían producirse más detenciones en esta causa que aparece como un escándalo.
Este grupo delictivo se dedicaba a la usurpación de viviendas deshabitadas "usando personas de escasos recursos que eran obligadas a ocuparlas".
"Al mismo tiempo confeccionaban documentación apócrifa para acreditar la titularidad de dominio de los inmuebles, contando con lazos en diferentes organismos públicos que le proporcionaban información y logística para preservar y asegurar el resultado óptimo de la operatoria", reveló la fuente policial consultada por Noticias Argentinas.
Una vez obtenida esa documentación, el grupo delictivo realizaba una venta a terceros, que desconocían el origen del inmueble y la maniobra ilegal que se ejecutaba.
La investigación fue realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación y por personal de Asuntos Internos de la Policía Federal, supervisados por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.
Cada integrante de la banda tenía su función, ya que la empleada del Gobierno porteño sería la encargada de entregar planos y documentación vinculados a inmuebles y locales de la Ciudad.
Los abogados y escribanos se ocupaban de la parte legal de la documentación y sus respectivas firmas y los dos policías federales hacían un seguimiento y marcaban las casas que se encontraban deshabitadas para iniciar esta defraudación.
Asimismo, otro de los detenidos es el presidente de una empresa de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial y proveedora de servicios, cuya firma servía para "permitir la falsificaban de documentos públicos".
"La causa se activó a partir de una serie de sospechas contra dos abogados, de los cuales se sospechaba que cometían este tipo de delitos. Eso permitió una investigación que se inició hace meses, por medio de escuchas telefónicas y seguimientos, permitió dar con los otros integrantes de la banda, que finalmente fueron apresados", reveló la fuente consultada por NA.
En poder de este grupo delictivo se incautaron una importante suma de dinero, entre pesos, dólares y euros, como producto de las ventas de inmuebles que realizaron.
También se secuestraron armas, fotocopias de DNI, foto de constancias de DNI, planos, celulares, notebooks, automóviles, carpetas, chips de teléfonos celulares, licencias de conducir, llaves de inmuebles, agendas, tarjetero, constancias de depósitos, poderes, escrituras.
La investigación continúa, ya que hay más sospechosos que podrían estar involucrados en esta megabanda y en ese aspecto no se descarta que haya políticos vinculados a estos delitos.
Investiga la causa el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, a cargo de Claudio Bonadío, Secretaría número 21 de Carolina Lores Arnaiz.
Con información de
ambito
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