Timerman citó al embajador interino de los EEUU y amenazó con echarlo de la Argentina
Martes 16 de
Septiembre 2014
La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que manifiesta su "profundo malestar" sobre los dichos de Sullivan
La Cancillería argentina transmitió hoy su "profundo malestar" al encargado de negocios y embajador interino de Estados Unidos en Argentina, Kevin Sullivan, al que convocó por unas declaraciones en las que éste afirmó que Argentina se encuentra en cese de pagos, informaron fuentes oficiales.
El canciller Héctor Timerman citó a Sullivan y le transmitió "el profundo malestar y el enérgico rechazo del Gobierno argentino por las impropias declaraciones del diplomático estadounidense publicadas en el día de ayer", según un comunicado de la Cancillería, que además aclaró que de "repertirse este tipo de intromisiones se adoptarán las más severas medidas estipuladas en la Convención de Viena sobre la conducta de los representantes diplomáticos".
"Consideramos las expresiones del encargado de la embajada de Estados Unidos desafortunadas, incorrectas, inapropiadas, que constituyen injerencia indebida en la soberanía de país", sostuvo hoy el jefe de ministros argentino, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria.
El Ejecutivo de Cristina Fernández rechazó así las palabras de Kevin Sullivan, que se desempeña como embajador interino por ser el cargo de máximo rango diplomático actualmente en Argentina, en las que opinaba que es importante que el país sudamericana ‘salga del default‘ (cese de pagos) para volver al crecimiento económico.
Sullivan hacía referencia a la crisis provocada por un fallo favorable a los fondos especulativos que demandaron al país suramericano en Nueva York para así cobrar los bonos argentinos en su poder, que no fueron reestructurados y están en mora desde el ‘default‘ de 2001.
Como parte de la aplicación del fallo, el juez neoyorquino Thomas Griesa mantiene bloqueados los fondos para el pago del último vencimiento de los bonos reestructurados hasta que el Ejecutivo de Cristina Fernández salde los 1.300 millones de dólares más intereses que debe, de acuerdo con la sentencia, a los fondos litigantes.
Sin embargo, la Casa Rosada defiende que no hay ‘cese de pagos‘ ya que Argentina depositó el dinero para pagar a tiempo y que el juez comete una intromisión al impedir que los agentes fiduciarios distribuyan los fondos a sus propietarios.
En este sentido, Timerman transmitió a Sullivan que ‘Argentina ha honrado todos sus compromisos en tiempo y forma‘ y recordó que Estados Unidos reconoció ‘las consecuencias perversas de la sentencia del juez Griesa, tal como expresó en abril de 2012 en su presentación como amicus curiae‘ de Argentina, según el texto.
‘No es un problema de la Argentina; es un problema del juez (Thomas Griesa) que entorpece el proceso de pago, pero queda claro en el prospecto y en los avisos legales publicados por la Argentina que la Argentina ha depositado los fondos, que pertenecen a los bonistas‘, afirmó Capitanich.
‘Por lo tanto -agregó- si pertenecen a los bonistas la Argentina cumple, la Argentina paga‘ y todo ello ‘implica el efectivo cumplimiento del país‘, recalcó.
La Cancillería manifestó también al embajador interino que el Gobierno argentino ‘deplora‘ que Washington no haya aceptado dirimir las responsabilidades que le corresponden por la actuación de su Poder Judicial y que lamenta que no se haya adherido al amplio consenso logrado en Naciones Unidas para regular las reestructuraciones.
El Gobierno argentino sostiene que no puede cumplir con el fallo del juez Griesa, favorable al 1 % de los acreedores, porque violaría los acuerdos con los tenedores de bonos reestructurados (el 92,4 % del total) y desencadenaría un aluvión de denuncias millonarias.
"Consideramos las expresiones del encargado de la embajada de Estados Unidos desafortunadas, incorrectas, inapropiadas, que constituyen injerencia indebida en la soberanía de país", sostuvo hoy el jefe de ministros argentino, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria.
El Ejecutivo de Cristina Fernández rechazó así las palabras de Kevin Sullivan, que se desempeña como embajador interino por ser el cargo de máximo rango diplomático actualmente en Argentina, en las que opinaba que es importante que el país sudamericana ‘salga del default‘ (cese de pagos) para volver al crecimiento económico.
Sullivan hacía referencia a la crisis provocada por un fallo favorable a los fondos especulativos que demandaron al país suramericano en Nueva York para así cobrar los bonos argentinos en su poder, que no fueron reestructurados y están en mora desde el ‘default‘ de 2001.
Como parte de la aplicación del fallo, el juez neoyorquino Thomas Griesa mantiene bloqueados los fondos para el pago del último vencimiento de los bonos reestructurados hasta que el Ejecutivo de Cristina Fernández salde los 1.300 millones de dólares más intereses que debe, de acuerdo con la sentencia, a los fondos litigantes.
Sin embargo, la Casa Rosada defiende que no hay ‘cese de pagos‘ ya que Argentina depositó el dinero para pagar a tiempo y que el juez comete una intromisión al impedir que los agentes fiduciarios distribuyan los fondos a sus propietarios.
En este sentido, Timerman transmitió a Sullivan que ‘Argentina ha honrado todos sus compromisos en tiempo y forma‘ y recordó que Estados Unidos reconoció ‘las consecuencias perversas de la sentencia del juez Griesa, tal como expresó en abril de 2012 en su presentación como amicus curiae‘ de Argentina, según el texto.
‘No es un problema de la Argentina; es un problema del juez (Thomas Griesa) que entorpece el proceso de pago, pero queda claro en el prospecto y en los avisos legales publicados por la Argentina que la Argentina ha depositado los fondos, que pertenecen a los bonistas‘, afirmó Capitanich.
‘Por lo tanto -agregó- si pertenecen a los bonistas la Argentina cumple, la Argentina paga‘ y todo ello ‘implica el efectivo cumplimiento del país‘, recalcó.
La Cancillería manifestó también al embajador interino que el Gobierno argentino ‘deplora‘ que Washington no haya aceptado dirimir las responsabilidades que le corresponden por la actuación de su Poder Judicial y que lamenta que no se haya adherido al amplio consenso logrado en Naciones Unidas para regular las reestructuraciones.
El Gobierno argentino sostiene que no puede cumplir con el fallo del juez Griesa, favorable al 1 % de los acreedores, porque violaría los acuerdos con los tenedores de bonos reestructurados (el 92,4 % del total) y desencadenaría un aluvión de denuncias millonarias.
Con información de
Cronista
