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La desaparición de decenas de estudiantes desata las alarmas en México
Martes 30 de
Septiembre 2014
Tras el estallido de violencia del pasado fin de semana en Guerrero, estado del sur de México, decenas estudiantes de magisterio llevan desaparecidos durante 72 horas.
La pequeña localidad de Iguala, en el convulso estado de Guerrero, lleva tres días sin ver el sol. El estallido de violencia que este fin de semana ensombreció la ciudad y que acabó con seis muertes y 17 heridos sigue deparando amargas sorpresas: la última ha sido la desaparición de 57 estudiantes de magisterio, los llamados normalistas, que fueron el blanco de los ataques de los agentes municipales, comandos parapoliciales y muy posiblemente también sicarios. Aunque no se descarta que la mayoría permanezcan escondidos por miedo a la represión policial, su paradero, 72 horas después del estallido de sangre, se ha convertido en un objetivo prioritario para el Gobierno estatal y la Procuraduría. Pero la falta de datos y, sobre todo, la incapacidad de las autoridades para encontrarles ha dado pábulo a los peores escenarios. Sus compañeros, padres y profesores han iniciado una movilización para dar con ellos.
El Gobierno estatal, en un gesto que evidencia su desesperación ha pedido ayuda a la población para que aporte pistas. En la mañana del martes, la escuela de magisterio ha confirmado la vuelta a sus casas de 13 de los estudiantes. El resto continúa en paradero desconocido. Nadie habla aún de muertes, pero los carteles con los rostros de los desaparecidos auguran un nuevo capítulo negro en México.
La ferocidad de los ataque de Iguala ha superado los patrones habituales del enfrentamiento entre la policía y los normalistas. La historia de este pulso data de años y está plagada de sucesos oscuros; el último ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cuando dos estudiantes fueron asesinados en la autopista del Sol. El caso nunca se esclareció, pero los dedos de sus compañeros apuntaron a las autoridades locales.
La noche del viernes al sábado pasado esta tensión, por motivos que se desconocen, se disparó. El viernes, terminadas las clases, los normalistas de las escuelas de magisterio de Ayotzinapa, donde viven en régimen de internado, habían acudido a Iguala a recaudar fondos, el llamado boteo. Estos estudiantes, fuertemente ideologizados, se han constituido en un pequeño poder autónomo, dentro de un estado salvaje como es Guerrero, considerado el más peligroso de México junto con Tamaulipas. Sobre las nueve de la noche, se dirigieron a la central de autobuses. Allí tomaron varios autobuses. “Lo hacen a menudo, y los conductores lo saben, como no tienen dinero, esperan a que los transportes se queden sin viajeros y piden que les lleven hasta su destino”, cuenta un vecino de Iguala. El objetivo era viajar hasta la escuela de Ayotzinapa. Algunas versiones sostienen que pensaban retener los autobuses para acudir con ellos a la Ciudad de México el próximo jueves y participar en los actos en memoria de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968. “Ni hubo rapto ni amenazas; habíamos hablado con los chóferes de los autobuses y accedieron a hacernos el favor de llevarnos a la escuela normal”, explicó un estudiante a los medios locales.
Al salir los vehículos, llegó la policía municipal. El intento por cerrarles el paso acabó a balazos. Pero los estudiantes lograron superar el cerco. Por poco tiempo. A escasos kilómetros, en la avenida del Periférico Norte fueron interceptados nuevamente. En esta ocasión, el tiroreo fue brutal. En el ataque participaron policías municipales y también, según han revelado grabaciones en poder de la procuraduría, civiles. Dos normalistas murieron; otros cinco resultaron heridos graves.
Los estudiantes, aterrorizados, huyeron por la ciudad. 57 de ellos aún no han aparecido. Pero la noche de terror aún no había terminado. De madrugada, un autobús que transportaba a un equipo de fútbol de Tercera División, Los Avispones de Chilpancingo, fue asaltado en una carretera federal. Los atacantes eran hombres encapuchados, posiblemente vinculados al narco. Murieron un menor futbolista, el conductor del autobús y una mujer que viajaba en taxi. Aunque se especula que la agresión se debió a que el transporte fue confundido con uno de los vehículos tomados por los normalistas, las causas de este asalto aún no han sido aclaradas. Para rematar esta efusión de violencia, en la misma avenida Periférico Norte donde se registró la muerte de los estudiantes, fue hallado por la mañana un cadáver desollado y con las cuencas de los ojos vacías. El lunes fue identificado como un normalista. El tercer estudiante asesinado.
El pánico desatado por estas muertes convirtió Iguala en una ciudad vacía. Comercios y bares cerraron sus puertas. El espanto de los asesinatos movilizó a las autoridades. Durante el fin de semana, la ciudad fue tomada por fuerzas estatales. La Comisión de Defensa de Derechos Humanos envió a 10 visitadores para esclarecer lo ocurrido.
A 300 policías se les requisaron las armas para determinar su responsabilidad en los hechos. Finalmente, 22 fueron detenidos y enviados a Acapulco ante la posibilidad de hubiese un intento de liberarles. Cientos de padres y compañeros de los estudiantes han salido a la calle para exigir el esclarecimiento de los hechos y la reaparición “con vida” de los normalistas desaparecidos. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, sobre quien recae el peso político de la barbarie sufrida por los estudiantes se ha negado a dimitir y en un ejercicio de cinismo ha asegurado que esa noche “no oyó nada”
Esta oleada de violencia se desata en un momento especialmente sensible en México. La matanza de 22 supuestos narcos a manos de militares en Tlatlaya, en una zona próxima al estado de Guerrero, ha puesto a México en el punto de mira de las organizaciones humanitarias. Aunque ocho militares han sido detenidos por la sangría, los relatos de abusos policiales y ejecuciones extrajudiciales son extremadamente frecuentes y en su mayoría, como ha alertado el relator de la ONU Christof Heyns, quedan impunes.
La ferocidad de los ataque de Iguala ha superado los patrones habituales del enfrentamiento entre la policía y los normalistas. La historia de este pulso data de años y está plagada de sucesos oscuros; el último ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cuando dos estudiantes fueron asesinados en la autopista del Sol. El caso nunca se esclareció, pero los dedos de sus compañeros apuntaron a las autoridades locales.
La noche del viernes al sábado pasado esta tensión, por motivos que se desconocen, se disparó. El viernes, terminadas las clases, los normalistas de las escuelas de magisterio de Ayotzinapa, donde viven en régimen de internado, habían acudido a Iguala a recaudar fondos, el llamado boteo. Estos estudiantes, fuertemente ideologizados, se han constituido en un pequeño poder autónomo, dentro de un estado salvaje como es Guerrero, considerado el más peligroso de México junto con Tamaulipas. Sobre las nueve de la noche, se dirigieron a la central de autobuses. Allí tomaron varios autobuses. “Lo hacen a menudo, y los conductores lo saben, como no tienen dinero, esperan a que los transportes se queden sin viajeros y piden que les lleven hasta su destino”, cuenta un vecino de Iguala. El objetivo era viajar hasta la escuela de Ayotzinapa. Algunas versiones sostienen que pensaban retener los autobuses para acudir con ellos a la Ciudad de México el próximo jueves y participar en los actos en memoria de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968. “Ni hubo rapto ni amenazas; habíamos hablado con los chóferes de los autobuses y accedieron a hacernos el favor de llevarnos a la escuela normal”, explicó un estudiante a los medios locales.
Al salir los vehículos, llegó la policía municipal. El intento por cerrarles el paso acabó a balazos. Pero los estudiantes lograron superar el cerco. Por poco tiempo. A escasos kilómetros, en la avenida del Periférico Norte fueron interceptados nuevamente. En esta ocasión, el tiroreo fue brutal. En el ataque participaron policías municipales y también, según han revelado grabaciones en poder de la procuraduría, civiles. Dos normalistas murieron; otros cinco resultaron heridos graves.
Los estudiantes, aterrorizados, huyeron por la ciudad. 57 de ellos aún no han aparecido. Pero la noche de terror aún no había terminado. De madrugada, un autobús que transportaba a un equipo de fútbol de Tercera División, Los Avispones de Chilpancingo, fue asaltado en una carretera federal. Los atacantes eran hombres encapuchados, posiblemente vinculados al narco. Murieron un menor futbolista, el conductor del autobús y una mujer que viajaba en taxi. Aunque se especula que la agresión se debió a que el transporte fue confundido con uno de los vehículos tomados por los normalistas, las causas de este asalto aún no han sido aclaradas. Para rematar esta efusión de violencia, en la misma avenida Periférico Norte donde se registró la muerte de los estudiantes, fue hallado por la mañana un cadáver desollado y con las cuencas de los ojos vacías. El lunes fue identificado como un normalista. El tercer estudiante asesinado.
El pánico desatado por estas muertes convirtió Iguala en una ciudad vacía. Comercios y bares cerraron sus puertas. El espanto de los asesinatos movilizó a las autoridades. Durante el fin de semana, la ciudad fue tomada por fuerzas estatales. La Comisión de Defensa de Derechos Humanos envió a 10 visitadores para esclarecer lo ocurrido.
A 300 policías se les requisaron las armas para determinar su responsabilidad en los hechos. Finalmente, 22 fueron detenidos y enviados a Acapulco ante la posibilidad de hubiese un intento de liberarles. Cientos de padres y compañeros de los estudiantes han salido a la calle para exigir el esclarecimiento de los hechos y la reaparición “con vida” de los normalistas desaparecidos. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, sobre quien recae el peso político de la barbarie sufrida por los estudiantes se ha negado a dimitir y en un ejercicio de cinismo ha asegurado que esa noche “no oyó nada”
Esta oleada de violencia se desata en un momento especialmente sensible en México. La matanza de 22 supuestos narcos a manos de militares en Tlatlaya, en una zona próxima al estado de Guerrero, ha puesto a México en el punto de mira de las organizaciones humanitarias. Aunque ocho militares han sido detenidos por la sangría, los relatos de abusos policiales y ejecuciones extrajudiciales son extremadamente frecuentes y en su mayoría, como ha alertado el relator de la ONU Christof Heyns, quedan impunes.
Con información de
El País
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