Desde México, el gobernador José Manuel de la Sota le bajó el pulgar al proyecto presentado por la legisladora provincial y exsecretaria de Lucha contra la Trata de la Provincia, Amelia Chiófalo, que penaliza al cliente de la prostitución. La semana pasada, la exfuncionaria provincial dio a conocer los detalles de la iniciativa que generó polémica entre distintos sectores y un rotundo rechazo de las meretrices de Córdoba.

Lo cierto es que el mandatario provincial desde México y en diálogo con radio Mitre, aseguró de manera categórica que Córdoba tiene otras prioridades en este momento y dijo que “ese tema no está en agenda”. De esa manera, le bajó el tenor a la discusión y la iniciativa presentada en la Legislatura cordobesa quedó frizada.

Cabe recordar que De la Sota fue invitado a México, entre otras cosas, para firmar un convenio de colaboración mutua en la lucha contra la trata y la esclavitud sexual, y fue distingo por la sanción y aplicación de la Ley 10.060 que prohibió los prostíbulos y locales de alterne en la provincia. Se trata de una normativa que en Córdoba generó el rechazo de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar) por considerar que profundizaba “la clandestinidad” , y también el cuestionamiento de muchos sectores que aseguraron que esa ley no contribuyó para que el proxeneta sea detenido.

La iniciativa presentada por Chiófalo establece en su artículo 1, la derogación del artículo 45 del Código de Faltas provincial, que persigue la “prostitución escandalosa”. Esto, debido a que la intención del proyecto es poner el foco en quien paga por el servicio sexual “dinamizando un negocio que está atravesado por la trata de personas”. En el artículo 2, el proyecto contempla multas y hasta quince días de trabajo comunitario, más una “instrucción especial sobre la comisión del delito de trata de personas”, a quien “entregare una suma de dinero, o cualquier otra cosa o actividad apreciable en dinero, para hacer un uso sexual de otra persona, mediare su consentimiento o no”. Es decir, al cliente que solicita un servicio sexual de cualquier tipo.

El proyecto avanza también en casos donde el beneficiario del pago sea “un tercero”, o sea, un proxeneta o quien “regentee” al prostituido.