Operativo judicial en la Procuración para saber si los fiscales eran espiados
Sábado 15 de
Noviembre 2014
El juez Canicoba Corral ordenó revisar servidores informáticos de la entidad que preside Gils Carbó; había autorizado a allanar la sede, pero no hizo falta
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer un peritaje en una de las sedes de la Procuración General de la Nación, que dirige Alejandra Gils Carbó, para investigar un supuesto caso de espionaje contra un fiscal.
Canicoba les encomendó a dos expertos que revisaran los servidores informáticos de la Procuración, tras la denuncia del fiscal de instrucción César Troncoso, quien dijo que lo espiaban a través de Fiscalnet, un sistema donde cada fiscalía registra los movimientos de las causas y al que los funcionarios pueden subir sus dictámenes.
El juez tenía previsto, si era necesario, entrar a la Procuración por la fuerza. En la orden que firmó, Canicoba Corral le pedía a la policía que acompañaba a los peritos, que se constituyera ayer a las 10 en la sede de Belgrano al 900, donde están los servidores.
"En caso de no ser autorizado, se encuentra habilitado a proceder al allanamiento", decía la orden. Pero la gente de Gils Carbó les abrió las puertas y se evitó así una entrada violenta.
El pedido de peritaje lo había hecho el fiscal federal Guillermo Marijuan, en quien Canicoba Corral delegó esta investigación. Además de indagar en los alcances de Fiscalnet y averiguar quiénes accedieron a los datos subidos por Troncoso, Marijuan pretende saber si desde la Procuración General se puede entrar en computadoras de fiscales que trabajan en otros edificios del Ministerio Público.
Más allá del caso Troncoso, Gils Carbó mantiene una relación muy tensa con muchos fiscales; en particular, muchos federales de Comodoro Py, donde están radicadas las principales causas de corrupción contra el Gobierno, que hoy avanzan como nunca. Marijuan es uno de ellos.
El año pasado él la acusó de una serie de designaciones ilegales y le pidió la indagatoria. En total,Gils Carbó y su entorno cercano -un núcleo duro que maneja el poder en la Procuración- acumulan en Comodoro Py media docena de causas donde se los acusa de distintos delitos. En este clima de desconfianza mutua, se agigantan las intrigas y las sospechas de persecución.
En cuanto al caso Troncoso, el fiscal denunció que, vía Fiscalnet, habían ingresado de forma irregular a sus dictámenes y acusó a Romina Pzellinsky, la responsable del Programa de Políticas de Género de la Procuración, creado en 2012 por Gils Carbó.
Troncoso había sido acusado por la jueza Wilma López y por el Ministerio de Seguridad de no haber investigado debidamente diversos expedientes sobre violencia de género. Por eso, la Procuración abrió un sumario en su contra y le encomendó a la oficina de Pzellinsky un dictamen. En él, ella informó haber detectado un patrón discriminatorio en Troncoso que llevaba en la mayoría de los casos al archivo sin investigación o al pedido de sobreseimiento de los acusados.
Una fuente cercana a Gils Carbó dijo ayer a LA NACION que la responsable del Programa de Políticas de Género tiene un usuario en Fiscalnet que le permite entrar en las causas de violencia de género y que se lo otorgaron para seguir las investigaciones cuando el Ministerio Público firmó un dictamen con la Corte en el que se comprometió a trabajar con más intensidad en este tipo de casos.
Un caso por el que se acusó a Troncoso era sobre dos chicas, de 12 y 15 años, que vivían en una villa y quedaron embarazadas, víctimas de abusos sexuales por parte de policías federales.
En ese sumario, Troncoso fue acusado de haber actuado "con profunda misoginia y desconocimiento de las cuestiones básicas desde una perspectiva de género, lo cual refleja los típicos estereotipos relacionados con la prostitución/explotación sexual y las personas con escasos recursos".
Por esa causa hay seis policías y un guardiacárcel procesados por abuso sexual y promoción de la prostitución de las chicas e irán a juicio. La jueza López le cuestionó al fiscal que no impulsó la acción y que no les tomó declaración a las víctimas mediante cámara Gesell.
Ayer, después del operativo, la Procuración General subió a su página de Internet un comunicado en el que volvió a defender la intervención de esta funcionaria.
Además, en referencia al operativo de ayer, dijo que "durante tres horas, los expertos de la Dirección de Informática del MPF (Ministerio Publico Fiscal) realizaron las pruebas solicitadas y demostraron a los dos peritos presentes que es materialmente imposible acceder a las terminales desde el servidor o desde otras computadoras".
Según el comunicado, quedó demostrado que "no puede existir ningún tipo de intromisión mediante la red informática del organismo".
La Justicia esperará el informe de los peritos y analizará la información reunida en el caso antes de tomar una decisión.
El juez tenía previsto, si era necesario, entrar a la Procuración por la fuerza. En la orden que firmó, Canicoba Corral le pedía a la policía que acompañaba a los peritos, que se constituyera ayer a las 10 en la sede de Belgrano al 900, donde están los servidores.
"En caso de no ser autorizado, se encuentra habilitado a proceder al allanamiento", decía la orden. Pero la gente de Gils Carbó les abrió las puertas y se evitó así una entrada violenta.
El pedido de peritaje lo había hecho el fiscal federal Guillermo Marijuan, en quien Canicoba Corral delegó esta investigación. Además de indagar en los alcances de Fiscalnet y averiguar quiénes accedieron a los datos subidos por Troncoso, Marijuan pretende saber si desde la Procuración General se puede entrar en computadoras de fiscales que trabajan en otros edificios del Ministerio Público.
Más allá del caso Troncoso, Gils Carbó mantiene una relación muy tensa con muchos fiscales; en particular, muchos federales de Comodoro Py, donde están radicadas las principales causas de corrupción contra el Gobierno, que hoy avanzan como nunca. Marijuan es uno de ellos.
El año pasado él la acusó de una serie de designaciones ilegales y le pidió la indagatoria. En total,Gils Carbó y su entorno cercano -un núcleo duro que maneja el poder en la Procuración- acumulan en Comodoro Py media docena de causas donde se los acusa de distintos delitos. En este clima de desconfianza mutua, se agigantan las intrigas y las sospechas de persecución.
En cuanto al caso Troncoso, el fiscal denunció que, vía Fiscalnet, habían ingresado de forma irregular a sus dictámenes y acusó a Romina Pzellinsky, la responsable del Programa de Políticas de Género de la Procuración, creado en 2012 por Gils Carbó.
Troncoso había sido acusado por la jueza Wilma López y por el Ministerio de Seguridad de no haber investigado debidamente diversos expedientes sobre violencia de género. Por eso, la Procuración abrió un sumario en su contra y le encomendó a la oficina de Pzellinsky un dictamen. En él, ella informó haber detectado un patrón discriminatorio en Troncoso que llevaba en la mayoría de los casos al archivo sin investigación o al pedido de sobreseimiento de los acusados.
Una fuente cercana a Gils Carbó dijo ayer a LA NACION que la responsable del Programa de Políticas de Género tiene un usuario en Fiscalnet que le permite entrar en las causas de violencia de género y que se lo otorgaron para seguir las investigaciones cuando el Ministerio Público firmó un dictamen con la Corte en el que se comprometió a trabajar con más intensidad en este tipo de casos.
Un caso por el que se acusó a Troncoso era sobre dos chicas, de 12 y 15 años, que vivían en una villa y quedaron embarazadas, víctimas de abusos sexuales por parte de policías federales.
En ese sumario, Troncoso fue acusado de haber actuado "con profunda misoginia y desconocimiento de las cuestiones básicas desde una perspectiva de género, lo cual refleja los típicos estereotipos relacionados con la prostitución/explotación sexual y las personas con escasos recursos".
Por esa causa hay seis policías y un guardiacárcel procesados por abuso sexual y promoción de la prostitución de las chicas e irán a juicio. La jueza López le cuestionó al fiscal que no impulsó la acción y que no les tomó declaración a las víctimas mediante cámara Gesell.
Ayer, después del operativo, la Procuración General subió a su página de Internet un comunicado en el que volvió a defender la intervención de esta funcionaria.
Además, en referencia al operativo de ayer, dijo que "durante tres horas, los expertos de la Dirección de Informática del MPF (Ministerio Publico Fiscal) realizaron las pruebas solicitadas y demostraron a los dos peritos presentes que es materialmente imposible acceder a las terminales desde el servidor o desde otras computadoras".
Según el comunicado, quedó demostrado que "no puede existir ningún tipo de intromisión mediante la red informática del organismo".
La Justicia esperará el informe de los peritos y analizará la información reunida en el caso antes de tomar una decisión.
Con información de
La Nación
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