Santa Fe | Ciudad y Santo Tomé
Detectan 23 casos de menores en riesgo y de explotación sexual
Domingo 22 de
Marzo 2015
En el primer relevamiento de este tipo, coordinado por la fiscal Carolina Parodi, hallaron niños pidiendo en los semáforos, en situación de calle y prostituyéndose. Reclaman políticas públicas de asistencia a los menores y sus familias.
Al calor del intenso verano santafesino, parado en una esquina, el pequeño ensaya una pirueta para atraer a los conductores, que lo ignoran en fila. Verde. Los autos avanzan para donde el sol se pone, y vuelve a sentarse contra la columna del semáforo. Es menudo, de unos 4 años, está descalzo y tiene el pelo pegoteado.
Los menores en situación de calle y en riesgo, que constituyen casos de vulneración de derechos, fueron el eje de un relevamiento -el primero- que dispuso de oficio y coordinó la fiscal Carolina Parodi, a cargo de la Unidad de Recepción de Denuncias y Atención Temprana del Ministro Público de la Acusación. El operativo se realizó en Santa Fe y Santo Tomé durante una sola noche, desde las 18 a las 21, en diciembre pasado. En la ciudad capital detectaron 19 menores en riesgo, principalmente en el microcentro, mientras que en Santo Tomé fueron sólo 4.
A partir del resultado, la funcionaria judicial advirtió sobre la necesidad de que se implementen políticas públicas de mediano y largo plazo, por parte del gobierno provincial y municipal, que aborden la problemática de la infancia en riesgo, las familias y el contexto social de fondo.
Además de la fiscalía a cargo de Parodi, el equipo que realizó el rastrillaje estuvo integrado por personal del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo, de la Secretaría de Delitos Complejos a cargo de Ana Viglione, de la Dirección de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas, de la Subsecretaría de la Niñez, de los equipos territoriales de la Municipalidad y del Centro de Asistencia Judicial dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“La permanente presencia y explotación sexual de menores en la vía pública son las denuncias más frecuentes de carácter social, que recibimos en esta unidad fiscal. Por eso iniciamos la investigación y posteriormente, trabajar en una respuesta a una realidad que no siempre está relacionada con el delito”, explicó la fiscal Parodi.
En la calle
Los casos hallados en una sola noche de recorrida tienen en común la exclusión social del entorno familiar y la vulneración de derechos de todos los integrantes. Por eso el objetivo de la fiscal es continuar trabajando en el mismo sentido, con todos los organismos del Estado involucrados en la temática.
—Es la primera vez que realizan un trabajo de este tipo, coordinado con otros organismos. ¿Qué evaluación hace?
—El compromiso de las instituciones fue excelente, incluso para continuar con el proyecto. Si bien hubo falencias propias de los organismos en cuanto a la asistencia a las víctimas que detectamos, la predisposición siempre estuvo. Incluso para continuar el proyecto que se interrumpió por el receso judicial. Fue una muestra de lo que se puede hacer y el objetivo es poder seguir.
—¿Qué características comunes tenían los casos que detectaron en el relevamiento?
—El trasfondo de los casos tiene que ver con conflictos familiares de fondo, por eso insistimos en la importancia de que se aborde a partir del caso concreto, el contexto familiar. De lo contrario, podemos encontrar al niño pero si no se asiste a toda la familia, a la semana está de nuevo en la misma. Por ejemplo: hay niñas que son explotadas sexualmente en la calle y vienen de una familia que tiene naturalizada esa actividad como modo de vida. A veces incluso no tiene sentido una sentencia desde lo penal, si va a seguir ocurriendo lo mismo. Esa no es la respuesta al problema de fondo. Por otro lado, cuando realizamos el operativo, la Subsecretaría de Niñez buscó lugares para alojar a los niños que necesitaban un refugio en ese momento, pero había dos o tres plazas disponibles. Entonces ¿qué hacemos con esos chicos? Considero fundamental diseñar un programa realmente comprometido, que se destine presupuesto. La realidad exige un mayor compromiso político, tanto provincial como municipal.
—La respuesta a esa realidad excede sus funciones como fiscal. Pero ¿tienen pensado continuar con el relevamiento?
—Estamos trabajando en eso. La sanción penal no alcanza para solucionar la situación de vulnerabilidad social. El Ministerio Público tiene a su cargo el deber de asistencia y Atención a la víctima. Si bien éstas no son facultades propias de los fiscales de distrito sino del fiscal regional, podemos coordinar acciones interistitucionales para la asistencia inmediata, para luego abocarnos a nuestras funciones de investigar, juntar pruebas y acusar, en caso de que surjan delitos relacionados a esa situación de vulnerabilidad. En el caso concreto, dirigí el procedimiento apuntando a menores en la vía pública, intentando determinar si existían casos de explotación sexual o laboral.
Con información de
ellitoral
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