Usurpaciones: en 2014 hubo más de tres denuncias por día
Sábado 04 de
Abril 2015
Desde 2008 el número de casos fue en aumento y el barrio de Flores es el que mayores problemas registra; para el Ministerio Público Fiscal, hay una organización que cobra por usurpar
En 2014 hubo más de tres denuncias por día por presuntas usurpaciones en la ciudad de Buenos Aires. En todo el año, se registraron 1182 casos, lo que representa la cifra más alta desde 2008, cuando ese delito penal comenzó a dirimirse en los juzgados porteños.
Casas abandonadas y a punto de derrumbarse, terrenos baldíos, espacios públicos y edificios privados y estatales son algunos de los inmuebles más comunes que los usurpadores eligen como vivienda. Según los datos del Ministerio Público Fiscal, Flores, con 79 denuncias, es el barrio más problemático, seguido por Balvanera, con 71, y Palermo, con 70.
Por el lado de las comunas, la que tiene más denuncias es la 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución), con 167 casos. La siguen la 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios), con 120, y la 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), con 118.
Las denuncias por usurpaciones vienen creciendo de manera ininterrumpida en los últimos años. En 2010 se habían registrado 911 denuncias, pero el número fue en aumento hasta alcanzar el récord en 2014: en 2011 hubo 928 denuncias; en 2012, 969, y en 2013, 1022.
CASA TOMADA
Del edificio abandonado y a medio construir de Olazábal 3432, en Belgrano, entran y salen personas. Hace más de 30 años la empresa constructora quebró y dejó la obra. Sólo quedó el esqueleto de 16 pisos donde viven diez familias.
Facundo tiene 24 años y siempre vivió en el edificio. Sus padres se instalaron allí desde el día en que la obra se detuvo. El guardia que controlaba, familiar de ellos, les permitió entrar. "Nunca tuvimos grandes problemas. Consideramos que es nuestra casa. Si nos sacan, no tenemos dónde ir", contó el joven.
No pagan ningún impuesto. Solo el agua y la luz porque no tienen gas natural. Desde hace algunos años, el edificio tiene nuevo dueño, con quien, según dicen los usurpadores, tienen arreglada su estada "por tiempo indeterminado".
El artículo 181 del Código Penal indica que será reprimido con prisión de seis a tres años a quien "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble". Sin embargo, por diversos motivos, gran parte de estas denuncias se archivan en la fiscalía porteña (ver aparte).
El tiempo promedio de resolución de las denuncias por usurpación, aseguran en la fiscalía porteña, es de 164 días. "Estamos priorizando la restitución del inmueble a su propietario. Habitualmente, se tardaban años para sacar a un usurpador. Sin embargo, el año pasado, el total de casos se resolvió en un promedio de menos de seis meses", afirmó a LA NACION el fiscal general Martín Ocampo.
En diversas causas de usurpación investigadas por la Unidad Fiscal Norte de la ciudad, los implicados contaban con contratos de locación y garantías de propiedades falsas que eran muy similares. Hasta la fecha se habían detectado por lo menos 15 casos. "Los inmuebles no estaban relacionados en nada, pero todos los implicados en las causas tenían las mismas garantías; hasta con las mismas faltas de ortografía", aseguró Norberto Brotto, fiscal a la cargo de la unidad.
La hipótesis de los investigadores es que una organización delictiva reparte contratos y garantías, e introduce de manera ilegal a las personas. "Son guiados por una organización que, supuestamente, hace trámites y ayuda a esta gente, pero sólo lo hacen para reunir determinado perfil de personas y colocarlas ilegalmente en los inmuebles", aseguró el funcionario.
Según la fiscalía, la organización les exigiría a los futuros usurpadores -la mayoría de ellos, extranjeros- depósitos de hasta $ 10.000 para ingresar a las propiedades. La mayoría son inmuebles para ser demolidos, en pésimas condiciones, en venta o ya vendidos.
"Estos extranjeros son víctimas de la organización y de la necesidad de un techo. Llegan al país sin rumbo y, en algunos casos, ni siquiera saben que están cometiendo un delito. No es una tarea sencilla dejarlos sin hogar", explicó el fiscal.
"Si bien, en muchos casos, se sabe que los contratos carecen de validez, es obligación de la Justicia investigarlos. Y eso lleva cierto tiempo. Es un derecho del inquilino y a la vez es parte del juego; se aprovechan del sistema judicial, en ese sentido, para ganar tiempo dentro del inmueble e ir buscando otro lugar. Los ayuda para que el desalojo no sea inmediato", cerró Brotto.
UN "BÚNKER" EN SAN CRISTÓBAL
Tres personas que vendían 182 dosis de paco en un "búnker de drogas" fueron detenidas en una casa usurpada del barrio de San Cristóbal. El operativo se realizó anteanoche en Deán Funes 874 que, según las denuncias, había sido usurpada "por gente violenta". El secretario de Seguridad, Sergio Berni, se quejó, pues, en principio, tenía la información de que "la Justicia los dejaría libres". Pero una llamada del juzgado a cargo autorizó a la Policía Federal a hacer las tres detenciones y se secuestró un arma.
Casas abandonadas y a punto de derrumbarse, terrenos baldíos, espacios públicos y edificios privados y estatales son algunos de los inmuebles más comunes que los usurpadores eligen como vivienda. Según los datos del Ministerio Público Fiscal, Flores, con 79 denuncias, es el barrio más problemático, seguido por Balvanera, con 71, y Palermo, con 70.
Por el lado de las comunas, la que tiene más denuncias es la 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución), con 167 casos. La siguen la 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios), con 120, y la 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), con 118.
Las denuncias por usurpaciones vienen creciendo de manera ininterrumpida en los últimos años. En 2010 se habían registrado 911 denuncias, pero el número fue en aumento hasta alcanzar el récord en 2014: en 2011 hubo 928 denuncias; en 2012, 969, y en 2013, 1022.
CASA TOMADA
Del edificio abandonado y a medio construir de Olazábal 3432, en Belgrano, entran y salen personas. Hace más de 30 años la empresa constructora quebró y dejó la obra. Sólo quedó el esqueleto de 16 pisos donde viven diez familias.
Facundo tiene 24 años y siempre vivió en el edificio. Sus padres se instalaron allí desde el día en que la obra se detuvo. El guardia que controlaba, familiar de ellos, les permitió entrar. "Nunca tuvimos grandes problemas. Consideramos que es nuestra casa. Si nos sacan, no tenemos dónde ir", contó el joven.
No pagan ningún impuesto. Solo el agua y la luz porque no tienen gas natural. Desde hace algunos años, el edificio tiene nuevo dueño, con quien, según dicen los usurpadores, tienen arreglada su estada "por tiempo indeterminado".
El artículo 181 del Código Penal indica que será reprimido con prisión de seis a tres años a quien "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble". Sin embargo, por diversos motivos, gran parte de estas denuncias se archivan en la fiscalía porteña (ver aparte).
El tiempo promedio de resolución de las denuncias por usurpación, aseguran en la fiscalía porteña, es de 164 días. "Estamos priorizando la restitución del inmueble a su propietario. Habitualmente, se tardaban años para sacar a un usurpador. Sin embargo, el año pasado, el total de casos se resolvió en un promedio de menos de seis meses", afirmó a LA NACION el fiscal general Martín Ocampo.
En diversas causas de usurpación investigadas por la Unidad Fiscal Norte de la ciudad, los implicados contaban con contratos de locación y garantías de propiedades falsas que eran muy similares. Hasta la fecha se habían detectado por lo menos 15 casos. "Los inmuebles no estaban relacionados en nada, pero todos los implicados en las causas tenían las mismas garantías; hasta con las mismas faltas de ortografía", aseguró Norberto Brotto, fiscal a la cargo de la unidad.
La hipótesis de los investigadores es que una organización delictiva reparte contratos y garantías, e introduce de manera ilegal a las personas. "Son guiados por una organización que, supuestamente, hace trámites y ayuda a esta gente, pero sólo lo hacen para reunir determinado perfil de personas y colocarlas ilegalmente en los inmuebles", aseguró el funcionario.
Según la fiscalía, la organización les exigiría a los futuros usurpadores -la mayoría de ellos, extranjeros- depósitos de hasta $ 10.000 para ingresar a las propiedades. La mayoría son inmuebles para ser demolidos, en pésimas condiciones, en venta o ya vendidos.
"Estos extranjeros son víctimas de la organización y de la necesidad de un techo. Llegan al país sin rumbo y, en algunos casos, ni siquiera saben que están cometiendo un delito. No es una tarea sencilla dejarlos sin hogar", explicó el fiscal.
"Si bien, en muchos casos, se sabe que los contratos carecen de validez, es obligación de la Justicia investigarlos. Y eso lleva cierto tiempo. Es un derecho del inquilino y a la vez es parte del juego; se aprovechan del sistema judicial, en ese sentido, para ganar tiempo dentro del inmueble e ir buscando otro lugar. Los ayuda para que el desalojo no sea inmediato", cerró Brotto.
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Con información de
La Nación
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