Demoran la definición sobre la constitucionalidad del Memorándum con Irán
Jueves 16 de
Abril 2015
El cuestionado Memorándum con Irán ya provocó diferencias entre los jueces que deben definir la validez del pacto entre la Argentina e Irán.
En las últimas horas y pese a que uno de los tres jueces intentó agilizar el trámite y fijar un plazo para definir el caso, dos de sus colegas dispusieron una medida previa.
Los magistrados Luis María Cabral y Ana María Figueroa ordenaron la traducción al castellano de la versión en inglés del Memorándum por la posibilidad de que existan eventuales "divergencias" entre ambas. El texto que acordaron la Argentina e Irán está en tres versiones: castellano, inglés y farsi. Ante discrepancias, el acuerdo aclara que se recurrirá a la versión en inglés para resolverlas.
Ayer ya se sorteó una traductora pública inscripta en la Cámara Federal para que realice el trabajo. Una vez que esta asuma el cargo, le darán cinco días para la traducción de los nueve artículos del Memorándum con Irán.
No obstante, el juez Juan Carlos Gemignani tildó de "impertinente" lo que aprobaron sus colegas y votó en disidencia. Según fuentes judiciales informaron a Infobae, el magistrado ya quería fijar un plazo para resolver si es o no constitucional el Memorándum. Desde mediados del año pasado el expediente aguarda una definición de la Casación.
Días atrás, el Tribunal realizó una audiencia de la que participó el Estado, la fiscalía y las querellas. Si bien el procedimiento dispone 20 días de término para resolver tras la realización de la misma, los jueces evitaron establecer un plazo, y lo dejaron supeditado a la entrega de documentación sobre el Memorándum que prometió la Cancillería.
El jueves pasado la Cancillería aportó la documentación existente y desde entonces Gemignani intentó fijar un plazo para definir, pero no tuvo consenso entre sus colegas.
Las diferencias que provocó el caso entre los jueces de Casación no es algo novedoso. La jueza Ángela Ledesma, quien integraba la Sala II pero se tomó una licencia académica de cuatro meses, había votado por su cuenta un pedido de informes a Naciones Unidas, lo que prolongaba más la definición. Una vez que comenzó su licencia, el juez Gemignani decidió dar marcha atrás con la medida, fijar una audiencia para escuchar a las partes, y que el 8 de abril se diera a conocer un veredicto.
La audiencia se realizó el 31 de marzo pasado. El Gobierno pidió que se revocara el fallo de la Cámara Federal, en tanto que el fiscal Raúl Pleé pidió rechazar los planteos y que se ratifique la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán. Entre las querellas hubo opiniones divididas.
El año pasado la Cámara Federal declaró inconstitucional el Memorándum con Irán que había aprobado el Congreso tras una iniciativa del gobierno nacional. Para los jueces, entre otras cosas, el pacto interfería con la investigación que viene llevando adelante el juez Rodolfo Canicoba Corral junto con la Unidad AMIA, y en donde están pendientes los pedidos de captura internacional sobre los iraníes sospechados de perpetrar el atentado.
Los magistrados Luis María Cabral y Ana María Figueroa ordenaron la traducción al castellano de la versión en inglés del Memorándum por la posibilidad de que existan eventuales "divergencias" entre ambas. El texto que acordaron la Argentina e Irán está en tres versiones: castellano, inglés y farsi. Ante discrepancias, el acuerdo aclara que se recurrirá a la versión en inglés para resolverlas.
Ayer ya se sorteó una traductora pública inscripta en la Cámara Federal para que realice el trabajo. Una vez que esta asuma el cargo, le darán cinco días para la traducción de los nueve artículos del Memorándum con Irán.
No obstante, el juez Juan Carlos Gemignani tildó de "impertinente" lo que aprobaron sus colegas y votó en disidencia. Según fuentes judiciales informaron a Infobae, el magistrado ya quería fijar un plazo para resolver si es o no constitucional el Memorándum. Desde mediados del año pasado el expediente aguarda una definición de la Casación.
Días atrás, el Tribunal realizó una audiencia de la que participó el Estado, la fiscalía y las querellas. Si bien el procedimiento dispone 20 días de término para resolver tras la realización de la misma, los jueces evitaron establecer un plazo, y lo dejaron supeditado a la entrega de documentación sobre el Memorándum que prometió la Cancillería.
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Las diferencias que provocó el caso entre los jueces de Casación no es algo novedoso. La jueza Ángela Ledesma, quien integraba la Sala II pero se tomó una licencia académica de cuatro meses, había votado por su cuenta un pedido de informes a Naciones Unidas, lo que prolongaba más la definición. Una vez que comenzó su licencia, el juez Gemignani decidió dar marcha atrás con la medida, fijar una audiencia para escuchar a las partes, y que el 8 de abril se diera a conocer un veredicto.
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Con información de
Infobae
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