La CSJN unificó las causas por sedición y amenazas a Bonfatti
Sábado 25 de
Abril 2015
El máximo tribunal resolvió que los delitos deben ser investigados en conjunto y por el fuero federal. Martínez será llamado a una ampliación indagatoria
La causa que investiga al titular de Apropol (el gremio no reconocido de los policías), Alberto Martínez, por las amenazas y coacciones al gobernador Antonio Bonfatti, será unificada al expediente que tiene a Martínez y tres policías al borde del procesamiento por instigar al levantamiento policial y por sedición respectivamente.
Así lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esa manera puso fin a una prolongada indefinición y pimponeo entre juzgados sobre qué fuero debía hacerse cargo de la instrucción de la causa iniciada en diciembre de 2013.
El expediente ahora quedará en manos de los fiscales federales, Walter Rodríguez de Santa Fe y Adolfo Villate, de Rosario, quienes integraron la comisión de fiscales que armó la Procuradora General, Gils Carbó, para investigar los autoacuartelamientos que se produjeron casi en simultáneo en las distintas provincias del país.
La causa por coacciones se originó cuando el gobernador Bonfatti recibió, los días 4, 6 y 7 de diciembre, tres mensajes de texto intimidatorios en su teléfono. Todos habían sido enviados desde el celular de Martínez y estaban relacionados con el alzamiento policial que en ese momento estaban desarrollando agentes de la policía santafesina.
Desde el inicio de las actuaciones judiciales, los fiscales federales sostuvieron que los hechos investigados en ambas causas respondían a un mismo plan de acción por parte de los imputados, y por lo tanto no podían ser investigados por separado.
La misma perspectiva sostuvo la jueza de instrucción penal de la Justicia ordinaria, Susana Luna, quien estaba de turno cuando le llegaron los mensajes al gobernador, y pidió que el expediente pasara al fuero federal ya que las amenazas tenían que ser investigadas como “parte integrante del contexto en el que se promovió una huelga con descontrol social y presiones al Poder Ejecutivo Provincial”.
Sin embargo, en aquel entonces, el juzgado federal Nº 1, a cargo del juez Reinaldo Rodríguez dijo que los mensajes que Martínez le envió a Bonfatti tenían una “estricta motivación personal”, declinó su competencia y envió el expediente por las amenazas a Bonfatti de nuevo a la Justicia ordinaria.
Allí, la investigación tuvo algunos movimientos y llegó a su punto más álgido el 6 de noviembre pasado, cuando la jueza Susana Luna citó a Martínez a indagatoria por coacciones. Sin embargo, la cita se truncó a último momento, cuando el abogado defensor recusó a Luna. En sus argumentos, el defensor particular dijo que la magistrada había “adelantado opinión” sobre el rol de Martínez en el levantamiento cuando argumentó por qué la causa debía pasar al fuero federal.
La novedad que arrastra esta decisión de la Corte es que ahora, Martínez sí deberá cumplir con su indagatoria. Fuentes del caso explicaron que como el líder de Apropol ya fue indagado en febrero pasado por el delito de sedición, en realidad lo que se hará ahora es una ampliación indagatoria en la que se le va a sumar el delito de coacción. El otro aspecto importante es que el plexo probatorio que tiene cada uno de los expedientes se va a unificar por lo que se apuntalan las hipótesis de investigación.
En la causa sedición, las ultimas novedades se conocieron a principios de abril, cuando el fiscal Walter Rodríguez, elevó al juez Reinaldo Rodríguez el pedido de procesamiento para Alberto Rubén Martínez, por instigar al levantamiento policial y a los agentes Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani por el delito de sedición. Hasta ahora, el juez todavía no resolvió la situación procesal de ninguno de ellos.
Así lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esa manera puso fin a una prolongada indefinición y pimponeo entre juzgados sobre qué fuero debía hacerse cargo de la instrucción de la causa iniciada en diciembre de 2013.
El expediente ahora quedará en manos de los fiscales federales, Walter Rodríguez de Santa Fe y Adolfo Villate, de Rosario, quienes integraron la comisión de fiscales que armó la Procuradora General, Gils Carbó, para investigar los autoacuartelamientos que se produjeron casi en simultáneo en las distintas provincias del país.
La causa por coacciones se originó cuando el gobernador Bonfatti recibió, los días 4, 6 y 7 de diciembre, tres mensajes de texto intimidatorios en su teléfono. Todos habían sido enviados desde el celular de Martínez y estaban relacionados con el alzamiento policial que en ese momento estaban desarrollando agentes de la policía santafesina.
Desde el inicio de las actuaciones judiciales, los fiscales federales sostuvieron que los hechos investigados en ambas causas respondían a un mismo plan de acción por parte de los imputados, y por lo tanto no podían ser investigados por separado.
La misma perspectiva sostuvo la jueza de instrucción penal de la Justicia ordinaria, Susana Luna, quien estaba de turno cuando le llegaron los mensajes al gobernador, y pidió que el expediente pasara al fuero federal ya que las amenazas tenían que ser investigadas como “parte integrante del contexto en el que se promovió una huelga con descontrol social y presiones al Poder Ejecutivo Provincial”.
Sin embargo, en aquel entonces, el juzgado federal Nº 1, a cargo del juez Reinaldo Rodríguez dijo que los mensajes que Martínez le envió a Bonfatti tenían una “estricta motivación personal”, declinó su competencia y envió el expediente por las amenazas a Bonfatti de nuevo a la Justicia ordinaria.
Allí, la investigación tuvo algunos movimientos y llegó a su punto más álgido el 6 de noviembre pasado, cuando la jueza Susana Luna citó a Martínez a indagatoria por coacciones. Sin embargo, la cita se truncó a último momento, cuando el abogado defensor recusó a Luna. En sus argumentos, el defensor particular dijo que la magistrada había “adelantado opinión” sobre el rol de Martínez en el levantamiento cuando argumentó por qué la causa debía pasar al fuero federal.
La novedad que arrastra esta decisión de la Corte es que ahora, Martínez sí deberá cumplir con su indagatoria. Fuentes del caso explicaron que como el líder de Apropol ya fue indagado en febrero pasado por el delito de sedición, en realidad lo que se hará ahora es una ampliación indagatoria en la que se le va a sumar el delito de coacción. El otro aspecto importante es que el plexo probatorio que tiene cada uno de los expedientes se va a unificar por lo que se apuntalan las hipótesis de investigación.
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Con información de
UNO
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