Tras aprobar la indemnización a exypefianos, la Cámara de Diputados convirtió en ley otra reparación económica reclamada desde hace tiempo, destinada a víctimas y familiares del atentado a la AMIA en 1994.
 
Al cabo de un debate de una hora, la Cámara baja aceptó por unanimidad las modificaciones introducidas por el Senado el 15 de abril pasado.
 
Si bien todos los bloques respaldaron la ley en la votación, la oposición consideró que la reparación es “tardía”.
 
El diputado del Frente para la Victoria Remo Carlotto se puso al hombro la defensa del proyecto y destacó: “hace doce años venimos generando mecanismos para que el Estado repare los actos que se han hecho durante la dictadura y el neoliberalismo”.
 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos explicó que el beneficio “está expresado en los mismos términos de las leyes reparatorias por desaparición forzada de personas, apropiación de niños y el atentado a la Embajada de Israel”.
 
Carlotto recordó que el proyecto contaba con dos medias sanciones del Senado y una de Diputados, y que “lo que detuvo su sanción fue la modalidad de pago”.
 
En tanto, pidió a la Justicia que “actúe con celeridad” y que “la reparación sea integral para cada una de las víctimas y sus familiares”.
 
La macrista Laura Alonso, por su parte, denunció que “esta tardía reparación parcial no devolverá la vida a los muertos ni la calma a su memoria y a sus familias”, y criticó la “falta de compromiso con una causa que debe unirnos a todos”.
 
El jefe del bloque radical, Mario Negri, se mostró más contemplativo y consideró que “es cierto que esta ley de reparación lleva casi 10 años, pero lo importantes es que aunque tarde, se cumpla”.
 
Desde la oposición también aludieron a la falta de avances en la investigación del atentado y la muerte del fiscal que llevaba adelante la causa, Alberto Nisman.
 
“No va a haber paz hasta que el Estado no garantice hallar a los culpables y juzgarlos”, sostuvo Felipe Solá (Frente Renovador).
 
En el mismo sentido, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, advirtió que “no tenemos un solo condenado por el atentado”, y Omar Duclós (GEN) reclamó que se conforme una comisión investigadora del ataque a la mutual judía. “Un fiscal murió en circunstancias no esclarecidas”, alertó.
 
Al cierre del debate, la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, destacó la labor del expresidente Néstor Kirchner, quien “asumió la responsabilidad en las Naciones Unidas”.
 
“Es un día de reparación y de alegría, donde por fin este Congreso puede darle a esta ley sanción definitiva”, festejó la bonaerense, quien explicó que el plazo para el cobro, como también lo fue en el caso de las víctimas de la Embajada de Israel, se determina según la cantidad de víctimas y heridos, y en este caso será de 180 días.
 
Detalles del proyecto
 
El texto otorga, por única vez, un beneficio extraordinario para los herederos o derechohabientes de las 85 personas fallecidas y las más de 150 que resultaron heridas.
 
En caso de muerte, la indemnización será la equivalente a la remuneración mensual de los agentes nivel A, Grado 0, del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por el coeficiente 100.
 
La cifra que percibirán los herederos de los fallecidos será de alrededor de 1,5 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo hecho por el proyecto.
 
Para las lesiones gravísimas, la reparación será un 30 por ciento menor a la antedicha, y para las lesiones graves, un 40 por ciento.
 
Según fuentes oficiales, el costo fiscal para el Gobierno sería de alrededor de 350 millones de pesos que se pagarían mediante bonos.
 
Quienes quieran acceder a este beneficio y ya hayan emprendido una acción judicial de carácter reparatorio contra el Estado Nacional deberán desistir de esa demanda.
 
En caso de que reciban subsidios, los montos percibidos deberán deducirse del monto total que les corresponda como beneficio extraordinario.
 
Si los beneficiarios, herederos o derechohabientes obtuvieron por sentencia judicial una indemnización menor a la que propone este proyecto, tendrán derecho a reclamar la diferencia.
 
La solicitud de este beneficio deberá tramitarse ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de los 180 días desde la fecha de entrada en vigencia de la ley.