Chile y Bolivia reviven en La Haya su conflicto por una salida al mar
Lunes 04 de
Mayo 2015
Santiago rechaza la competencia del Tribunal Internacional en el litigio
El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) ha comenzado este lunes a escuchar los argumentos de Bolivia y de Chile en su litigio por una salida al mar. Ambos países se enfrentan en La Haya desde que La Paz pidió al tribunal, en abril de 2013, que declarase que Santiago tiene "la obligación de negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo" para que La Paz logre un acceso soberano al océano.
Aunque la demandante es Bolivia, los representantes legales de Santiago han abierto el turno de alegaciones con una idea central: rechazar la competencia del TIJ. Durante una intervención que ha durado tres horas, la delegación chilena ha expuesto sus argumentos. En su opinión, sigue vigente el Tratado de Paz de 1904, que selló el fin de la Guerra del Pacífico (1879-1883) entre ambos países, y asegura el tránsito boliviano de mercancías y personas por territorio chileno camino del litoral.
Bolivia perdió sus territorios en la costa después de haber sido derrotada por las tropas chilenas en la guerra. Desde entonces ha reclamado un acceso soberano al mar que le permita exportar su gas natural, entre otras mercancías. La Paz tiene ahora libre acceso al océano pagando los costes del transporte, aunque no impuestos, para exportar cada año 1,6 millones de toneladas de níquel, plata, plomo y estaño, entre otros materiales, a través de los puertos chilenos.
“Todos los diferendos fronterizos tienen un componente legal, pero acudir a los tribunales no es siempre la solución. No pueden ser un sustituto de la falta de diplomacia. Hay que saber manejar la situación, crear las condiciones para ello y ser fiable”. Fuentes gubernamentales chilenas lamentan así en La Haya que Bolivia haya reclamado ante sus jueces una salida soberana al océano Pacífico. "El riesgo es el enfriamiento de las relaciones bilaterales entre nosotros", sostiene un funcionario chileno, informa Belén Domínguez Cebrián. El tribunal se pronunciará "a lo largo de este 2015", adelantó a EL PAÍS un alto cargo del Gobierno de Michelle Bachelet.
El litigio ha tensado aún más las relaciones con Bolivia, rotas oficialmente a escala diplomática desde 1978. De todos modos, ambos países tratan asuntos bilaterales y multilaterales desde 1993. Y, si bien solo disponen de consulados en el otro país, al frente de los mismos hay un embajador. A Chile le molesta especialmente que Bolivia dude de su fiabilidad y “subraye que en el pasado hubo conversaciones y negociaciones para abrir el acceso soberano al mar que pesan más que el Tratado”, añaden las mismas fuentes oficiales en Holanda.
Para Bolivia, por contra, recuperar la soberanía no supone un acto “inamistoso” hacia su vecina. La Constitución de 2009 declara “el derecho irrenunciable e imprescriptible del pueblo boliviano sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”. Sus gobernantes, por tanto, tienen el deber de reivindicar el litoral. De ahí que el presidente, Evo Morales, depositara en persona en 2013 la demanda ante la secretaría del TIJ recordando que los bolivianos están “unidos en cuestiones de Estado como la presente”. Modificar el Tratado para retocar la fronteras y recuperar la soberanía perdida es la intención boliviana, confirmada por el propio Morales el pasado abril. En un dicurso, recordó que “los tratados tampoco son eternos, como tratan de hacer ver en estos debates de carácter internacional”.
La fase preliminar del diferendo se prolongará hasta el viernes. Bolivia deberá centrarse en convencer al TIJ de que debe admitirlo a trámite. Chile debe focalizar sus esfuerzos en la dirección opuesta: hacer ver al tribunal que no está capacitado para ello. De la decisión judicial depende que el caso progrese. De ser así, Bolivia se empleará a fondo para darle cuerpo legal a su reivindicación del “mar que pedimos por justicia, un mar para los pueblos”, en palabras del Evo Morales. Chile, de su lado, espera hacerse fuerte en la “observancia de los tratados vigentes, y en la estabilidad de las fronteras, principios protegidos por el derecho internacional”.
Con información de
elpais
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