Santa Fe | Ciudad
Un aborto en el Iturraspe reabrió el debate sobre la salud y los derechos
Miércoles 27 de
Mayo 2015
La asociación santafesina Ramón Carrillo denunció que en el hospital J.B. Iturraspe se realizan “abortos ilegales”.
Según indicaron, una mujer con 18 semanas de gestación dijo que no deseaba continuar con el embarazo y se le suministró un medicamento para abortar. Desde el Ministerio de Salud señalaron que todos casos de interrupción de embarazos que se han asistido desde los efectores públicos están contemplados en las excepciones que marca el Código Penal y dentro de lo previsto en los protocolos vigentes.
En la Argentina el aborto no es punible cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer o cuando la gestación ha sido producto de una violación. Además, la Corte Suprema de Justicia falló en 2012 aclarando que no es necesaria la autorización judicial para efectuar ese tipo de procedimientos.
Sin embargo, la ONG Ramón Carrillo presentará una denuncia penal porque una mujer, en Semana Santa, se presentó al Iturraspe solicitando terminar su embarazo de 18 semanas. “El Consejo de Administración del hospital ordenó, por escrito, al servicio realizar el procedimiento pero los médicos, vía objeción de conciencia, se negaron a hacerlo; y un médico del Consejo fue el que le suministró el medicamento”, contó Raúl Dalla Fontana, referente de la asociación.
Según marcó Dalla Fontana, el justificativo para realizar el aborto fue que corría riesgo la vida de la mujer pero ellos entienden que había alternativas. “No se vislumbraba ningún riesgo. La mujer estaba en perfecto estado de salud y alegó problemas personales y económicos que no son cosas que avalen el procedimiento”, argumentó y aclaró que la denuncia penal que harán en los próximos días será contra el hospital y no contra la mujer.
Al respecto, remarcó que representa a una organización que considera que la vida existe desde la concepción y que se deben brindar otras opciones a las mujeres en conflicto con su embarazo como el acompañamiento psicológico y económico o la posibilidad de la adopción.
Por su parte, Oraldo Llanos –director provincial de Políticas de Género e Interculturalidad en Salud– explicó que la provincia cumple con la legislación vigente en materia de acceso a la interrupción del embarazo y que se debe considerar el riesgo para la salud física y psíquica de la mujer.
“A nosotros nos vienen bien las sugerencias y denuncias si son para mejorar la atención de las personas”, resaltó y agregó que el tema es muy complejo “porque incluye el sufrimiento de las personas ante una situación de un embarazo no deseado. Eso golpea muy fuerte a las personas y a los equipos de salud porque nadie pretende que alguien llegue a un aborto. En ese marco, lo único que tratamos de hacer es cumplir la ley”.
Al respecto aclaró que en la provincia se trabaja con la Guía Técnica de la Nación, en la que se establece un formulario de declaración jurada que, una vez firmado por la mujer, no requiere intervención judicial para habilitar el procedimiento.
“Para hacer un aborto tiene que haber una causal, sino no se realiza. Pero la causal salud es amplia porque hay muchas situaciones, incluso de salud mental, que pueden llegar a dañar gravemente a la persona o incluso terminar con su muerte”, finalizó.
En la Argentina el aborto no es punible cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer o cuando la gestación ha sido producto de una violación. Además, la Corte Suprema de Justicia falló en 2012 aclarando que no es necesaria la autorización judicial para efectuar ese tipo de procedimientos.
Sin embargo, la ONG Ramón Carrillo presentará una denuncia penal porque una mujer, en Semana Santa, se presentó al Iturraspe solicitando terminar su embarazo de 18 semanas. “El Consejo de Administración del hospital ordenó, por escrito, al servicio realizar el procedimiento pero los médicos, vía objeción de conciencia, se negaron a hacerlo; y un médico del Consejo fue el que le suministró el medicamento”, contó Raúl Dalla Fontana, referente de la asociación.
Según marcó Dalla Fontana, el justificativo para realizar el aborto fue que corría riesgo la vida de la mujer pero ellos entienden que había alternativas. “No se vislumbraba ningún riesgo. La mujer estaba en perfecto estado de salud y alegó problemas personales y económicos que no son cosas que avalen el procedimiento”, argumentó y aclaró que la denuncia penal que harán en los próximos días será contra el hospital y no contra la mujer.
Al respecto, remarcó que representa a una organización que considera que la vida existe desde la concepción y que se deben brindar otras opciones a las mujeres en conflicto con su embarazo como el acompañamiento psicológico y económico o la posibilidad de la adopción.
Por su parte, Oraldo Llanos –director provincial de Políticas de Género e Interculturalidad en Salud– explicó que la provincia cumple con la legislación vigente en materia de acceso a la interrupción del embarazo y que se debe considerar el riesgo para la salud física y psíquica de la mujer.
“A nosotros nos vienen bien las sugerencias y denuncias si son para mejorar la atención de las personas”, resaltó y agregó que el tema es muy complejo “porque incluye el sufrimiento de las personas ante una situación de un embarazo no deseado. Eso golpea muy fuerte a las personas y a los equipos de salud porque nadie pretende que alguien llegue a un aborto. En ese marco, lo único que tratamos de hacer es cumplir la ley”.
Al respecto aclaró que en la provincia se trabaja con la Guía Técnica de la Nación, en la que se establece un formulario de declaración jurada que, una vez firmado por la mujer, no requiere intervención judicial para habilitar el procedimiento.
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Con información de
UNO
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