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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
El fiscal Carlos Gonella cuestionó a la Corte Suprema
Martes 14 de
Julio 2015
El titular de la Procelac cargó con dureza contra el máximo tribunal por haber ratificado la legalidad de las operaciones del "contado con liqui". El Merval y economistas habían advertido por los efectos negativos de su prohibición
Carlos Gonella, titular la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac), criticó duramente la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso de queja que impulsó junto al fiscal Gabriel Pérez Barbera y avalar las operaciones de "contado con liqui". La intención de Gonella era utilizar la nueva Agencia Federal de Inteligencia para evitar y prevenir la compra y venta de dólares por esos canales.
La modalidad consiste en comprar con pesos bonos nominados en dólares o acciones que cotizan fuera del país para su posterior venta en moneda estadounidense. La diferencia entre lo que se paga y lo que se recibe en dólares determina un tipo de cambio que la semana pasada superó los $13. Eso fue lo que encendió luces de alarma en el Gobierno y motivó la acción anunciada por el titular de la Procelac, afín al kirchnerismo. La idea de prohibir las operaciones del "contado con liqui" había generado fuerte rechazo de los economistas y del presidente del Merval, Claudio Pérès Moore.
Según Gonella, el hecho de que el tribunal no haya consultado a los procuradores del Ministerio Público Fiscal antes de su pronunciamiento es muy grave desde el punto de vista institucional. "Esto es algo inédito, yo nunca vi esta forma de proceder", dijo a Infobae.
A su juicio, la Corte "no entró en el fondo de la cuestión por considerar intrascendente el tema, cuando la realidad demuestra lo contrario, ya que la problemática se está debatiendo públicamente hace dos días". "Eso demuestra su interés social y económico; asimismo, esto generó la subida del dólar ilegal... hay mucha expectativa en el ámbito empresarial y en la sociedad misma. Debería ser analizado con la seriedad y profundidad que requiere y con la intervención del Ministerio Público", añadió.
"El caso es de una gran importancia para la sociedad argentina, sobre todo porque está en juego la estabilidad del sistema económico y financiero, ya que a partir de esta operatoria bursátil hay un gran flujo de dinero que se escapa de manera fraudulenta", sostuvo. "En el caso se demostró el abuso de la operativa bursátil para fugar dinero".
La referencia del fiscal aludía a la investigación por supuestas violaciones contra la ley penal cambiaria que involucró a directivos del banco BBVA y a 34 clientes. Los sospechados fueron absueltos y la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico desestimó un recurso extraordinario contra esa decisión, por lo que luego se recurrió a la Corte.
"En el artículo 120 de la Constitución Nacional se indica que es deber del Ministerio Público actuar promoviendo la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, cuestiones en juego en este caso, por encontrarse comprometida la estabilidad del sistema financiero. El hecho involucra 400 millones de pesos que, a nuestro criterio, se fugaron ilícitamente", explicó.
Consultado sobre cómo se sigue adelante luego de esta decisión, el fiscal sostuvo que evalúan los pasos a seguir. "Hicimos todo lo posible para defender el sistema, agotando todos los recursos. Alguien va a tener que hacerse cargo de los perjuicios que generan quienes utilizan fraudulentamente las normas".
La modalidad consiste en comprar con pesos bonos nominados en dólares o acciones que cotizan fuera del país para su posterior venta en moneda estadounidense. La diferencia entre lo que se paga y lo que se recibe en dólares determina un tipo de cambio que la semana pasada superó los $13. Eso fue lo que encendió luces de alarma en el Gobierno y motivó la acción anunciada por el titular de la Procelac, afín al kirchnerismo. La idea de prohibir las operaciones del "contado con liqui" había generado fuerte rechazo de los economistas y del presidente del Merval, Claudio Pérès Moore.
Según Gonella, el hecho de que el tribunal no haya consultado a los procuradores del Ministerio Público Fiscal antes de su pronunciamiento es muy grave desde el punto de vista institucional. "Esto es algo inédito, yo nunca vi esta forma de proceder", dijo a Infobae.
A su juicio, la Corte "no entró en el fondo de la cuestión por considerar intrascendente el tema, cuando la realidad demuestra lo contrario, ya que la problemática se está debatiendo públicamente hace dos días". "Eso demuestra su interés social y económico; asimismo, esto generó la subida del dólar ilegal... hay mucha expectativa en el ámbito empresarial y en la sociedad misma. Debería ser analizado con la seriedad y profundidad que requiere y con la intervención del Ministerio Público", añadió.
"El caso es de una gran importancia para la sociedad argentina, sobre todo porque está en juego la estabilidad del sistema económico y financiero, ya que a partir de esta operatoria bursátil hay un gran flujo de dinero que se escapa de manera fraudulenta", sostuvo. "En el caso se demostró el abuso de la operativa bursátil para fugar dinero".
La referencia del fiscal aludía a la investigación por supuestas violaciones contra la ley penal cambiaria que involucró a directivos del banco BBVA y a 34 clientes. Los sospechados fueron absueltos y la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico desestimó un recurso extraordinario contra esa decisión, por lo que luego se recurrió a la Corte.
"En el artículo 120 de la Constitución Nacional se indica que es deber del Ministerio Público actuar promoviendo la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, cuestiones en juego en este caso, por encontrarse comprometida la estabilidad del sistema financiero. El hecho involucra 400 millones de pesos que, a nuestro criterio, se fugaron ilícitamente", explicó.
Consultado sobre cómo se sigue adelante luego de esta decisión, el fiscal sostuvo que evalúan los pasos a seguir. "Hicimos todo lo posible para defender el sistema, agotando todos los recursos. Alguien va a tener que hacerse cargo de los perjuicios que generan quienes utilizan fraudulentamente las normas".
Con información de
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