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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
Imputarán a funcionarios judiciales por el escándalo del violador de Vera
Domingo 01 de
Noviembre 2015
Es por el caso del hombre que hizo llevar a su hija, víctima de sus abusos, a su celda de la alcaidía de la UR XIX. Los funcionarios prestan servicios en el SPPDP de Reconquista.
Es por el caso del hombre que hizo llevar a su hija, víctima de sus abusos, a su celda de la alcaidía de la UR XIX. Los funcionarios prestan servicios en el SPPDP de Reconquista.
Dos funcionarios judiciales del norte provincial deberán comparecer a una audiencia imputativa a raíz de la presunta comisión de delitos en el marco del denominado caso Díaz. Según fuentes judiciales, José Luis Estévez (h) y Fabiana Pierini (de ellos se trata) serán acusados y se les impondrá de la existencia de un gran cúmulo de pruebas en su contra que dan cuenta de cómo ayudaron a tejer una historia falaz para que Manuel Díaz, un ex compañero de trabajo, pudiera evadir el alcance de la justicia luego de haber sido acusado de violar a su hija de 15 años.
En una situación compleja e inédita en la provincia, ambos representantes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) deberán presentarse el próximo miércoles a las 8 y a las 8.30 en la Unidad Fiscal de Vera, donde sus pares del Ministerio Público de la Acusación (MPA) los acusarán oficialmente y posiblemente queden detenidos. Los funcionarios prestan servicios en el SPPDP de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Reconquista.
La citación a Estévez y a Pierini está relacionada con lo ocurrido el miércoles 16 de septiembre en la alcaidía de Vera. En esa oportunidad, la menor G. D. fue llevada mediante engaños por su abuela, por su tía y por su hermana mayor a la celda en la que estaba su padre —Díaz, el ex empleado del SPPDP— acusado, imputado y privado de su libertad preventivamente por haberla violado en al menos dos oportunidades.
Los fiscales que investigan a los defensores son Aldo Gerosa, Leandro Benegas y Martín Gauna Chapero. Los delitos por los cuales los citaron son usurpación de autoridad, amenazas coactivas varias y prevaricato; todos ellos en calidad de autor. Además, Estévez y Pierini serán imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva, en calidad de partícipes secundarios.
“Tenían conocimiento”
“Todos los hechos que fueron verificados el 16 de septiembre con diversas evidencias, en principio, sólo podrían explicarse si los defensores citados a imputativa tenían conocimiento total o parcial del plan ideado por Díaz para que la víctima modificara su denuncia y acusara su madre”, señaló Gerosa.
En este punto cabe recordar que Díaz, luego de haber sido detenido por violar a su hija de 14 años, salió en libertad por decisión del juez de Instrucción Gustavo Gon, y volvió a violar a la menor. Luego de la segunda detención operó con sus influencias para idear un plan que le permitiera zafar de la situación. Para ello hizo llevar con otros familiares a la víctima hasta su celda para indicarle a la niña qué debía declarar para no involucrarlo por las violaciones. Pretendía que su hija dijera ante el juez que todo había sido pergeñado por su madre, quien la obligaba a prostituirse y además la había iniciado en el mundo de las drogas. Para entonces, el caso ya tenía ribetes de escándalo y la alcaidía fue intervenida por orden del Ministerio de Seguridad.
Las pruebas
Según trascendió, hay un amplio cúmulo de pruebas reunido para imputar a los funcionarios judiciales, que se sustenta en las declaraciones de la víctima, policías, presos y escuchas telefónicas que dan cuenta de que los dos defensores estaban en conocimiento del plan urdido por Díaz de hacer cambiar la declaración de su hija y facilitaron su ejecución. Por “solidaridad”, los empleados judiciales habrían apostado al mismo plan para ayudar a su compañero de trabajo en lugar de llevar adelante la defensa profesional del imputado. Con ese accionar revictimizaron a la menor violada por su padre.
Díaz es un empleado judicial que trabajó como sumariante en un juzgado de instrucción durante más de 30 años. Con el nuevo sistema penal se sumó al SPPDP y según sus compañeros ostentaba habilidad y mucha inteligencia a la hora de conformar los expedientes. Ahora, había armado su propia estrategia defensiva para evitar el alcance de la Justicia.
Actualmente pesa sobre los defensores la prohibición de acercarse a Díaz y a sus familiares a los fines de no entorpecer la investigación. Si se apuntala la acusación podrían quedar preventivamente detenidos.
Dos funcionarios judiciales del norte provincial deberán comparecer a una audiencia imputativa a raíz de la presunta comisión de delitos en el marco del denominado caso Díaz. Según fuentes judiciales, José Luis Estévez (h) y Fabiana Pierini (de ellos se trata) serán acusados y se les impondrá de la existencia de un gran cúmulo de pruebas en su contra que dan cuenta de cómo ayudaron a tejer una historia falaz para que Manuel Díaz, un ex compañero de trabajo, pudiera evadir el alcance de la justicia luego de haber sido acusado de violar a su hija de 15 años.
En una situación compleja e inédita en la provincia, ambos representantes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) deberán presentarse el próximo miércoles a las 8 y a las 8.30 en la Unidad Fiscal de Vera, donde sus pares del Ministerio Público de la Acusación (MPA) los acusarán oficialmente y posiblemente queden detenidos. Los funcionarios prestan servicios en el SPPDP de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Reconquista.
La citación a Estévez y a Pierini está relacionada con lo ocurrido el miércoles 16 de septiembre en la alcaidía de Vera. En esa oportunidad, la menor G. D. fue llevada mediante engaños por su abuela, por su tía y por su hermana mayor a la celda en la que estaba su padre —Díaz, el ex empleado del SPPDP— acusado, imputado y privado de su libertad preventivamente por haberla violado en al menos dos oportunidades.
Los fiscales que investigan a los defensores son Aldo Gerosa, Leandro Benegas y Martín Gauna Chapero. Los delitos por los cuales los citaron son usurpación de autoridad, amenazas coactivas varias y prevaricato; todos ellos en calidad de autor. Además, Estévez y Pierini serán imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva, en calidad de partícipes secundarios.
“Tenían conocimiento”
“Todos los hechos que fueron verificados el 16 de septiembre con diversas evidencias, en principio, sólo podrían explicarse si los defensores citados a imputativa tenían conocimiento total o parcial del plan ideado por Díaz para que la víctima modificara su denuncia y acusara su madre”, señaló Gerosa.
En este punto cabe recordar que Díaz, luego de haber sido detenido por violar a su hija de 14 años, salió en libertad por decisión del juez de Instrucción Gustavo Gon, y volvió a violar a la menor. Luego de la segunda detención operó con sus influencias para idear un plan que le permitiera zafar de la situación. Para ello hizo llevar con otros familiares a la víctima hasta su celda para indicarle a la niña qué debía declarar para no involucrarlo por las violaciones. Pretendía que su hija dijera ante el juez que todo había sido pergeñado por su madre, quien la obligaba a prostituirse y además la había iniciado en el mundo de las drogas. Para entonces, el caso ya tenía ribetes de escándalo y la alcaidía fue intervenida por orden del Ministerio de Seguridad.
Las pruebas
Según trascendió, hay un amplio cúmulo de pruebas reunido para imputar a los funcionarios judiciales, que se sustenta en las declaraciones de la víctima, policías, presos y escuchas telefónicas que dan cuenta de que los dos defensores estaban en conocimiento del plan urdido por Díaz de hacer cambiar la declaración de su hija y facilitaron su ejecución. Por “solidaridad”, los empleados judiciales habrían apostado al mismo plan para ayudar a su compañero de trabajo en lugar de llevar adelante la defensa profesional del imputado. Con ese accionar revictimizaron a la menor violada por su padre.
Díaz es un empleado judicial que trabajó como sumariante en un juzgado de instrucción durante más de 30 años. Con el nuevo sistema penal se sumó al SPPDP y según sus compañeros ostentaba habilidad y mucha inteligencia a la hora de conformar los expedientes. Ahora, había armado su propia estrategia defensiva para evitar el alcance de la Justicia.
Actualmente pesa sobre los defensores la prohibición de acercarse a Díaz y a sus familiares a los fines de no entorpecer la investigación. Si se apuntala la acusación podrían quedar preventivamente detenidos.
Con información de
La Capital
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