El Gobierno busca restarle poder a Gils Carbó para controlarla
Domingo 13 de
Diciembre 2015
Analiza una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, que le quite rango de acción
El macrismo afina su plan para deshacerse de Alejandra Gils Carbó. Mientras insiste en reclamarle públicamente la renuncia, en paralelo, sofistica su plan B: el decreto de necesidad y urgencia contra ella.
Al primer borrador de ese documento, que la echaba sin más, suma nuevos proyectos, algo más sutiles, tendientes a recortarle poder y controlarla. El ministro de Justicia, Germán Garavano, estudia una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público amplia, que incluya designar por debajo de la procuradora a fiscales generales que absorban las facultades más sensibles de la jefa. Si en un primer momento no consiguen que se vaya, podrían así tenerla neutralizada.
Por ahora, no hablan públicamente de esta alternativa. Los funcionarios siguen el discurso del presidente Mauricio Macri: Gils Carbó debe irse sí o sí. "Estamos esperando que renuncie", dijo ayer Garavano. "Está trabando reformas que son necesarias", afirmó.
Entre esas reformas está el nuevo Código Procesal Penal y el tránsito hacia un sistema acusatorio, más transparente y ágil. Una ley impulsada por el kirchnerismo ya lo dispuso, pero todavía no se aplica.
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El macrismo sostiene que el cambio es imprescindible, aunque imposible con Gils Carbó al frente de los fiscales. Esta reforma frenada -según ellos, por la presencia de la procuradora general- les daría el argumento de la "necesidad" y la "urgencia" para cambiar la ley con un decreto.
Garavano alega que recibió una nota de la comisión bicameral de seguimiento de la implementación de la reforma procesal, que tiene mayoría kirchnerista, que dice que es "imposible" implementar la reforma en marzo, como estaba previsto. Y otra del gremio judicial, que conduce el dirigente sindical Julio Piumato, muy enfrentado con Gils Carbó. "Ésa es la situación de emergencia en la que yo me encuentro a un día de haber asumido", dijo Garavano.
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En el decreto que estudian, además de ponerle uno o más "segundos" que tomen sus atribuciones más delicadas, se analiza fijarle un plazo al mandato del procurador (si fueran cuatro años, los de Gils Carbó se cumplirían el año próximo, aunque ella ya hizo saber que no aceptará pacíficamente que la echen con una norma posterior a su asunción).
También se piensa en recortarle su intervención en el nombramiento y la remoción de los fiscales.
"Lo hizo Binner en Santa Fe, una provincia socialista", dijo a LA NACION una fuente del Ministerio de Justicia. Por debajo del jefe de los fiscales en esa provincia se crearon los "fiscales regionales", con fuertes atribuciones. Otra alternativa sería nombrar un "fiscal general penal". Estos nuevos cargos los cubriría el Presidente con acuerdo del Senado. Con el mismo sistema se cambiaría al procurador.
Denuncias de amenazas
En el círculo de Gils Carbó dicen que los están amenazando con que, si no se va, avanzarán múltiples causas penales contra ella y su familia, que están radicadas en Comodoro Py, donde tiene varios enemigos. Relatan, además, que "emisarios" del macrismo les anunciaron una "carnicería".
En el Ministerio de Justicia lo niegan. Según ellos, lo que sí existió fue una reunión de Garavano con un enviado de Gils Carbó, que fue a verlo para preguntarle cómo iban a seguir. "El tema es ver cómo se va, no cómo sigue", cuentan que le dijo Garavano.
Mientras tanto, el ministro ya se reunió con los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone (es posible que la reforma procesal penal empiece a aplicarse en 2017 por los extremos del país).
Mañana, a las 8, hará en la ESMA una reunión de gabinete y se reunirá con organismos de derechos humanos. Y ya anunció que hará caer el pacto con Irán por el caso AMIA cuando mañana desista del recurso presentado por el kirchnerismo en la causa.
También en la agenda de esta semana, Garavano tiene la primera reunión del Gabinete de Seguridad Humana, que integrará con las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Además, ya empezó a revisar las designaciones de personal dentro del ministerio. En reuniones con su equipo, Garavano describió la situación como "escandalosa". Los macristas dicen que la cantidad de gente nombrada no entra en el ministerio y que hay centenares de designaciones de los últimos meses. El frente interno también será complicado para el flamante ministro.
Al primer borrador de ese documento, que la echaba sin más, suma nuevos proyectos, algo más sutiles, tendientes a recortarle poder y controlarla. El ministro de Justicia, Germán Garavano, estudia una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público amplia, que incluya designar por debajo de la procuradora a fiscales generales que absorban las facultades más sensibles de la jefa. Si en un primer momento no consiguen que se vaya, podrían así tenerla neutralizada.
Por ahora, no hablan públicamente de esta alternativa. Los funcionarios siguen el discurso del presidente Mauricio Macri: Gils Carbó debe irse sí o sí. "Estamos esperando que renuncie", dijo ayer Garavano. "Está trabando reformas que son necesarias", afirmó.
Entre esas reformas está el nuevo Código Procesal Penal y el tránsito hacia un sistema acusatorio, más transparente y ágil. Una ley impulsada por el kirchnerismo ya lo dispuso, pero todavía no se aplica.
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El macrismo sostiene que el cambio es imprescindible, aunque imposible con Gils Carbó al frente de los fiscales. Esta reforma frenada -según ellos, por la presencia de la procuradora general- les daría el argumento de la "necesidad" y la "urgencia" para cambiar la ley con un decreto.
Garavano alega que recibió una nota de la comisión bicameral de seguimiento de la implementación de la reforma procesal, que tiene mayoría kirchnerista, que dice que es "imposible" implementar la reforma en marzo, como estaba previsto. Y otra del gremio judicial, que conduce el dirigente sindical Julio Piumato, muy enfrentado con Gils Carbó. "Ésa es la situación de emergencia en la que yo me encuentro a un día de haber asumido", dijo Garavano.
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En el decreto que estudian, además de ponerle uno o más "segundos" que tomen sus atribuciones más delicadas, se analiza fijarle un plazo al mandato del procurador (si fueran cuatro años, los de Gils Carbó se cumplirían el año próximo, aunque ella ya hizo saber que no aceptará pacíficamente que la echen con una norma posterior a su asunción).
También se piensa en recortarle su intervención en el nombramiento y la remoción de los fiscales.
"Lo hizo Binner en Santa Fe, una provincia socialista", dijo a LA NACION una fuente del Ministerio de Justicia. Por debajo del jefe de los fiscales en esa provincia se crearon los "fiscales regionales", con fuertes atribuciones. Otra alternativa sería nombrar un "fiscal general penal". Estos nuevos cargos los cubriría el Presidente con acuerdo del Senado. Con el mismo sistema se cambiaría al procurador.
Denuncias de amenazas
En el círculo de Gils Carbó dicen que los están amenazando con que, si no se va, avanzarán múltiples causas penales contra ella y su familia, que están radicadas en Comodoro Py, donde tiene varios enemigos. Relatan, además, que "emisarios" del macrismo les anunciaron una "carnicería".
En el Ministerio de Justicia lo niegan. Según ellos, lo que sí existió fue una reunión de Garavano con un enviado de Gils Carbó, que fue a verlo para preguntarle cómo iban a seguir. "El tema es ver cómo se va, no cómo sigue", cuentan que le dijo Garavano.
Mientras tanto, el ministro ya se reunió con los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone (es posible que la reforma procesal penal empiece a aplicarse en 2017 por los extremos del país).
Mañana, a las 8, hará en la ESMA una reunión de gabinete y se reunirá con organismos de derechos humanos. Y ya anunció que hará caer el pacto con Irán por el caso AMIA cuando mañana desista del recurso presentado por el kirchnerismo en la causa.
También en la agenda de esta semana, Garavano tiene la primera reunión del Gabinete de Seguridad Humana, que integrará con las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Además, ya empezó a revisar las designaciones de personal dentro del ministerio. En reuniones con su equipo, Garavano describió la situación como "escandalosa". Los macristas dicen que la cantidad de gente nombrada no entra en el ministerio y que hay centenares de designaciones de los últimos meses. El frente interno también será complicado para el flamante ministro.
Con información de
La Nación
