Denuncian penalmente a Macri por “catarata” de decretos
Lunes 01 de
Febrero 2016
La denuncia fue realizada por el abogado afin al kirchnerismo, Eduardo Barcesat y recayó en el juzgado federal 4 de Ariel Lijo.
Eduardo Barcesat, abogado y profesor universitario afín al kirchnerismo, denunció penalmente al presidente Mauricio Macri, a la vicepresidenta Gabriel Michetti y a varios ministros por lo que consideró una “catarata” de DNUs “emitidos por el actual Gobierno” para “sortear la intervención del Poder Legislativo”.
Fuentes judiciales informaron hoy que la presentación recayó en el juzgado federal 4 de Ariel Lijo y consideró que los gobernantes ejercerían “un mecanismo autoritario” con los decretos de necesidad y urgencia y procuran “una política de hechos consumados para cuando se inicie el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación”.
“Nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a período de sesiones extraordinarias, para tratar un proyecto de ley”, consideró Barcesat que fue abogado defensor, entre otros, de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
La denuncia hizo especial hincapié en el DNU 228/2016 que decretó la emergencia de seguridad pública y consideró que su enunciado de las reglas de protección aeroespacial, que autoriza el derribo de aviones, “introduce subrepticiamente en nuestra legislación la pena de muerte, de tipo penal abierto y sin forma alguna de debido proceso judiciario”.
Barcesat planteó que Macri debe ser investigado junto al jefe del Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Defensa, Julio Martínez; de Justicia, Germán Garavano; de Interior, Rogelio Frigerio; y de Seguridad, Patricia Bullrich, por los supuestos delitos de “violación de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.
La denuncia recogió el artículo 29 de la Constitución que establece: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.
Y agrega que “actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Barcesat fue el abogado que en 2015 denunció penalmente a los senadores nacionales que se opusieron a votar al reemplazante de Raúl Zaffaroni propuesto por el kirchnerismo y, también, actuó de representante de Martha Holgado, una mujer que quiso engañar a la Justicia asegurando que era hija del tres veces presidente, Juan Domingo Perón.
Fuentes judiciales informaron hoy que la presentación recayó en el juzgado federal 4 de Ariel Lijo y consideró que los gobernantes ejercerían “un mecanismo autoritario” con los decretos de necesidad y urgencia y procuran “una política de hechos consumados para cuando se inicie el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación”.
“Nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a período de sesiones extraordinarias, para tratar un proyecto de ley”, consideró Barcesat que fue abogado defensor, entre otros, de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
La denuncia hizo especial hincapié en el DNU 228/2016 que decretó la emergencia de seguridad pública y consideró que su enunciado de las reglas de protección aeroespacial, que autoriza el derribo de aviones, “introduce subrepticiamente en nuestra legislación la pena de muerte, de tipo penal abierto y sin forma alguna de debido proceso judiciario”.
Barcesat planteó que Macri debe ser investigado junto al jefe del Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Defensa, Julio Martínez; de Justicia, Germán Garavano; de Interior, Rogelio Frigerio; y de Seguridad, Patricia Bullrich, por los supuestos delitos de “violación de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.
La denuncia recogió el artículo 29 de la Constitución que establece: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.
Y agrega que “actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Barcesat fue el abogado que en 2015 denunció penalmente a los senadores nacionales que se opusieron a votar al reemplazante de Raúl Zaffaroni propuesto por el kirchnerismo y, también, actuó de representante de Martha Holgado, una mujer que quiso engañar a la Justicia asegurando que era hija del tres veces presidente, Juan Domingo Perón.
Con información de
PERFIL
