El funcionario judicial rechazó una presentación que realizó la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos contra el mandatario y otros miembros del Gabinete nacional, quienes habían sido denunciados por el presunto delito de "sedición" y "abuso de autoridad", por impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de uno de los poderes públicos del gobierno nacional.
 
Delgado desestimó que detrás de la utilización de los DNU exista algún delito, aunque precisó: "Los comportamientos denunciados no son ilegales, pero ello no otorga legitimidad a los mismos, frente a lo cual cobra especial relevancia la tensión que existe entre legalidad y legitimidad".
 
El fiscal criticó así el abuso de esa herramienta constitucional. "La práctica que se denuncia es legal, pero es más difícil sostener que sea legítima", insiste Delgado y agrega que "es tan o más importante que sea legítimo, porque en la legitimidad se juega la creencia del ciudadano que es el único combustible que alimenta las prácticas de la interpelada representación política".
 
En el texto del dictamen, el fiscal asegura que "la apuesta ideal de la Constitución a la que hay que tratar de acercarse como un horizonte, es la de un juego de poderes que tenga la armonía de una danza" y para lograr eso, "la legalidad y la legitimidad deben ir de la mano". De no lograr esto, sostiene Delgado, "la pura coerción legal se aleja de la danza y se acerca a la lógica del rock chabón".
 
Para Delgado, en la democracia representativa pasa algo similar a la teoría que afirma Daniel Salerno, investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, quien sostiene que "en la cultura del aguante hay cierto '...coqueteo con la autodestrucción...'". En este caso, esas prácticas "son objeto de estudio de la politología y no del derecho penal".