La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo emitió ayer dictamen favorable al decreto de necesidad y urgencia 267/2015, mediante el cual se crearon, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones –a cargo de Miguel de Godoy-, que absorbe las atribuciones del Afsca y la Aftic, además de modificar varios artículos de las leyes de medios y de comunicaciones, y crear una comisión para la elaboración del proyecto de ley que reforme, actualice y unifique ambas leyes.
 
Con los votos de los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador, la comisión dictaminó en favor del DNU que puso fin a uno de los estandartes del kirchnerismo. En los fundamentos, los legisladores señalaron "la necesidad de implementar, de manera inmediata y eficaz, un marco legal convergente y homogéneo que contemple por igual —y en forma adecuada—a los servicios audiovisuales y a las comunicaciones bajo la órbita de un ente único de control (Enacom)".
 
Tras aludir al concepto de "convergencia tecnológica" –"internacionalmente aceptado"-, sostuvieron que los medios y comunicaciones son dos industrias que "no pueden concebirse actualmente de manera independiente en razón de no existir entre ellas barreras tecnológicas", una circunstancia no contemplada por las leyes 26.522 y 27.078.
 
"A ello debe agregarse que ambas leyes regularon de manera diferente y desacertada todo lo que debía ser objeto de un mismo ordenamiento legal —y sometido por ende a una misma autoridad de control— lo que produjo efectos regresivos y perjudiciales al proceso de convergencia", sostiene el dictamen, por lo que ambas leyes promovieron "un deterioro creciente de la competitividad y capacidad de desarrollo del sector que se vio reflejado en el retraso de las inversiones en infraestructura de redes de comunicación y la baja calidad de los servicios".
 
Si bien los legisladores coincidieron en la urgencia justificada en la necesidad de poner fin a disposiciones que "resultaron violatorias o restrictivas del derecho a la libertad de expresión y del acceso igualitario (en términos de condiciones generales) a la información en su más amplio sentido y por ende, contrarias al orden jurídico constitucional", también señalaron que "la aplicación e interpretación de este nuevo régimen deberá hacerse entonces con real entendimiento de que constituye un régimen transicional, emitido y aprobado en su validez con el único objetivo de servir como un esquema de solución contingente y provisional, en cuyo curso deberá actuarse con sobradas garantías y pluralismo, el espacio de deliberación que decimos es su déficit actual".