Delgado dio curso este martes a la presentación de la asociación civil Instituto Arturo Sampay, quien a través de sus abogados, advirtió que ese convenio podría disparar demandas de los holding por más de u$s 384.000 millones, el equivalentes a la totalidad del PBI argentino.
 
Si bien el fiscal aceptó abrir la pesquisa, ahora el trámite denuncia queda en manos del juez federal Sebastián Casanello. La denuncia también alcanza a senadores y diputados nacionales, que puedan haber tenido "autoría o participación" en la negociación.
 
La demanda fue presentada por los abogados Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis en representación del Instituto Sampay por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", informaron fuentes judiciales.
 
En un documento que se adjunta a la denuncia advierte que si se concreta el pago en los términos acordados el país se endeudaría en u$s 384.000 millones, considerando eventuales demandas de los bonistas que participaron del canje en el 2005 y el 2010. 
 
Según dijo Barcesat, la presentación es una "acusación penal con las figuras de traición a la Patria, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público contra el Presidente, su gabinete y contra todo diputado o senador que de voto positivo a un acuerdo espurio" en el Congreso.
 
Entre otras medidas, Delgado pidió al juez que requiera los documentos que hayan estado "directa o indirectamente" relacionados a la negociación con los holdouts en la Justicia estadounidense o cualquier otra instancia judicial que se haya abierto al respecto en el mundo. 
 
Además, reclamó a Casanello que "con la premura del caso" libre "una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los 'fondos buitre', ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo", según el dictamen. 
 
El fiscal requirió asimismo que se encomiende "también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154".