La figura del arrepentido impactará en el sector privado
Domingo 03 de
Abril 2016
Quienes participan en casos de corrupción desde el ámbito corporativo podrán ser delatados por compañeros y también ex empleados
La palabra corrupción lleva directamente a pensar en la función pública, pero la realidad es que hay casos de una connivencia pública-privada, o sólo entre privados para cometer delitos que llevan a que el dinero vaya a parar a las manos equivocadas.
"La llamada ley del arrepentido ya existe en nuestra legislación penal para delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro extorsivo y para trata de personas -dice el abogado Roberto Durrieu-. Ahora se va a extender este instrumento a delitos de corrupción."
Desde el sector privado se ve una enorme necesidad de transparencia a la hora de hacer negocios, especialmente con el sector público. La última encuesta global de PwC sobre Delitos Económicos, donde participaron más de 120 empresas en la Argentina y casi 6400 en 115 países, muestra que el nivel local de percepción de corrupción es uno de los más altos. La Argentina está entre los 10 países donde la mayor proporción de empresas manifestó que se les pidió una coima para participar en un negocio, y creen que perdieron la oportunidad porque su competidor la pagó.
Ante esto, el instrumento del arrepentido puede impactar de lleno en empresas y directivos que llevan adelante negocios bajo la premisa "si no lo hago yo, lo hace otro", o "si no pago la coima, pierdo el negocio y me fundo". El Coloquio de IDEA de 2013 fue escenario de autocrítica por parte de empresarios que confesaron que existe, en materia de corrupción, una contradicción entre lo que piensan y lo que efectivamente llevan adelante.
"Hoy las personas son penalmente responsables ante casos de corrupción o de coimas", dice Fernando Basch, investigador del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés. "Sin embargo en la práctica, esto no se ve reflejado en el cumplimiento de penas efectivas, como sí se está viendo, por ejemplo, en Brasil." Allí, el empresario Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión por pagos ilícitos de casi 35 millones de dólares a funcionarios de la firma estatal Petrobras. Basch asegura que el nuevo proyecto busca dotar al sistema de mayor eficacia para llegar a condenas firmes, y que "habrá una mayor recolección de información sobre esquemas fraudulentos que involucren a personas del sector privado y a funcionarios públicos".
También se buscará a través de una nueva ley que las empresas tengan responsabilidad en hechos de corrupción mediante la penalización a personas jurídicas.
"Cada semana leemos sobre un hecho de corrupción en nuestra región -afirma en el informe de PwC Jorge Becher, socio de la firma-. Líderes de gobiernos y de empresas que gozaban de la mejor reputación, evidencian comportamientos corruptos que nos sorprenden. Personalidades y empresas modelo por generaciones son noticia en los titulares porque son actores de escándalos impensados."
Vale recordar que países como Estados Unidos, el Reino Unido y también Brasil tienen leyes durísimas que penalizan actos de corrupción de empresas que cotizan en Bolsa, y estas leyes tienen alcance internacional por lo que existe cierta reticencia a invertir no sólo en la Argentina, sino también en la región.
Diego Bleger, socio a cargo de Forensic Services de KPMG, explica que en los Estados Unidos son los propios directivos de las empresas quienes son penalmente responsables si se toma la decisión de pagar una coima o se comete un ilícito. "Allí se aplican multas a las personas más que a las empresas. Antes eran las mismas compañías las que debían pagar abogados y multas. Hoy, un director toma una decisión errónea y es él quien se hace responsable."
Los bonus, o las acciones que tienen los altos directivos, pueden llevar al intento de incrementar el negocio, sea como sea. De ahí que, a través de la ley americana Sarbanes-Oxley, se penaliza en una forma severa el crimen corporativo llamado de cuello blanco. "Yo me llevo el bonus por haber cumplido objetivos, aumentan mis acciones, y si se descubre la coima es la empresa la que paga. Si esto estaba en la mente de los más altos ejecutivos, la ley puso las cosas en su lugar."
En los Estados Unidos existe la figura del whistleblower que va más allá del arrepentido porque, quizá, la persona no cometió ningún delito, pero denuncia a quien sí lo hizo. "Se trata de la persona que colabora en una investigación en el sector privado. Las reglas son claras: no se lo puede despedir ni bajar el salario ni maltratar de ninguna manera. Es una persona que hay que cuidar. Siempre es positivo que alguien se arrepienta o cuente qué es lo que sucedió", dice Bleger.
"La figura del arrepentido denomina a aquella persona que, habiendo cometido un hecho delictivo, es investigada por la justicia y realiza un pacto formal con la fiscalía para obtener una reducción de la pena a cambio de que se declare culpable y brinde información de alta relevancia para investigar los hechos y desenmascarar a otros autores o cómplices con responsabilidad mayor", dice Carlos Rozen, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y socio de BDO Argentina. "Muchos países del Primer Mundo cuentan con esta figura que permite avanzar con mayor contundencia contra los máximos responsables de actos corruptos o líderes de asociaciones ilícitas."
Sin embargo, también "saber que cualquier socio, compañero, alguien de la competencia o ex empleado despechado te puede denunciar en forma abierta y protegida hace que haya mayor preocupación a la hora de emprender una actividad ilícita", finaliza Bleger.
"La llamada ley del arrepentido ya existe en nuestra legislación penal para delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro extorsivo y para trata de personas -dice el abogado Roberto Durrieu-. Ahora se va a extender este instrumento a delitos de corrupción."
Desde el sector privado se ve una enorme necesidad de transparencia a la hora de hacer negocios, especialmente con el sector público. La última encuesta global de PwC sobre Delitos Económicos, donde participaron más de 120 empresas en la Argentina y casi 6400 en 115 países, muestra que el nivel local de percepción de corrupción es uno de los más altos. La Argentina está entre los 10 países donde la mayor proporción de empresas manifestó que se les pidió una coima para participar en un negocio, y creen que perdieron la oportunidad porque su competidor la pagó.
Ante esto, el instrumento del arrepentido puede impactar de lleno en empresas y directivos que llevan adelante negocios bajo la premisa "si no lo hago yo, lo hace otro", o "si no pago la coima, pierdo el negocio y me fundo". El Coloquio de IDEA de 2013 fue escenario de autocrítica por parte de empresarios que confesaron que existe, en materia de corrupción, una contradicción entre lo que piensan y lo que efectivamente llevan adelante.
"Hoy las personas son penalmente responsables ante casos de corrupción o de coimas", dice Fernando Basch, investigador del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés. "Sin embargo en la práctica, esto no se ve reflejado en el cumplimiento de penas efectivas, como sí se está viendo, por ejemplo, en Brasil." Allí, el empresario Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión por pagos ilícitos de casi 35 millones de dólares a funcionarios de la firma estatal Petrobras. Basch asegura que el nuevo proyecto busca dotar al sistema de mayor eficacia para llegar a condenas firmes, y que "habrá una mayor recolección de información sobre esquemas fraudulentos que involucren a personas del sector privado y a funcionarios públicos".
También se buscará a través de una nueva ley que las empresas tengan responsabilidad en hechos de corrupción mediante la penalización a personas jurídicas.
"Cada semana leemos sobre un hecho de corrupción en nuestra región -afirma en el informe de PwC Jorge Becher, socio de la firma-. Líderes de gobiernos y de empresas que gozaban de la mejor reputación, evidencian comportamientos corruptos que nos sorprenden. Personalidades y empresas modelo por generaciones son noticia en los titulares porque son actores de escándalos impensados."
Vale recordar que países como Estados Unidos, el Reino Unido y también Brasil tienen leyes durísimas que penalizan actos de corrupción de empresas que cotizan en Bolsa, y estas leyes tienen alcance internacional por lo que existe cierta reticencia a invertir no sólo en la Argentina, sino también en la región.
Diego Bleger, socio a cargo de Forensic Services de KPMG, explica que en los Estados Unidos son los propios directivos de las empresas quienes son penalmente responsables si se toma la decisión de pagar una coima o se comete un ilícito. "Allí se aplican multas a las personas más que a las empresas. Antes eran las mismas compañías las que debían pagar abogados y multas. Hoy, un director toma una decisión errónea y es él quien se hace responsable."
Los bonus, o las acciones que tienen los altos directivos, pueden llevar al intento de incrementar el negocio, sea como sea. De ahí que, a través de la ley americana Sarbanes-Oxley, se penaliza en una forma severa el crimen corporativo llamado de cuello blanco. "Yo me llevo el bonus por haber cumplido objetivos, aumentan mis acciones, y si se descubre la coima es la empresa la que paga. Si esto estaba en la mente de los más altos ejecutivos, la ley puso las cosas en su lugar."
En los Estados Unidos existe la figura del whistleblower que va más allá del arrepentido porque, quizá, la persona no cometió ningún delito, pero denuncia a quien sí lo hizo. "Se trata de la persona que colabora en una investigación en el sector privado. Las reglas son claras: no se lo puede despedir ni bajar el salario ni maltratar de ninguna manera. Es una persona que hay que cuidar. Siempre es positivo que alguien se arrepienta o cuente qué es lo que sucedió", dice Bleger.
"La figura del arrepentido denomina a aquella persona que, habiendo cometido un hecho delictivo, es investigada por la justicia y realiza un pacto formal con la fiscalía para obtener una reducción de la pena a cambio de que se declare culpable y brinde información de alta relevancia para investigar los hechos y desenmascarar a otros autores o cómplices con responsabilidad mayor", dice Carlos Rozen, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y socio de BDO Argentina. "Muchos países del Primer Mundo cuentan con esta figura que permite avanzar con mayor contundencia contra los máximos responsables de actos corruptos o líderes de asociaciones ilícitas."
Sin embargo, también "saber que cualquier socio, compañero, alguien de la competencia o ex empleado despechado te puede denunciar en forma abierta y protegida hace que haya mayor preocupación a la hora de emprender una actividad ilícita", finaliza Bleger.
Con información de
LA NACION
