La principal limitación que planteó la agrupación de Carrió fue que ningún funcionario de los tres poderes del Estado, tanto del ámbito nacional, municipal y provincial, pueda sumarse al beneficio impositivo, como así tampoco los empresarios que hayan tenido concesiones o negocios con el sector público. La declaración ocurre mientras se espera un encuentro entre la diputada y el presidente para hablar sobre ese proyecto, tras algún reparo planteado por ella desde los Estados Unidos.
 
"La Junta Nacional de la Coalición Cívica ARI afirma que los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ya que constituiría un acuerdo de impunidad", se indicó en un comunicado al que tuvo acceso Infobae.
 
"Esta decisión de la CC ARI contiene la postura histórica del partido liderado por Elisa Carrió y es de carácter innegociable, ya que de hacerse constituiría una clara violación al tratado anticorrupción y un escándalo moral para el país", consignó.
 
Carrió integra la coalición gobernante de Cambiemos pero ha marcado diferencias sobre algunas políticas y determinaciones, como en este caso el blanqueo que la Casa Rosada puso en marcha y con el que pretende pagar a los jubilados que tienen juicio contra el Estado.
 
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, había dicho que también los funcionarios podían sumarse al beneficio y el bloque del Frente para la Victoria ya había su rechazo a esta posibilidad y había pedido que se los excluya, como en este caso también reclamó el partido de Carrió.