La Cámara de Diputados aprobó el jueves a la mañana, en una tensa y maratónica sesión, la reforma del Consejo de la Magistratura, pero como modificó los artículos referidos a la administración del Poder Judicial y las facultades de superintendencia para que se mantengan en órbita de la Corte Suprema, ahora el Senado deberá expedirse sobre esos cambios.
 
Las modificaciones en el cuerpo colegiado, encargado de designación y contralor del desempeño de los jueces, deberá también estar acompañado por reformas en el proyecto sobre acceso democrático a la carrera judicial.
 
Por ese motivo se convocó a un plenario para el martes a las 15  de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, con el fin de emitir despacho sobre los cambios que realizó diputados al proyecto sobre el Consejo de la Magistratura.
 
El oficialismo aceptó estos cambios consensuados con el Poder Ejecutivo al considerar que era aceptable la sugerencia de los camaristas federales, de mantener en órbita de la Corte Suprema la administración de los recursos, la facultad de superintendencia y el control sobre el personal.
 
De hecho, la reforma no modifica los puntos centrales de la propuesta diseñada por el gobierno, que son la ampliación de miembros del consejo y la elección por voto de la ciudadanía de los tres jueces, seis académicos, y tres letrados, que hasta ahora eran elegidos por representantes de estos sectores.
 
De todos modos, los jueces de la Corte, que mantendrán en su poder la administración de recursos y nombramientos de empleados deberán cumplir determinados lineamientos para los concursos de acceso a la carrera judicial, así como los horarios que deberán cumplir trabajadores y magistrados, que no podrán ejercer la docencia en horario de trabajo.