A través del decreto 456/2013, el Ejecutivo promulgó la norma aprobada el jueves a la mañana por el Congreso, tras una tensa y maratónica sesión en la que también fue sancionada la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y aprobada con modificaciones la reforma al Consejo de la Magistratura, que hoy analizará el Senado a nivel de comisión.

De esta forma, la primera de las seis iniciativas en ponerse en  marcha del denominado paquete de reforma judicial enviado al Parlamento por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la que regula la aplicación de las medidas cautelares en causas contra el Estado o sus entes descentralizados.

Así ocurrió con la publicación hoy de la promulgación de esta norma en el Boletín Oficial, con las firmas de los presidentes del Senado, Amado Boudou, y de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, como así también de los secretarios Juan Estrada y Gervasio Bozzano.

El jueves pasado, tras casi 20 horas de debate, tensión y permanentes contrapuntos entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados logró aprobar con modificaciones la reforma al Consejo de la Magistratura, que ya contaba con media sanción del Senado, que ahora deberá pronunciarse sobre esos cambios.

En tanto, en las últimas dos horas de la sesión y con la ausencia de gran parte de los legisladores de la oposición, el oficialismo junto a sus aliados logró convertir en ley con 126 votos a favor otros dos proyectos del paquete de reforma judicial: el de las cautelares y el que crea las Cámaras de Casación (que aún no fue promulgado).

La flamante ley puesta en vigencia hoy fija un mecanismo tendiente a que, en lascausas que involucran al Estado, las medidas cautelares tengan un plazo determinado, aunque exceptúa las situaciones que afecten la vida, la salud, el medio ambiente o a los sectores vulnerables.

Justamente, la incorporación de los sectores vulnerables fue una de las modificaciones incorporadas al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en el marco de la discusión en el Senado, a instancias de observaciones realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones de la sociedad civil.