El Senado dio media sanción a la ley de debates presidenciales obligatorios
Miércoles 02 de
Noviembre 2016
La Cámara alta aprobó con 46 votos a favor y 10 en contra el proyecto que modifica el Código Nacional Electoral, y fija dos debates obligatorios entre los candidatos a presidentes que superen el piso de las PASO. También habrá otro debate en caso de balotaje.
El Senado dio media sanción este miércoles a un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los debates presidenciales. La iniciativa, consensuada entre distintas propuestas, cosechó 46 votos positivos y 10 negativos.
A través de la ley, que modifica el Código Electoral Nacional, se establece la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a residente de la Nación, “con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
La discusión la abrió Eduardo Aguilar (PJ-FpV), autor de uno de los proyectos, quien destacó que el texto “recoge una larga lista de proyectos presentados hace tiempo”. El senador criticó que en la política argentina “cuando un candidato va primero en las encuestas, en general, se niega a debatir”.
“Las últimas campañas terminaron con nuestros candidatos bailando en shows televisivos”, señaló, y agregó: “Estamos ganados por una cultura del entretenimiento y nos preocupa recuperar credibilidad para la política”.
Sin embargo, Aguilar resaltó los dos debates organizados por Argentina Debate en las elecciones del año pasado. Respecto de la iniciativa, aseguró que la realización de un debate en el interior es “un paso federal” y expresó que los debates pueden ayudar “a mostrar quienes están más preparados para gobernar y quienes no”.
En rechazo al proyecto, la kirchnerista Virginia García defendió su dictamen de minoría que proponía que los debates no fueran obligatorios. “Creemos en los debates, pero en las condiciones que no nos impongan los medios de comunicación dominantes y la televisión”, sostuvo.
La cuñada de Máximo Kirchner recordó “a los que les gusta mirar Estados Unidos” que el país norteamericano “no tiene una regulación obligatoria” de debates. “Nosotros nos vamos a seguir negando a que la política tenga que ser entretenida”, dijo.
Por su parte, la radical Silvia Elías de Pérez consideró que el debate ayudará a que “todos los proyectos lleguen a ser conocidos por los ciudadanos”, y subrayó el “trato igualitario entre los partidos más pequeños y los más grandes”, que tendrán las mismas posibilidades de poder acceder al debate. En tanto, el mendocino Julio Cobos manifestó: “Ojalá los debates puedan ser generalizados para otros cargos lectivos”.
A su turno, Marina Riofrío coincidió con Virginia García y declaró estar “absolutamente en desacuerdo” con el proyecto. “La política se está entregando descaradamente a las cuestiones mediáticas”, se quejó y cuestionó los debates del año pasado, donde “el 95 por ciento de lo que dijo” el presidente Mauricio Macri “no se cumplió”.
Para Cristina Fiore (Pares), impulsora de una de las iniciativas, “el marketing está más presente en las publicidades que en los debates” y afirmó que en Argentina falta “el ejercicio de escucharnos y uno que es más difícil todavía, el de tolerarnos”. “El 78 por ciento de los argentinos considera importante que haya un debate presidencial”, remarcó.
En el cierre del debate, el senador Néstor Braillard Poccard (Pro) calificó a la ley como un “paso sustancial” para que los ciudadanos puedan conocer “qué piensan sus candidatos” y “qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer”.
El jefe temporario del interbloque Cambiemos confesó que “en el fondo” quería que el debate fuese voluntario, pero justificó su inclinación por lo obligatorio por el “derecho” que tienen las personas de “escuchar” a los postulantes y “después sacar sus propias conclusiones”.
El debate será obligatorio para todos los candidatos que superen el piso de las PASO, y según la iniciativa serán convocados a participar cinco días después las elecciones primarias. En tanto, el texto indica que quien no cumpla con la obligación será sancionado con “el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual”.
“Dichos espacios se repartirán de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes. Asimismo, el espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato faltante permanecerá vacío junto al resto de los participantes, a fin de denotar su ausencia”, señala la norma en este sentido.
En cuanto a los temas del debate, la CNE contará con el asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil “comprometidas con la promoción de los valores democráticos”, para fijar el reglamento, los moderadores y las temáticas.
Según la ley se realizarán dos debates, uno en el interior del país, que se llevarán a cabo dentro de los 20 y 7 días anteriores a la fecha de elección; y habrá uno adicional en caso del balotaje, que tendrá que hacerse 10 días antes de la segunda vuelta electoral.
La transmisión será por los medios públicos del país, y durante el debate “se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual y los anuncios públicos de los actos de gobierno”. Por otra parte, se señala que, en caso que expresen su voluntad, los candidatos a vicepresidente también podrán protagonizar un debate.
A través de la ley, que modifica el Código Electoral Nacional, se establece la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a residente de la Nación, “con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
La discusión la abrió Eduardo Aguilar (PJ-FpV), autor de uno de los proyectos, quien destacó que el texto “recoge una larga lista de proyectos presentados hace tiempo”. El senador criticó que en la política argentina “cuando un candidato va primero en las encuestas, en general, se niega a debatir”.
“Las últimas campañas terminaron con nuestros candidatos bailando en shows televisivos”, señaló, y agregó: “Estamos ganados por una cultura del entretenimiento y nos preocupa recuperar credibilidad para la política”.
Sin embargo, Aguilar resaltó los dos debates organizados por Argentina Debate en las elecciones del año pasado. Respecto de la iniciativa, aseguró que la realización de un debate en el interior es “un paso federal” y expresó que los debates pueden ayudar “a mostrar quienes están más preparados para gobernar y quienes no”.
En rechazo al proyecto, la kirchnerista Virginia García defendió su dictamen de minoría que proponía que los debates no fueran obligatorios. “Creemos en los debates, pero en las condiciones que no nos impongan los medios de comunicación dominantes y la televisión”, sostuvo.
La cuñada de Máximo Kirchner recordó “a los que les gusta mirar Estados Unidos” que el país norteamericano “no tiene una regulación obligatoria” de debates. “Nosotros nos vamos a seguir negando a que la política tenga que ser entretenida”, dijo.
Por su parte, la radical Silvia Elías de Pérez consideró que el debate ayudará a que “todos los proyectos lleguen a ser conocidos por los ciudadanos”, y subrayó el “trato igualitario entre los partidos más pequeños y los más grandes”, que tendrán las mismas posibilidades de poder acceder al debate. En tanto, el mendocino Julio Cobos manifestó: “Ojalá los debates puedan ser generalizados para otros cargos lectivos”.
A su turno, Marina Riofrío coincidió con Virginia García y declaró estar “absolutamente en desacuerdo” con el proyecto. “La política se está entregando descaradamente a las cuestiones mediáticas”, se quejó y cuestionó los debates del año pasado, donde “el 95 por ciento de lo que dijo” el presidente Mauricio Macri “no se cumplió”.
Para Cristina Fiore (Pares), impulsora de una de las iniciativas, “el marketing está más presente en las publicidades que en los debates” y afirmó que en Argentina falta “el ejercicio de escucharnos y uno que es más difícil todavía, el de tolerarnos”. “El 78 por ciento de los argentinos considera importante que haya un debate presidencial”, remarcó.
En el cierre del debate, el senador Néstor Braillard Poccard (Pro) calificó a la ley como un “paso sustancial” para que los ciudadanos puedan conocer “qué piensan sus candidatos” y “qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer”.
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