La provincia pidió ser querellante en la megacausa por fraude inmobiliario
Sábado 03 de
Diciembre 2016
Lo hizo a través del Procurador General, Juan Carlos Carbone. Las defensas de 10 de los 11 imputados se oponen al reclamo.
El gobierno de la provincia de Santa Fe pidió ser admitido como querellante en la megacausa por estafas con terrenos e inmuebles que tiene a 11 personas acusadas de pertenecer a una asociación ilícita dedicada a fraudes inmobiliarios y lavado de activos. A lo largo de seis horas de debate, el Procurador General de la provincia, Juan Carlos Carbone, reclamó ser parte de la causa que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos de Rosario y que hace dos meses desembocó en una serie de allanamientos y detenciones. El fiscal Sebastián Narvaja adhirió al pedido, mientras que los abogados de diez imputados se opusieron con una batería de argumentos y sólo uno de los defensores aceptó la participación del gobierno provincial en la acusación. La jueza Mónica Lamperti dará a conocer su resolución recién el miércoles próximo.
La audiencia se desarrolló en los Tribunales provinciales sin la presencia de los imputados y con escaso público en una pequeña sala. La inusual cantidad de abogados defensores obligó a agregar una fila de asientos en torno de la jueza, quien moderó un debate extenso y centrado en argumentaciones técnicas. El asunto en discusión es si le corresponde o no al Estado provincial considerarse damnificado por los delitos que se investigan en estos legajos judiciales: estafas, falsificación de documentos públicos, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros.
Siete casos. En este resonante proceso penal se analizan siete hechos de despojo de inmuebles a sus dueños. Según la Fiscalía, las maniobras consistían en apropiarse de los inmuebles mediante poderes falsos para, con el uso de documentos apócrifos, generar luego una cadena de ventas y reingresar las propiedades al mercado inmobiliario con apariencia de legalidad.
Los acusados que están en prisión preventiva son el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, su esposa Ramona Rodríguez (cumple arresto domiciliaria) y su chofer Jonathan Zárate; el sindicalista Maximiliano González de Gaetano; los empresarios Leandro David Pérez, Marcelo Basilio Jaef y Jorge Oneto y los escribanos Eduardo Martín Torres y Juan Bautista Aliau (también bajo prisión domiciliaria por razones psiquiátricas). A ellos se suman, en libertad, el empresario Pablo Abdala y el escribano Luis María Kurtzemann. Tránsito Retamar Portillo, en tanto, es el único prófugo de la causa.
El pedido. El procurador Carbone anunció su pretensión de ser querellante respecto de todos los implicados en la "megacausa". Abrió su exposición remitiéndose al escrito previo en el que la Fiscalía de Estado pidió que se admitiera a la provincia como querellante "en expreso cumplimiento de instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo provincial", tal como había anticipado a la prensa el gobernador Miguel Lifschitz (ver aparte).
El planteo de la provincia es que "los hechos podrían causar graves perjuicios al Estado provincial porque están afectados bienes jurídicos como la propiedad, el orden público, la fe pública y el orden económico y financiero".
"Aquí están en juego bienes que no son propios de los sujetos imputados —dijo Carbone—. Lo que hacen es instrumentar negocios jurídicos privados mediante registros públicos. Los registros y protocolos de los escribanos no son de privados, sino bienes del Estado, y al estar juzgándose si ha habido falsificación de documentos públicos es evidente que existe una posible afectación de bienes del Estado".
Para el procurador, esos delitos habrían afectado las arcas provinciales por las operaciones tributarias que se omitieron. Pero, además, consideró que a partir del extravío de parte de un legajo del Registro de la Propiedad "el Estado tiene interés de investigar" ante "una responsabilidad disciplinaria de los estatutos de empleados públicos". Aclaró que su aporte a la investigación será "distinto" al del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Diez en contra. Luego, la jueza rechazó un primer pedido de las defensas para desestimar el planteo antes de comenzar a discutirlo. Entonces se escucharon los argumentos en contra. Al pedido se opusieron Jorge Ilharrescondo y Oscar Romera, defensores de Oneto; Jorge Bedouret, en representación de González De Gaetano; Ignacio Carbone, por Zárate; Adrián Martínez por Jaef y Pérez; Marcelo Piercecchi por el escribano Torres; Juan Lewis por Kurtzemann y Aliau; y el abogado Hugo Leguizamón por Aymo.
Ilharrescondo planteó que la Fiscalía de Estado, como órgano público, carece de legitimación y personería para ser querellante, una actividad que (consideró) no está entre sus funciones ni en su normativa. También remarcó que no está clara cuáles fueron las instrucciones del gobernador al respecto y que "no hay una condición de ofendido" por las figuras penales que se discuten.
A renglón seguido, además de cuestionar rasgos formales de la presentación, Bedouret aportó que "no existe ningún bien de la provincia que haya sido violentado. Si le roban al Banco de Santa Fe, por supuesto que sería ofendida penalmente. Pero en este caso, los intereses políticos inclinan la balanza". Advirtió que el orden y la fe públicos "son colectivos, supraindividuales" y que en caso de concederse a la provincia la atribución de ser querellante "después van a venir el Concejo Municipal de Rosario, Mónica Fein, el presidente Macri o hasta el gobernador de Córdoba".
Para el defensor, el Estado en esta causa ya se encuentra representado a través del Ministerio Público de la Acusación. Y recordó que planteos similares fueron desestimados tras la tragedia de Once (el tren que chocó en esa estación de Capital Federal causando 50 muertos) y el incendio y derrumbe de un depósito en Barracas (que le costó la vida a un par de bombreros). "Si algo le faltaba a esta causa era la provincia ingresando al proceso", protestó Ignacio Carbone, quien aludió a "matices o condimentos políticos".
Otro argumento acercó Adrián Martínez, para quien el ingreso de la provincia al debate "afecta a la igualdad de armas en el proceso": "En un sistema republicano de gobierno un poder no tiene injerencia sobre otro. Salvo que Miguel Lifschitz se considere Luis XIV y diga «El Estado soy yo»".
Uno a favor. La excepción fue Froilán Ravena, defensor del empresario Pablo Abdala, quien si bien aclaró que "la cuestión se debe tratar con mucho cuidado, porque estamos en riesgo de que si roban una gasa del hospital Provincial la provincia pretenda ser querellante", lo avaló en este caso. Señaló que, tras sus dichos públicos anunciando que sería querellante, "el gobernador quedó comprometido a cumplimentar su mensaje ante la sociedad".
Y a continuación explicó por qué no se opone a que la provincia sea querellante: "Tengo la firme convicción personal de que mi defendido no debería estar involucrado en esta causa y se encuentra transitando este proceso por un error subjetivo de la Fiscalía. No veo con malos ojos que ingrese una tercera parte que, de manera objetiva, controle la legalidad del proceso y tenga una visión distinta, con las evidencias reunidas. Y entienda que mi defendido no debería estar aquí como imputado, no dudemos que fue una víctima".
En ese marco, y cuando el debate llevaba ya seis horas, la magistrada dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles, cuando dará a conocer su respuesta a los planteos de las partes y se sabrá si el gobierno santafesino asume o no un rol acusatorio. También entonces dará respuesta al pedido de ser querellante de Juan Ignacio Borghi, último comprador de un campo de Villa Amelia que se considera estafado y que presentó su reclamo en una audiencia posterior.
El anuncio que hizo el gobernador
El 17 de octubre, el gobernador Miguel Lifschitz anunció oficialmente que la provincia se presentaría como querellante en la megacausa por fraude inmobiliario. "Entendemos que más allá de la gravedad de los hechos, se han afectado bienes jurídicos que deben ser protegidos, que deben ser tutelados por la provincia y que son protegidos por las leyes. Y en ese sentido, más allá de la acción que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación y el incipiente desarrollo del proceso, entendemos que le cabe al gobierno de la provincia participar de estos procesos e incorporarnos al proceso como querellantes", explicó el primer mandatario.
La audiencia se desarrolló en los Tribunales provinciales sin la presencia de los imputados y con escaso público en una pequeña sala. La inusual cantidad de abogados defensores obligó a agregar una fila de asientos en torno de la jueza, quien moderó un debate extenso y centrado en argumentaciones técnicas. El asunto en discusión es si le corresponde o no al Estado provincial considerarse damnificado por los delitos que se investigan en estos legajos judiciales: estafas, falsificación de documentos públicos, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros.
Siete casos. En este resonante proceso penal se analizan siete hechos de despojo de inmuebles a sus dueños. Según la Fiscalía, las maniobras consistían en apropiarse de los inmuebles mediante poderes falsos para, con el uso de documentos apócrifos, generar luego una cadena de ventas y reingresar las propiedades al mercado inmobiliario con apariencia de legalidad.
Los acusados que están en prisión preventiva son el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, su esposa Ramona Rodríguez (cumple arresto domiciliaria) y su chofer Jonathan Zárate; el sindicalista Maximiliano González de Gaetano; los empresarios Leandro David Pérez, Marcelo Basilio Jaef y Jorge Oneto y los escribanos Eduardo Martín Torres y Juan Bautista Aliau (también bajo prisión domiciliaria por razones psiquiátricas). A ellos se suman, en libertad, el empresario Pablo Abdala y el escribano Luis María Kurtzemann. Tránsito Retamar Portillo, en tanto, es el único prófugo de la causa.
El pedido. El procurador Carbone anunció su pretensión de ser querellante respecto de todos los implicados en la "megacausa". Abrió su exposición remitiéndose al escrito previo en el que la Fiscalía de Estado pidió que se admitiera a la provincia como querellante "en expreso cumplimiento de instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo provincial", tal como había anticipado a la prensa el gobernador Miguel Lifschitz (ver aparte).
El planteo de la provincia es que "los hechos podrían causar graves perjuicios al Estado provincial porque están afectados bienes jurídicos como la propiedad, el orden público, la fe pública y el orden económico y financiero".
"Aquí están en juego bienes que no son propios de los sujetos imputados —dijo Carbone—. Lo que hacen es instrumentar negocios jurídicos privados mediante registros públicos. Los registros y protocolos de los escribanos no son de privados, sino bienes del Estado, y al estar juzgándose si ha habido falsificación de documentos públicos es evidente que existe una posible afectación de bienes del Estado".
Para el procurador, esos delitos habrían afectado las arcas provinciales por las operaciones tributarias que se omitieron. Pero, además, consideró que a partir del extravío de parte de un legajo del Registro de la Propiedad "el Estado tiene interés de investigar" ante "una responsabilidad disciplinaria de los estatutos de empleados públicos". Aclaró que su aporte a la investigación será "distinto" al del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Diez en contra. Luego, la jueza rechazó un primer pedido de las defensas para desestimar el planteo antes de comenzar a discutirlo. Entonces se escucharon los argumentos en contra. Al pedido se opusieron Jorge Ilharrescondo y Oscar Romera, defensores de Oneto; Jorge Bedouret, en representación de González De Gaetano; Ignacio Carbone, por Zárate; Adrián Martínez por Jaef y Pérez; Marcelo Piercecchi por el escribano Torres; Juan Lewis por Kurtzemann y Aliau; y el abogado Hugo Leguizamón por Aymo.
Ilharrescondo planteó que la Fiscalía de Estado, como órgano público, carece de legitimación y personería para ser querellante, una actividad que (consideró) no está entre sus funciones ni en su normativa. También remarcó que no está clara cuáles fueron las instrucciones del gobernador al respecto y que "no hay una condición de ofendido" por las figuras penales que se discuten.
A renglón seguido, además de cuestionar rasgos formales de la presentación, Bedouret aportó que "no existe ningún bien de la provincia que haya sido violentado. Si le roban al Banco de Santa Fe, por supuesto que sería ofendida penalmente. Pero en este caso, los intereses políticos inclinan la balanza". Advirtió que el orden y la fe públicos "son colectivos, supraindividuales" y que en caso de concederse a la provincia la atribución de ser querellante "después van a venir el Concejo Municipal de Rosario, Mónica Fein, el presidente Macri o hasta el gobernador de Córdoba".
Para el defensor, el Estado en esta causa ya se encuentra representado a través del Ministerio Público de la Acusación. Y recordó que planteos similares fueron desestimados tras la tragedia de Once (el tren que chocó en esa estación de Capital Federal causando 50 muertos) y el incendio y derrumbe de un depósito en Barracas (que le costó la vida a un par de bombreros). "Si algo le faltaba a esta causa era la provincia ingresando al proceso", protestó Ignacio Carbone, quien aludió a "matices o condimentos políticos".
Otro argumento acercó Adrián Martínez, para quien el ingreso de la provincia al debate "afecta a la igualdad de armas en el proceso": "En un sistema republicano de gobierno un poder no tiene injerencia sobre otro. Salvo que Miguel Lifschitz se considere Luis XIV y diga «El Estado soy yo»".
Uno a favor. La excepción fue Froilán Ravena, defensor del empresario Pablo Abdala, quien si bien aclaró que "la cuestión se debe tratar con mucho cuidado, porque estamos en riesgo de que si roban una gasa del hospital Provincial la provincia pretenda ser querellante", lo avaló en este caso. Señaló que, tras sus dichos públicos anunciando que sería querellante, "el gobernador quedó comprometido a cumplimentar su mensaje ante la sociedad".
Y a continuación explicó por qué no se opone a que la provincia sea querellante: "Tengo la firme convicción personal de que mi defendido no debería estar involucrado en esta causa y se encuentra transitando este proceso por un error subjetivo de la Fiscalía. No veo con malos ojos que ingrese una tercera parte que, de manera objetiva, controle la legalidad del proceso y tenga una visión distinta, con las evidencias reunidas. Y entienda que mi defendido no debería estar aquí como imputado, no dudemos que fue una víctima".
En ese marco, y cuando el debate llevaba ya seis horas, la magistrada dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles, cuando dará a conocer su respuesta a los planteos de las partes y se sabrá si el gobierno santafesino asume o no un rol acusatorio. También entonces dará respuesta al pedido de ser querellante de Juan Ignacio Borghi, último comprador de un campo de Villa Amelia que se considera estafado y que presentó su reclamo en una audiencia posterior.
El anuncio que hizo el gobernador
El 17 de octubre, el gobernador Miguel Lifschitz anunció oficialmente que la provincia se presentaría como querellante en la megacausa por fraude inmobiliario. "Entendemos que más allá de la gravedad de los hechos, se han afectado bienes jurídicos que deben ser protegidos, que deben ser tutelados por la provincia y que son protegidos por las leyes. Y en ese sentido, más allá de la acción que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación y el incipiente desarrollo del proceso, entendemos que le cabe al gobierno de la provincia participar de estos procesos e incorporarnos al proceso como querellantes", explicó el primer mandatario.
Con información de
LA CAPITAL
