“La democracia, en Brasil, no puede tener este final”, desafió Calheiros al anunciar que la mesa directiva del Senado, es decir, líderes de casi todos los partidos, cerraron filas en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Judicial.
 
Ya en forma de novela brasileña, la crisis política ha llegado a lo más alto de los poderes, lo cual también pone en jaque el margen de maniobra del debilitado presidente Temer, quien si pierde a Calheiros en la conducción del Senado reducirá sus chances de aprobar el ajuste, según analistas.
 
Una parte de la realidad brasileña del programa económico para salvar las cuentas públicas se vio en Río de Janeiro, donde durante tres horas se enfrentaron como en una plaza de guerra en el centro de la ciudad manifestantes y policías.
 
Al menos seis manifestantes que se oponían al ajuste que se debate en la Asamblea Legislativa resultaron heridos, al igual que ocho policías, víctimas de piedrazos y de pirotecnia lanzada por miles de activistas.
 
Al mismo tiempo, medidas impopulares fueron anunciadas por el gobierno de Temer, como una severa reforma jubilatoria que pone como piso obligatorio trabajar en blanco durante 25 años y no 15. 
 
El gobierno, para evitar el colapso en 2027 del déficit previsional, informó que para cobrar el techo de la jubilación, unos 1500 dólares al cambio de hoy, habrá que aportar durante 49 años, caso contrario se cobra en forma previsional.
 
Pero sin dudas en Brasilia el choque institucional llegó a uno de los puntos más altos, ya que Calheiros y la mesa directiva del Senado, cuyo vicepresidente es Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores (PT) desconocieron el fallo cautelar del ministro de la corte suprema Marco Aurelio Mello.
 
Mello destituyó en forma provisoria al senador del cargo de presidente de la cámara alta porque la semana pasada había sido procesado por corrupción, por recibir sobornos de la empresa Mendes Junior para pagar gastos de un hijo extramatrimonial con la periodista Monica Veloso.
 
Calheiros, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer, fue apartado del cargo de presidente del Senado anoche por una medida cautelar de Mello, que aceptó una demanda en ese sentido del partido Red Sustentable.
 
El argumento es que Calheiros está procesado en una causa de supuesta corrupción y por ende no podría formar parte de la línea de sucesión presidencial, un asunto que mañana votará el plenario del Supremo Tribunal Federal.
 
Por otra parte, el PT presiona a Viana, para que asuma la presidencia y borre de la agenda de votaciones la enmienda constitucional 55, prevista para el próximo día 13, el proyecto que congela por 20 años el presupuesto y que es la principal medida del gobierno de Temer.
 
Sin esta propuesta adelante, el gobierno de Temer, asumido tras la caída de Dilma Rousseff, se ve amenazado no apenas por los opositores, sino por sus aliados, que ya le objetaron al ministro de Economía y exhiben movimientos para elegir en forma indirecta, en 2017, un nuevo presidente de consenso del Congreso.
 
"La situación institucional es gravísima", sostuvo Viana.
 
En ese marco, el ministro de la corte Gilmar Mendes, abiertamente aliado con el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en cuyo gobierno fue abogado de la gestión, dijo que Mello merece “el impeachment”, en una declaración citada por el diario O Globo y que muestra el nivel de la crisis entre las propias instituciones.
 
La pulseada entre el Congreso y el Poder Judicial se hizo más evidente la semana pasada, cuando un paquete de medidas anticorrupción presentado por los fiscales de la Operación Lava Jato, que invesiga la corrupción en Petrobras y sus ramificaciones políticas, fue cambiado por la Cámara de Diputados, que aprobó aumentar las penas por abuso de poder de fiscales y jueces.
 
Eso provocó la amenaza de renuncia de los fiscales del escándalo de Petrobras y hasta la intervención del popular juez Moro, al punto que el magistrado fue vivado por los grupos de la derecha que salieron el domingo a manifestar en varias ciudades del país contra este paquete de medidas y en especial contra Calheiros.
 
En ese marco, otro investigado en el Petrolao, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de “imberbes” a los fiscales por creerse “elegidos por Dios” y los acusó de haber provocado con la operación un freno en la economía del país. “Yo me pregunto cuánto la Operación Lava Jato tiene que ver con el desempleo”, dijo Lula en un video divulgado en las redes sociales por sus aliados, durante un encuentro con intelectuales.