No hay peor juez que el que no quiere oír al fiscal
Jueves 15 de
Diciembre 2016
En un caso de homicidio en el que se condenó a un joven a una pena superior a la solicitada por el fiscal en su alegato, el TSJ de San Luis destacó que “el Tribunal encuentra un límite en las pretensiones del acusador que surge de sus respectivos roles de acuerdo a la manda constitucional". Los jueces redujeron a la mitad la pena aplicada.
En los autos “G., E. A. - AV. Homicidio Calificado en Tentativa - Recurso de Casación”, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa y, en consecuencia, redujo a la mitad la pena impuesta a un joven responsable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el vinculo, mediando, circunstancias extraordinarias de atenuación en concurso real, con desobediencia a una orden judicial.
En el caso, la Cámara del Crimen resolvió declarar penalmente responsable al joven por el “delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa en concurso real, con desobediencia a una orden; condenándolo a sufrir la pena de diez años y dos meses de prisión, accesorias de ley y costas procesales”.
Como primer agravio, el recurrente solicitó la nulidad del veredicto, dado que la acusación fiscal solicitó una “pena de cinco años y cinco meses, y ese es el máximo de la pena que se le puede imponer al acusado, ya que es la Fiscalía la que tiene la facultad de acusar en ejercicio de la Acción Pública”.
En este sentido, se agravió por entender que “al dictar una condena y/o una pena mayor a la requerida por el Fiscal, está violando uno de los principios del debido proceso, y que es un elemento básico del sistema acusatorio”, y que si el Superior Tribunal de Justicia confirma la sentencia, “no estaríamos ante un sistema acusatorio, sino todo lo contrario, frente a un derecho penal abierto”.
De este modo, el Máximo Tribunal provincial destacó que “se condenó una pena superior a la solicitada por el fiscal en su alegato”. En efecto, los jueces recordaron el precedente “Amodio” de la Corte Suprema, donde se afirmó que “la función jurisdiccional se encuentra atravesada por el principio del contradictorio, lo que impide -en el caso-, la aplicación de una pena mayor que la solicitada por el fiscal en el juicio”.
“(…) Pues el derecho a ser oído reclama del órgano jurisdiccional un pronunciamiento que debe expedirse sobre el hecho y las circunstancias contenidas o delimitadas en la acusación, fijando entonces aquella regla el ámbito máximo de decisión del fallo penal”, indicó el fallo.
En este sentido, los jueces recordaron que “el derecho de defensa impone al juez, juzgar de acuerdo al alcance que fija la acusación y cualquier intento por superar esa pretensión, incurre en un ejercicio jurisdiccional extra o ultra petita”, y que ello implica la “agravación de la situación del imputado, sin que mediare un pedido expreso, de quien se encuentra autorizado para hacerlo, en contra de la prohibición de la reformatio in peius”.
También mencionaron que la jurisprudencia ha sostenido que “el acto de acusación (…) debe incluir –ineludiblemente- una propuesta fundada sobre la determinación de la pena, de manera tal que la defensa del imputado conozca las circunstancias consideradas relevantes para fijarla y pueda rebatir aquellos fundamentos e invocar las circunstancias que, según su opinión, deban conducir a imponer una pena más leve”.
Para los magistrados, “el tribunal encuentra un límite en las pretensiones del acusador que surge de sus respectivos roles de acuerdo a la manda constitucional”.
En el caso, la Cámara del Crimen resolvió declarar penalmente responsable al joven por el “delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa en concurso real, con desobediencia a una orden; condenándolo a sufrir la pena de diez años y dos meses de prisión, accesorias de ley y costas procesales”.
Como primer agravio, el recurrente solicitó la nulidad del veredicto, dado que la acusación fiscal solicitó una “pena de cinco años y cinco meses, y ese es el máximo de la pena que se le puede imponer al acusado, ya que es la Fiscalía la que tiene la facultad de acusar en ejercicio de la Acción Pública”.
En este sentido, se agravió por entender que “al dictar una condena y/o una pena mayor a la requerida por el Fiscal, está violando uno de los principios del debido proceso, y que es un elemento básico del sistema acusatorio”, y que si el Superior Tribunal de Justicia confirma la sentencia, “no estaríamos ante un sistema acusatorio, sino todo lo contrario, frente a un derecho penal abierto”.
De este modo, el Máximo Tribunal provincial destacó que “se condenó una pena superior a la solicitada por el fiscal en su alegato”. En efecto, los jueces recordaron el precedente “Amodio” de la Corte Suprema, donde se afirmó que “la función jurisdiccional se encuentra atravesada por el principio del contradictorio, lo que impide -en el caso-, la aplicación de una pena mayor que la solicitada por el fiscal en el juicio”.
“(…) Pues el derecho a ser oído reclama del órgano jurisdiccional un pronunciamiento que debe expedirse sobre el hecho y las circunstancias contenidas o delimitadas en la acusación, fijando entonces aquella regla el ámbito máximo de decisión del fallo penal”, indicó el fallo.
En este sentido, los jueces recordaron que “el derecho de defensa impone al juez, juzgar de acuerdo al alcance que fija la acusación y cualquier intento por superar esa pretensión, incurre en un ejercicio jurisdiccional extra o ultra petita”, y que ello implica la “agravación de la situación del imputado, sin que mediare un pedido expreso, de quien se encuentra autorizado para hacerlo, en contra de la prohibición de la reformatio in peius”.
También mencionaron que la jurisprudencia ha sostenido que “el acto de acusación (…) debe incluir –ineludiblemente- una propuesta fundada sobre la determinación de la pena, de manera tal que la defensa del imputado conozca las circunstancias consideradas relevantes para fijarla y pueda rebatir aquellos fundamentos e invocar las circunstancias que, según su opinión, deban conducir a imponer una pena más leve”.
Para los magistrados, “el tribunal encuentra un límite en las pretensiones del acusador que surge de sus respectivos roles de acuerdo a la manda constitucional”.
Con información de
DIARIO JUDICIAL
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