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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE DIPUTADOS RECLAMÓ A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS QUE INFORMEN CUÁNTOS ALUMNOS EXTRANJEROS TIENEN
La xenofobia llega al claustro
Domingo 18 de
Diciembre 2016
El macrista Eduardo Amadeo impulsó el pedido de informes, que continúa las políticas antimigratorias que ya complicaron sacar documentos y multiplicaron las deportaciones.
rtre, en A puerta cerrada. La afirmación y el título de la obra parecen ser las consignas elegidas por el macrismo en materia de política inmigratoria durante su primer año de gestión nacional. Luego del proyecto de cárcel para migrantes, la deportación y el aumento de los operativos contra extranjeros, la desarticulación del programa Patria Grande, que permitía regularizar la documentación de habitantes de estados del Mercosur, y la arremetida contra los ciudadanos de países vecinos por utilizar los servicios de salud, les llegó el turno a los estudiantes universitarios. A instancias del PRO, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados reclamó a los rectores de todas las universidades públicas del país que informen la cantidad de alumnos extranjeros que cursan, en qué carreras lo hacen y de qué países provienen. Nunca fue explicitado el motivo para pedir esa información. Ante la consulta de PáginaI12, el diputado Eduardo Amadeo, uno de los impulsores de la medida, se limitó a decir: “Queremos saber a quién le ponemos la plata”.
“A fines de 2015 se sancionó la reforma de la ley de Educación Superior que garantiza el ingreso irrestricto y la gratuidad en las universidades. Con esto quieren empezar a instalar las dudas para ir en contra de esa ley”, advirtió a este diario la vicepresidenta segunda de la comisión de Educación, Luana Volnovich (FpV).
El proyecto de resolución despachado por la comisión de Educación fue iniciativa de los legisladores Amadeo y Gisela Scaglia (Unión Pro) y estuvo acompañado por la mayoría de los diputados; los integrantes del FpV y la diputada de Proyecto Sur-Unen se opusieron.
Consultado por PáginaI12 el diputado Amadeo, dijo que “queremos saber, tenemos derechos a saber y por eso hacemos el pedido. Es información que no está consolidada, no figura en los listados habituales de informes que nos interesan. Asignamos recursos y queremos saber cuánta plata se gasta en la educación pública”. Remarcó que “ponemos plata en el presupuesto para los diversos niveles y queremos saber a quién le ponemos la plata”.
–¿Para qué quieren saber eso?
–Nos interesa saber cuántos extranjeros hay en las universidades. No tenemos ningún cuchillo bajo el poncho.
Los legisladores fundamentaron el proyecto aprobado en “numerosos informes periodísticos”, que no citaron, que hablan del número importante de estudiantes que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas, y resaltaron que eso se debe a la “gratuidad” del sistema y a las “generosas políticas migratorias”.
Cinco son los puntos sobre los que se solicitan información a los rectores: el número de estudiantes extranjeros que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas; si dichas carreras poseen algún tipo de arancel; países de los que provienen los estudiantes; en qué facultades y carreras cursan y su perfomance académica.
Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que también recibió el pedido de informes, expresó su preocupación: “Pone el foco con carácter discriminador. Detrás de esto está la idea de cobrarle a los extranjeros. Es una discusión equivocada que se suma a la ola de xenofobia que se esgrime en varios países. Y además buscan abrir la puerta para decir que los que tienen dinero deberían pagar, y arancelar la universidad”, resaltó.
“No tiene ninguna razón de ser poner el foco en los estudiantes extranjeros como si fueran un problema para nuestro sistema universitario”, alertó. “Pero es la misma lógica de (Miguel) Pichetto cuando planteó que ‘funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú’, algo que no se corresponde después con las estadísticas. Frente al fracaso de ciertas políticas buscan con el extranjero justificar sus errores”, sostuvo Trotta, quien recordó que “la educación es un derecho humano, y uno no tiene que preguntar la nacionalidad de alguien para que pueda ingresar a la universidad”.
En cuanto a la respuesta a la solicitud, el rector de la UMET llamó a no contestarla porque “más allá de la autonomía universitaria, los rectores se tienen que apoyar en que esta medida pone el foco en una política xenófoba”.
El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, a quien ya le llegó el pedido de informe, aclaró que “no me asustan este tipo de preguntas siempre y cuando no haya un sesgo contra el extranjero”. “Es muy bueno para nuestro país tener estudiantes de otras nacionalidades, habla de un prestigio e influencia en el resto de los países”. “Ahora -advirtió–, si la consulta quiere ser utilizada con fines pequeños, mezquinos, es una pérdida, no una ganancia. Si es para decir nos cuesta mucho dinero, es una mirada de cortísimo plazo”, remarcó.
El pedido de información sobre estudiantes extranjeros es el corolario, para este año, de una política antiinmigración que vino encadenando el macrismo en los últimos doce meses. La Ley de Migraciones 25.871 del año 2004, que reconoce a la migración como un derecho, en su artículo 4 expresa que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”. Dentro de ese marco normativo, el Estado asume que ninguna infracción administrativa puede vulnerar los derechos de los migrantes, y asume una política que facilite la regularización y no los criminaliza. Los programas Patria Grande o Abordaje Territorial, que surgieron para facilitar esa regularización, fueron desarticulados. A esto se sumaron el aumento del 200 por ciento en los aranceles de trámites migratorios y el incremento de los operativos en que se controló a inmigrantes, así como el número de expulsiones del país.
Desde SOS Discriminación Internacional Argentina aportó su mirada Víctor Ramos, quien sostuvo que “es un pedido de corte policial y xenófobo, que además va contra la vocación latinoamericana de la Argentina. Formar cuadros universitarios de estudiantes de América Latina es importante, tanto como Estado Unidos se ha planteado la formación de cuadros latinoamericanos en Harvard. Porque eso permite ejercer el liderazgo cultural”.
“Cuando Juan Bautista Alberdi escribió la Constitución Nacional, pensó en grande: ‘para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino’”, y agregó que “lo que debería ser un orgullo, que los hijos de nuestra América elijan a nuestro país para su formación, para algunos retrógrados es un tema económico”.
“Aun así –continuó–, los estudiantes extranjeros pagan IVA hasta cuando compran un paquete de yerba, y con esos impuestos se están pagando sus estudios. Formar a la juventud profesional latinoamericana en nuestro país no es un gasto, es una inversión. Y necesitamos más inmigrantes, más habitantes y una perspectiva cultural nacional latinoamericana”.
rtre, en A puerta cerrada. La afirmación y el título de la obra parecen ser las consignas elegidas por el macrismo en materia de política inmigratoria durante su primer año de gestión nacional. Luego del proyecto de cárcel para migrantes, la deportación y el aumento de los operativos contra extranjeros, la desarticulación del programa Patria Grande, que permitía regularizar la documentación de habitantes de estados del Mercosur, y la arremetida contra los ciudadanos de países vecinos por utilizar los servicios de salud, les llegó el turno a los estudiantes universitarios. A instancias del PRO, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados reclamó a los rectores de todas las universidades públicas del país que informen la cantidad de alumnos extranjeros que cursan, en qué carreras lo hacen y de qué países provienen. Nunca fue explicitado el motivo para pedir esa información. Ante la consulta de PáginaI12, el diputado Eduardo Amadeo, uno de los impulsores de la medida, se limitó a decir: “Queremos saber a quién le ponemos la plata”.
“A fines de 2015 se sancionó la reforma de la ley de Educación Superior que garantiza el ingreso irrestricto y la gratuidad en las universidades. Con esto quieren empezar a instalar las dudas para ir en contra de esa ley”, advirtió a este diario la vicepresidenta segunda de la comisión de Educación, Luana Volnovich (FpV).
El proyecto de resolución despachado por la comisión de Educación fue iniciativa de los legisladores Amadeo y Gisela Scaglia (Unión Pro) y estuvo acompañado por la mayoría de los diputados; los integrantes del FpV y la diputada de Proyecto Sur-Unen se opusieron.
Consultado por PáginaI12 el diputado Amadeo, dijo que “queremos saber, tenemos derechos a saber y por eso hacemos el pedido. Es información que no está consolidada, no figura en los listados habituales de informes que nos interesan. Asignamos recursos y queremos saber cuánta plata se gasta en la educación pública”. Remarcó que “ponemos plata en el presupuesto para los diversos niveles y queremos saber a quién le ponemos la plata”.
–¿Para qué quieren saber eso?
–Nos interesa saber cuántos extranjeros hay en las universidades. No tenemos ningún cuchillo bajo el poncho.
Los legisladores fundamentaron el proyecto aprobado en “numerosos informes periodísticos”, que no citaron, que hablan del número importante de estudiantes que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas, y resaltaron que eso se debe a la “gratuidad” del sistema y a las “generosas políticas migratorias”.
Cinco son los puntos sobre los que se solicitan información a los rectores: el número de estudiantes extranjeros que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas; si dichas carreras poseen algún tipo de arancel; países de los que provienen los estudiantes; en qué facultades y carreras cursan y su perfomance académica.
Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que también recibió el pedido de informes, expresó su preocupación: “Pone el foco con carácter discriminador. Detrás de esto está la idea de cobrarle a los extranjeros. Es una discusión equivocada que se suma a la ola de xenofobia que se esgrime en varios países. Y además buscan abrir la puerta para decir que los que tienen dinero deberían pagar, y arancelar la universidad”, resaltó.
“No tiene ninguna razón de ser poner el foco en los estudiantes extranjeros como si fueran un problema para nuestro sistema universitario”, alertó. “Pero es la misma lógica de (Miguel) Pichetto cuando planteó que ‘funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú’, algo que no se corresponde después con las estadísticas. Frente al fracaso de ciertas políticas buscan con el extranjero justificar sus errores”, sostuvo Trotta, quien recordó que “la educación es un derecho humano, y uno no tiene que preguntar la nacionalidad de alguien para que pueda ingresar a la universidad”.
En cuanto a la respuesta a la solicitud, el rector de la UMET llamó a no contestarla porque “más allá de la autonomía universitaria, los rectores se tienen que apoyar en que esta medida pone el foco en una política xenófoba”.
El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, a quien ya le llegó el pedido de informe, aclaró que “no me asustan este tipo de preguntas siempre y cuando no haya un sesgo contra el extranjero”. “Es muy bueno para nuestro país tener estudiantes de otras nacionalidades, habla de un prestigio e influencia en el resto de los países”. “Ahora -advirtió–, si la consulta quiere ser utilizada con fines pequeños, mezquinos, es una pérdida, no una ganancia. Si es para decir nos cuesta mucho dinero, es una mirada de cortísimo plazo”, remarcó.
El pedido de información sobre estudiantes extranjeros es el corolario, para este año, de una política antiinmigración que vino encadenando el macrismo en los últimos doce meses. La Ley de Migraciones 25.871 del año 2004, que reconoce a la migración como un derecho, en su artículo 4 expresa que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”. Dentro de ese marco normativo, el Estado asume que ninguna infracción administrativa puede vulnerar los derechos de los migrantes, y asume una política que facilite la regularización y no los criminaliza. Los programas Patria Grande o Abordaje Territorial, que surgieron para facilitar esa regularización, fueron desarticulados. A esto se sumaron el aumento del 200 por ciento en los aranceles de trámites migratorios y el incremento de los operativos en que se controló a inmigrantes, así como el número de expulsiones del país.
Desde SOS Discriminación Internacional Argentina aportó su mirada Víctor Ramos, quien sostuvo que “es un pedido de corte policial y xenófobo, que además va contra la vocación latinoamericana de la Argentina. Formar cuadros universitarios de estudiantes de América Latina es importante, tanto como Estado Unidos se ha planteado la formación de cuadros latinoamericanos en Harvard. Porque eso permite ejercer el liderazgo cultural”.
“Cuando Juan Bautista Alberdi escribió la Constitución Nacional, pensó en grande: ‘para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino’”, y agregó que “lo que debería ser un orgullo, que los hijos de nuestra América elijan a nuestro país para su formación, para algunos retrógrados es un tema económico”.
“Aun así –continuó–, los estudiantes extranjeros pagan IVA hasta cuando compran un paquete de yerba, y con esos impuestos se están pagando sus estudios. Formar a la juventud profesional latinoamericana en nuestro país no es un gasto, es una inversión. Y necesitamos más inmigrantes, más habitantes y una perspectiva cultural nacional latinoamericana”.
“A fines de 2015 se sancionó la reforma de la ley de Educación Superior que garantiza el ingreso irrestricto y la gratuidad en las universidades. Con esto quieren empezar a instalar las dudas para ir en contra de esa ley”, advirtió a este diario la vicepresidenta segunda de la comisión de Educación, Luana Volnovich (FpV).
El proyecto de resolución despachado por la comisión de Educación fue iniciativa de los legisladores Amadeo y Gisela Scaglia (Unión Pro) y estuvo acompañado por la mayoría de los diputados; los integrantes del FpV y la diputada de Proyecto Sur-Unen se opusieron.
Consultado por PáginaI12 el diputado Amadeo, dijo que “queremos saber, tenemos derechos a saber y por eso hacemos el pedido. Es información que no está consolidada, no figura en los listados habituales de informes que nos interesan. Asignamos recursos y queremos saber cuánta plata se gasta en la educación pública”. Remarcó que “ponemos plata en el presupuesto para los diversos niveles y queremos saber a quién le ponemos la plata”.
–¿Para qué quieren saber eso?
–Nos interesa saber cuántos extranjeros hay en las universidades. No tenemos ningún cuchillo bajo el poncho.
Los legisladores fundamentaron el proyecto aprobado en “numerosos informes periodísticos”, que no citaron, que hablan del número importante de estudiantes que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas, y resaltaron que eso se debe a la “gratuidad” del sistema y a las “generosas políticas migratorias”.
Cinco son los puntos sobre los que se solicitan información a los rectores: el número de estudiantes extranjeros que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas; si dichas carreras poseen algún tipo de arancel; países de los que provienen los estudiantes; en qué facultades y carreras cursan y su perfomance académica.
Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que también recibió el pedido de informes, expresó su preocupación: “Pone el foco con carácter discriminador. Detrás de esto está la idea de cobrarle a los extranjeros. Es una discusión equivocada que se suma a la ola de xenofobia que se esgrime en varios países. Y además buscan abrir la puerta para decir que los que tienen dinero deberían pagar, y arancelar la universidad”, resaltó.
“No tiene ninguna razón de ser poner el foco en los estudiantes extranjeros como si fueran un problema para nuestro sistema universitario”, alertó. “Pero es la misma lógica de (Miguel) Pichetto cuando planteó que ‘funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú’, algo que no se corresponde después con las estadísticas. Frente al fracaso de ciertas políticas buscan con el extranjero justificar sus errores”, sostuvo Trotta, quien recordó que “la educación es un derecho humano, y uno no tiene que preguntar la nacionalidad de alguien para que pueda ingresar a la universidad”.
En cuanto a la respuesta a la solicitud, el rector de la UMET llamó a no contestarla porque “más allá de la autonomía universitaria, los rectores se tienen que apoyar en que esta medida pone el foco en una política xenófoba”.
El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, a quien ya le llegó el pedido de informe, aclaró que “no me asustan este tipo de preguntas siempre y cuando no haya un sesgo contra el extranjero”. “Es muy bueno para nuestro país tener estudiantes de otras nacionalidades, habla de un prestigio e influencia en el resto de los países”. “Ahora -advirtió–, si la consulta quiere ser utilizada con fines pequeños, mezquinos, es una pérdida, no una ganancia. Si es para decir nos cuesta mucho dinero, es una mirada de cortísimo plazo”, remarcó.
El pedido de información sobre estudiantes extranjeros es el corolario, para este año, de una política antiinmigración que vino encadenando el macrismo en los últimos doce meses. La Ley de Migraciones 25.871 del año 2004, que reconoce a la migración como un derecho, en su artículo 4 expresa que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”. Dentro de ese marco normativo, el Estado asume que ninguna infracción administrativa puede vulnerar los derechos de los migrantes, y asume una política que facilite la regularización y no los criminaliza. Los programas Patria Grande o Abordaje Territorial, que surgieron para facilitar esa regularización, fueron desarticulados. A esto se sumaron el aumento del 200 por ciento en los aranceles de trámites migratorios y el incremento de los operativos en que se controló a inmigrantes, así como el número de expulsiones del país.
Desde SOS Discriminación Internacional Argentina aportó su mirada Víctor Ramos, quien sostuvo que “es un pedido de corte policial y xenófobo, que además va contra la vocación latinoamericana de la Argentina. Formar cuadros universitarios de estudiantes de América Latina es importante, tanto como Estado Unidos se ha planteado la formación de cuadros latinoamericanos en Harvard. Porque eso permite ejercer el liderazgo cultural”.
“Cuando Juan Bautista Alberdi escribió la Constitución Nacional, pensó en grande: ‘para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino’”, y agregó que “lo que debería ser un orgullo, que los hijos de nuestra América elijan a nuestro país para su formación, para algunos retrógrados es un tema económico”.
“Aun así –continuó–, los estudiantes extranjeros pagan IVA hasta cuando compran un paquete de yerba, y con esos impuestos se están pagando sus estudios. Formar a la juventud profesional latinoamericana en nuestro país no es un gasto, es una inversión. Y necesitamos más inmigrantes, más habitantes y una perspectiva cultural nacional latinoamericana”.
rtre, en A puerta cerrada. La afirmación y el título de la obra parecen ser las consignas elegidas por el macrismo en materia de política inmigratoria durante su primer año de gestión nacional. Luego del proyecto de cárcel para migrantes, la deportación y el aumento de los operativos contra extranjeros, la desarticulación del programa Patria Grande, que permitía regularizar la documentación de habitantes de estados del Mercosur, y la arremetida contra los ciudadanos de países vecinos por utilizar los servicios de salud, les llegó el turno a los estudiantes universitarios. A instancias del PRO, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados reclamó a los rectores de todas las universidades públicas del país que informen la cantidad de alumnos extranjeros que cursan, en qué carreras lo hacen y de qué países provienen. Nunca fue explicitado el motivo para pedir esa información. Ante la consulta de PáginaI12, el diputado Eduardo Amadeo, uno de los impulsores de la medida, se limitó a decir: “Queremos saber a quién le ponemos la plata”.
“A fines de 2015 se sancionó la reforma de la ley de Educación Superior que garantiza el ingreso irrestricto y la gratuidad en las universidades. Con esto quieren empezar a instalar las dudas para ir en contra de esa ley”, advirtió a este diario la vicepresidenta segunda de la comisión de Educación, Luana Volnovich (FpV).
El proyecto de resolución despachado por la comisión de Educación fue iniciativa de los legisladores Amadeo y Gisela Scaglia (Unión Pro) y estuvo acompañado por la mayoría de los diputados; los integrantes del FpV y la diputada de Proyecto Sur-Unen se opusieron.
Consultado por PáginaI12 el diputado Amadeo, dijo que “queremos saber, tenemos derechos a saber y por eso hacemos el pedido. Es información que no está consolidada, no figura en los listados habituales de informes que nos interesan. Asignamos recursos y queremos saber cuánta plata se gasta en la educación pública”. Remarcó que “ponemos plata en el presupuesto para los diversos niveles y queremos saber a quién le ponemos la plata”.
–¿Para qué quieren saber eso?
–Nos interesa saber cuántos extranjeros hay en las universidades. No tenemos ningún cuchillo bajo el poncho.
Los legisladores fundamentaron el proyecto aprobado en “numerosos informes periodísticos”, que no citaron, que hablan del número importante de estudiantes que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas, y resaltaron que eso se debe a la “gratuidad” del sistema y a las “generosas políticas migratorias”.
Cinco son los puntos sobre los que se solicitan información a los rectores: el número de estudiantes extranjeros que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas; si dichas carreras poseen algún tipo de arancel; países de los que provienen los estudiantes; en qué facultades y carreras cursan y su perfomance académica.
Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que también recibió el pedido de informes, expresó su preocupación: “Pone el foco con carácter discriminador. Detrás de esto está la idea de cobrarle a los extranjeros. Es una discusión equivocada que se suma a la ola de xenofobia que se esgrime en varios países. Y además buscan abrir la puerta para decir que los que tienen dinero deberían pagar, y arancelar la universidad”, resaltó.
“No tiene ninguna razón de ser poner el foco en los estudiantes extranjeros como si fueran un problema para nuestro sistema universitario”, alertó. “Pero es la misma lógica de (Miguel) Pichetto cuando planteó que ‘funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú’, algo que no se corresponde después con las estadísticas. Frente al fracaso de ciertas políticas buscan con el extranjero justificar sus errores”, sostuvo Trotta, quien recordó que “la educación es un derecho humano, y uno no tiene que preguntar la nacionalidad de alguien para que pueda ingresar a la universidad”.
En cuanto a la respuesta a la solicitud, el rector de la UMET llamó a no contestarla porque “más allá de la autonomía universitaria, los rectores se tienen que apoyar en que esta medida pone el foco en una política xenófoba”.
El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, a quien ya le llegó el pedido de informe, aclaró que “no me asustan este tipo de preguntas siempre y cuando no haya un sesgo contra el extranjero”. “Es muy bueno para nuestro país tener estudiantes de otras nacionalidades, habla de un prestigio e influencia en el resto de los países”. “Ahora -advirtió–, si la consulta quiere ser utilizada con fines pequeños, mezquinos, es una pérdida, no una ganancia. Si es para decir nos cuesta mucho dinero, es una mirada de cortísimo plazo”, remarcó.
El pedido de información sobre estudiantes extranjeros es el corolario, para este año, de una política antiinmigración que vino encadenando el macrismo en los últimos doce meses. La Ley de Migraciones 25.871 del año 2004, que reconoce a la migración como un derecho, en su artículo 4 expresa que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”. Dentro de ese marco normativo, el Estado asume que ninguna infracción administrativa puede vulnerar los derechos de los migrantes, y asume una política que facilite la regularización y no los criminaliza. Los programas Patria Grande o Abordaje Territorial, que surgieron para facilitar esa regularización, fueron desarticulados. A esto se sumaron el aumento del 200 por ciento en los aranceles de trámites migratorios y el incremento de los operativos en que se controló a inmigrantes, así como el número de expulsiones del país.
Desde SOS Discriminación Internacional Argentina aportó su mirada Víctor Ramos, quien sostuvo que “es un pedido de corte policial y xenófobo, que además va contra la vocación latinoamericana de la Argentina. Formar cuadros universitarios de estudiantes de América Latina es importante, tanto como Estado Unidos se ha planteado la formación de cuadros latinoamericanos en Harvard. Porque eso permite ejercer el liderazgo cultural”.
“Cuando Juan Bautista Alberdi escribió la Constitución Nacional, pensó en grande: ‘para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino’”, y agregó que “lo que debería ser un orgullo, que los hijos de nuestra América elijan a nuestro país para su formación, para algunos retrógrados es un tema económico”.
“Aun así –continuó–, los estudiantes extranjeros pagan IVA hasta cuando compran un paquete de yerba, y con esos impuestos se están pagando sus estudios. Formar a la juventud profesional latinoamericana en nuestro país no es un gasto, es una inversión. Y necesitamos más inmigrantes, más habitantes y una perspectiva cultural nacional latinoamericana”.
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