Pichetto propone endurecer la ley migratoria y llevar el debate al Congreso
Martes 17 de
Enero 2017
El jefe del PJ en el Senado quiere prohibir el ingreso de extranjeros procesados por un delito. Ahora la restricción sólo rige para los que tienen condena. Podría tratarse en marzo.
Miguel Pichetto cree que merece derecho de autor sobre la idea de aplicar mano dura en la política migratoria. Casualmente o no, el Gobierno levantó esa bandera en medio de la polvareda que levantó el jefe del mayoritario bloque de senadores del FpV califican do de “resaca” a los que llegan para radicarse desde países de la región y se dedican al delito. Ahora, Pichetto va por más: acaba de presentar un proyecto de ley para endurecer la Ley de Migraciones y así trasladar el debate al Congreso apenas se inauguren las sesiones ordinarias, en marzo próximo. Y ya se prevé un vendaval de opiniones de alto calibre que cruzarían transversalmente a los distintos bloques (ver pág 7).
La iniciativa, a la que este diario tuvo acceso, apunta a dar más instrumentos a la autoridad migratoria (que depende del Ministerio del Interior) y a la Justicia para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y agilizar su expulsión en caso de la comisión de delitos graves o flagrantes durante su permanencia en el país.
Por su lado, el Gobierno aún estudia si la decisión que ya adoptó de ajustar los controles inmigratorios dará lugar a un proyecto propio para rever las normas vigentes, según reveló Clarín. “Hay que analizarlo. Hay que hacer una modificación que tiene que ver con los plazos que existen para podr expulsar a una persona. No puede ser que el proceso sea eterno”, sostuvo el director de Migraciones, Horacio García, en la entrevista publicada ayer. Lo cierto, por el momento, es que el Ejecutivo está dispuesto a reforzar los controles y ya tiene pensado poner el foco en tres países sospechados de ser usina de traficantes de droga: Colombia, México y Perú.
La clave de la reforma que plantea Pichetto consiste en que el impedimento para acceder o residir en la Argentina, que ahora rige para quienes tengan condena judicial firme en el país o en el exterior, se aplique a quienes figuren en la instancia previa de procesados. En este caso, la restricción será mayor para los que busquen ingresar o permanezcan transitoriamente, ya que no hará falta que tengan procesamiento firme: bastará con que sea en primera instancia y por delitos que en la legislación argentina sean penados con más de tres años de prisión.
Para los que ya hayan obtenido la residencia, la Dirección Nacional de Migraciones tendría que cancelarla en los caso de procesamientos confirmados por la Cámara del fuero correspondiente por delitos que merezcan privación de la libertad por más de cinco años. El proyecto prevé una expulsión sumaria del extranjero implicado y la “prohibición de reingreso permanente”.
Pichetto consideró en un reportaje publicado el domingo por Clarín que las políticas migratorias han sido “muy flexibles en los últimos 25 años”. Además, advirtió que muchos barrios “están tomados por organizaciones delictivas que manejan el narcotráfico y en su mayoría son peruanas”.
El bloque de senadores que maneja Pichetto es el principal polo de poder opositor al gobierno de Mauricio Macri, tras la derrota electoral del kirchnerismo, en 2015. Lo llamativo es que la ley que quiere reformar fue aprobada en diciembre de 2003, cuando el senador ya llevaba un año como jefe del bloque del PJ, que dio sus votos. Fue en los inicios de la gestión de Néstor Kirchner, quien tomó como propio el proyecto que había presentadoel senador socialista Rubén Gisutiniani. Con todo, recién siete año más tarde Cristina reglamentó la norma y para anunciarlo organizó un acto con toda la pompa en la Casa Rosada.
“La política migratoria está vinculada a los derechos humanos”, dijo la entonces Presidenta.“Esto sigue colocando a la Argentina a la vanguardia en materia de políticas migratorias”, completó Cristina en ese acto.
En cambio, Pichetto señala en los fundamentos de su proyecto que “se hace necesario un reconocimiento diferencial entre las personas migrantes que buscan respetar las normas, aceptar las reglas del país que las acoge y brinda oportunidades de desarrollo, y aquellos que violan las normas locales, y con ese acto incumplen el contrato de convivencia propuesto”.
Por su lado, el Gobierno se mostró activo en temas de seguridad y control de fronteras en el arranque del año electoral. El lunes de la semana pasada, por decreto, el Presidente conformó una Comisión Nacional de Seguridad de Zonas de Fronteras con la misión de elaborar un proyecto de ley que permita establecer nuevos y mayores controles en el combate contra el narcotráfico y el contrabando. Días más tarde, la canciller Susana Malcorra le reveló a Clarín la idea de reforzar el control de la inmigración para evitar el ingreso de personas con antecedentes penales. “Cuando estás recibiendo gente que tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante”, sostuvo.
La iniciativa, a la que este diario tuvo acceso, apunta a dar más instrumentos a la autoridad migratoria (que depende del Ministerio del Interior) y a la Justicia para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y agilizar su expulsión en caso de la comisión de delitos graves o flagrantes durante su permanencia en el país.
Por su lado, el Gobierno aún estudia si la decisión que ya adoptó de ajustar los controles inmigratorios dará lugar a un proyecto propio para rever las normas vigentes, según reveló Clarín. “Hay que analizarlo. Hay que hacer una modificación que tiene que ver con los plazos que existen para podr expulsar a una persona. No puede ser que el proceso sea eterno”, sostuvo el director de Migraciones, Horacio García, en la entrevista publicada ayer. Lo cierto, por el momento, es que el Ejecutivo está dispuesto a reforzar los controles y ya tiene pensado poner el foco en tres países sospechados de ser usina de traficantes de droga: Colombia, México y Perú.
La clave de la reforma que plantea Pichetto consiste en que el impedimento para acceder o residir en la Argentina, que ahora rige para quienes tengan condena judicial firme en el país o en el exterior, se aplique a quienes figuren en la instancia previa de procesados. En este caso, la restricción será mayor para los que busquen ingresar o permanezcan transitoriamente, ya que no hará falta que tengan procesamiento firme: bastará con que sea en primera instancia y por delitos que en la legislación argentina sean penados con más de tres años de prisión.
Para los que ya hayan obtenido la residencia, la Dirección Nacional de Migraciones tendría que cancelarla en los caso de procesamientos confirmados por la Cámara del fuero correspondiente por delitos que merezcan privación de la libertad por más de cinco años. El proyecto prevé una expulsión sumaria del extranjero implicado y la “prohibición de reingreso permanente”.
Pichetto consideró en un reportaje publicado el domingo por Clarín que las políticas migratorias han sido “muy flexibles en los últimos 25 años”. Además, advirtió que muchos barrios “están tomados por organizaciones delictivas que manejan el narcotráfico y en su mayoría son peruanas”.
El bloque de senadores que maneja Pichetto es el principal polo de poder opositor al gobierno de Mauricio Macri, tras la derrota electoral del kirchnerismo, en 2015. Lo llamativo es que la ley que quiere reformar fue aprobada en diciembre de 2003, cuando el senador ya llevaba un año como jefe del bloque del PJ, que dio sus votos. Fue en los inicios de la gestión de Néstor Kirchner, quien tomó como propio el proyecto que había presentadoel senador socialista Rubén Gisutiniani. Con todo, recién siete año más tarde Cristina reglamentó la norma y para anunciarlo organizó un acto con toda la pompa en la Casa Rosada.
“La política migratoria está vinculada a los derechos humanos”, dijo la entonces Presidenta.“Esto sigue colocando a la Argentina a la vanguardia en materia de políticas migratorias”, completó Cristina en ese acto.
En cambio, Pichetto señala en los fundamentos de su proyecto que “se hace necesario un reconocimiento diferencial entre las personas migrantes que buscan respetar las normas, aceptar las reglas del país que las acoge y brinda oportunidades de desarrollo, y aquellos que violan las normas locales, y con ese acto incumplen el contrato de convivencia propuesto”.
Por su lado, el Gobierno se mostró activo en temas de seguridad y control de fronteras en el arranque del año electoral. El lunes de la semana pasada, por decreto, el Presidente conformó una Comisión Nacional de Seguridad de Zonas de Fronteras con la misión de elaborar un proyecto de ley que permita establecer nuevos y mayores controles en el combate contra el narcotráfico y el contrabando. Días más tarde, la canciller Susana Malcorra le reveló a Clarín la idea de reforzar el control de la inmigración para evitar el ingreso de personas con antecedentes penales. “Cuando estás recibiendo gente que tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante”, sostuvo.
Con información de
clarin
