Triaca sobre ART: "Teníamos que dar una solución a este tema y lo hicimos"
Lunes 23 de
Enero 2017
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo que el decreto que modifica la ley de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), publicado hoy en el Boletín Oficial, busca que los trabajadores que sufrieron accidentes laborales reciban una contraprestación "de una forma más expeditiva".
El ministro señaló que, en los últimos años, un trabajador tardaba "más de tres años en recibir una contraprestación" a partir de un litigio y "más de 90 días en recibir una audiencia con una comisión médica".
El funcionario dijo que la medida apunta a "cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza" a ese sistema.
Y señaló que en los últimos años hubo "un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo, pero no había crecido la cantidad de accidentes, sino que había bajado". Indicó que eso contribuyó a generar "la famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores".
Explicó que los trabajadores "tardan casi tres años en restituir sus derechos a partir de los juicios y había casi 90 días de demora para que les otorguen un turno" en las audiencias de las comisiones médicas.
Dijo que ahora "hemos puesto todos los puntos para que los trabajadores tengan una forma más expeditiva de recibir ayuda".
"Hay casi 4.500 millones de dólares en pasivos contingentes para ser resueltos en estos litigios. Teníamos que dar una solución a este tema y lo hicimos focalizando que cuidemos los derechos de los trabajadores", subrayó el ministro en declaraciones a las radios Mitre y La Red.
Agregó que con ese objetivo "a través de las comisiones médicas, que van a ir con acuerdo de las provincias a brindarle el servicio de homologación, y de darle un criterio uniforme a cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran, le podemos dar más certeza a los trabajadores".
"Y, por supuesto, también dar certeza de cobertura de seguro a los empresarios, lo que también era parte del problema, porque había aumentado el promedio de la alícuota que se estaba pagando y eso iba en detrimento de la posibilidad de generar empleo", aseveró.
Por eso, señaló, la modificación de la ley de ART buscará "que tengan una forma más expeditiva de recibir una contraprestración, que les corresponde en el caso de que hayan tenido un accidente".
En declaraciones a radio La Red, el funcionario agregó que la otra pata será avanzar en la prevención de estos accidentes, un reclamo de la CGT en el que ya empezaron a trabajar.
Consultado sobre si era necesario realizar la modificación mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en lugar de esperar la sanción del Congreso, Triaca opinó que "era tan inminente la necesidad de atención" de este problema que se "justifica un decreto".
En ese sentido, sostuvo que en los últimos años hubo un aumento exponencial de litigios por accidentes de trabajo mientras, paradójicamente, los accidentes fueron disminuyendo.
Además, remarcó que "hay más de 4.500 millones de dólares en litigio" por este tema y que impactó de tal manera que las alícuotas que pagaban las empresas pasaron de representar el 1,5 por ciento de su masa salarial al 4 por ciento.
"Todo eso va en detrimento de oportunidades de trabajo", concluyó Triaca, que señaló que la modificación siguió los lineamientos del proyecto que el 21 de diciembre pasado obtuvo media sanción del Senado y fue girado en revisión a Diputados.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno modificó la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y estableció una nueva figura en ese régimen, denominado "Comisiones Médicas Jurisdiccionales".
Según el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial, esas Comisiones "constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contigencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo".
La decisión de la Casa Rosada tiene como marco el proyecto de ART que logró media sanción del Senado, pero que no fue tratado en la Cámara de Diputados.
Por medio del DNU -que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y de sus ministros-se estableció que "una vez agotada la instancia prevista (las Comisiones Jurisdiccionales) las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central".
"El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino", detalló.
Además, el Gobierno explicó que la Comisión Médica Jurisdiccional "deberá expedirse dentro de los 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada, y la reglamentación establecerá los recaudos a dichos efectos".
"Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas", aclaró.
Asimismo, fue creado el "Autoseguro Público Provincial" destinado a que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires "puedan autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en la Ley N° 24.557, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo".
Para acceder al Autoseguro, "cada jurisdicción deberá garantizar la existencia de una estructura suficiente para el adecuado otorgamiento de las prestaciones en especie de la Ley, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo", de acuerdo con lo dispuesto.
El Poder Ejecutivo justificó esta reforma al señalar que "la experiencia recogida ha puesto en evidencia las fortalezas y debilidades del Sistema de Riesgos del Trabajo, y si bien es preciso conservar sus principales líneas directrices, no es menos cierto que corresponde ahora corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas".
"Las reformas normativas dictadas hasta la fecha no han sido suficientes para aliviar aquella situación, pues no han logrado otorgar a la Ley 24.557 (que creó el sistema de ART) el estándar para que resulte jurídica, constitucional y operativamente sostenible", añadió.
El funcionario dijo que la medida apunta a "cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza" a ese sistema.
Y señaló que en los últimos años hubo "un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo, pero no había crecido la cantidad de accidentes, sino que había bajado". Indicó que eso contribuyó a generar "la famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores".
Explicó que los trabajadores "tardan casi tres años en restituir sus derechos a partir de los juicios y había casi 90 días de demora para que les otorguen un turno" en las audiencias de las comisiones médicas.
Dijo que ahora "hemos puesto todos los puntos para que los trabajadores tengan una forma más expeditiva de recibir ayuda".
"Hay casi 4.500 millones de dólares en pasivos contingentes para ser resueltos en estos litigios. Teníamos que dar una solución a este tema y lo hicimos focalizando que cuidemos los derechos de los trabajadores", subrayó el ministro en declaraciones a las radios Mitre y La Red.
Agregó que con ese objetivo "a través de las comisiones médicas, que van a ir con acuerdo de las provincias a brindarle el servicio de homologación, y de darle un criterio uniforme a cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran, le podemos dar más certeza a los trabajadores".
"Y, por supuesto, también dar certeza de cobertura de seguro a los empresarios, lo que también era parte del problema, porque había aumentado el promedio de la alícuota que se estaba pagando y eso iba en detrimento de la posibilidad de generar empleo", aseveró.
Por eso, señaló, la modificación de la ley de ART buscará "que tengan una forma más expeditiva de recibir una contraprestración, que les corresponde en el caso de que hayan tenido un accidente".
En declaraciones a radio La Red, el funcionario agregó que la otra pata será avanzar en la prevención de estos accidentes, un reclamo de la CGT en el que ya empezaron a trabajar.
Consultado sobre si era necesario realizar la modificación mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en lugar de esperar la sanción del Congreso, Triaca opinó que "era tan inminente la necesidad de atención" de este problema que se "justifica un decreto".
En ese sentido, sostuvo que en los últimos años hubo un aumento exponencial de litigios por accidentes de trabajo mientras, paradójicamente, los accidentes fueron disminuyendo.
Además, remarcó que "hay más de 4.500 millones de dólares en litigio" por este tema y que impactó de tal manera que las alícuotas que pagaban las empresas pasaron de representar el 1,5 por ciento de su masa salarial al 4 por ciento.
"Todo eso va en detrimento de oportunidades de trabajo", concluyó Triaca, que señaló que la modificación siguió los lineamientos del proyecto que el 21 de diciembre pasado obtuvo media sanción del Senado y fue girado en revisión a Diputados.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno modificó la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y estableció una nueva figura en ese régimen, denominado "Comisiones Médicas Jurisdiccionales".
Según el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial, esas Comisiones "constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contigencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo".
La decisión de la Casa Rosada tiene como marco el proyecto de ART que logró media sanción del Senado, pero que no fue tratado en la Cámara de Diputados.
Por medio del DNU -que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y de sus ministros-se estableció que "una vez agotada la instancia prevista (las Comisiones Jurisdiccionales) las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central".
"El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino", detalló.
Además, el Gobierno explicó que la Comisión Médica Jurisdiccional "deberá expedirse dentro de los 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada, y la reglamentación establecerá los recaudos a dichos efectos".
"Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas", aclaró.
Asimismo, fue creado el "Autoseguro Público Provincial" destinado a que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires "puedan autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en la Ley N° 24.557, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo".
Para acceder al Autoseguro, "cada jurisdicción deberá garantizar la existencia de una estructura suficiente para el adecuado otorgamiento de las prestaciones en especie de la Ley, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo", de acuerdo con lo dispuesto.
El Poder Ejecutivo justificó esta reforma al señalar que "la experiencia recogida ha puesto en evidencia las fortalezas y debilidades del Sistema de Riesgos del Trabajo, y si bien es preciso conservar sus principales líneas directrices, no es menos cierto que corresponde ahora corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas".
"Las reformas normativas dictadas hasta la fecha no han sido suficientes para aliviar aquella situación, pues no han logrado otorgar a la Ley 24.557 (que creó el sistema de ART) el estándar para que resulte jurídica, constitucional y operativamente sostenible", añadió.
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