EE.UU
La Justicia empieza a definir el futuro del bloqueado decreto migratorio de Trump
Martes 07 de
Febrero 2017
Los estados de Washington y Minnesota dijeron este lunes ante un tribunal de apelaciones que el veto a inmigrantes musulmanes y refugiados desatará el "caos".
Los estados de Washington y Minnesota dijeron hoy ante un tribunal de apelaciones que mantener el veto del presidente Donald Trump a inmigrantes musulmanes y refugiados desatará el "caos", luego de que las mayores compañías tecnológicas de Estados Unidos rechazaran también la medida frente a la misma corte.
Horas después, el gobierno de Trump presentó sus argumentos a la corte a través de otro escrito: "El decreto es una prerrogativa legal de la autoridad que tiene el presidente sobre la entrada de extranjeros a Estados Unidos y la admisión de refugiados".
"El objetivo de la suspensión temporaria (de las visas y los derechos de asilo) es permitir una revisión ordenada y una fiscalización de los procedimientos de control para garantizar que los estándares adecuados se cumplan para proteger (al país) de ataques terroristas", continuó el texto presentado por el Departamento de Justicia y difundido a la prensa posteriormente.
El gobierno fue claro al rechazar el fallo original del juez federal y la ratificación de la corte de apelaciones que suspendió su veto inmigratorio en todo el país.
"Aún si era necesario imponer algún alivio, la suspensión impuesta por la corte en todo el país abiertamente sobrepasa", sentenció el gobierno de Trump, cuestionando la jurisdicción de estados particulares para influir en la política migratoria nacional.
La presentación de los estados de Washington y Minnesota ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de San Francisco dio una nueva vuelta de tuerca a la batalla judicial abierta por el polémico decreto de Trump, luego de que ese tribunal bloqueara ayer la restauración de la medida y pidiera a gobierno y demandantes presentar nuevos argumentos.
La corte de San Francisco actuó en respuesta a un recurso presentado ayer por el gobierno de Trump contra un fallo emitido el viernes por la noche por el juez de Washington James Robart, que paralizó la aplicación del decreto a nivel nacional.
Sin mencionar la pelea legal y luego de haber criticado fuertemente a Robart ayer y el sábado, el presidente insistió hoy en que su "deber superior" es proteger a su pueblo de posible atentados y en que su país necesita un "fuerte" control de la inmigración para impedir el ingreso de quienes quieren "destruirlo".
"Como su presidente, no tengo otro deber superior que proteger al pueblo estadounidense", enfatizó Trump en un discurso en la base aérea McDill en Tampa, estado de Florida, donde tienen sede los mandos de operaciones especiales con competencias en la guerra contra el islamismo radical.
Al presentarse ante la corte de San Francisco, los abogados de Washington y Minnesota alegaron que su demanda se ajusta fuertemente a derecho y que la orden emitida por Trump el 27 de enero, que generó caos en los aeropuertos y protestas dentro y fuera de Estados Unidos, era inapropiada.
Si la corte de apelaciones vuele a instaurar la prohibición del mandatario republicano, "se restablecerán esos perjuicios, separando a familias, varando a nuestros estudiantes universitarios e impidiendo los viajes", agregaron los letrados, según informó la cadena de noticias CNN.
Con el argumento de proteger a la nación de ataques islamistas, el decreto de Trump prohibió el ingreso de personas provenientes de siete países musulmanes por 90 días, congeló el programa de admisión de refugiados por 120 días y lo suspendió por completo, por tiempo indefinido, para el caso de los sirios.
La presentación de los abogados de los dos estados fue acompañada por una declaración ante el juez de los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright, y de ex funcionarios de seguridad nacional de Barack Obama, el antecesor demócrata de Trump.
En el escrito, Kerry y los demás afirmaron que la prohibición de Trump afectará la vida de las personas y socavará la capacidad de Estados Unidos de coordinar la lucha contra el Estado Islámico (EI) y otros grupos extremistas con sus aliados internacionales, lo que a su vez hará al país menos seguro.
"Colaborará con el esfuerzo de propaganda del ISIS y servirá a su mensaje de reclutamiento alimentando la narrativa de que Estados Unidos está en guerra con el islam", dijeron los ex funcionarios, usando una sigla alternativa para el EI, en su escrito de seis páginas.
"Las prohibiciones totales de ciertos países o clases de personas están por debajo de la dignidad de la nación y la Constitución, a las que juramos proteger", agregó la declaración.
Además, un total de 16 estados, entre ellos Nueva York y California, también presentaron un escrito en contra del veto inmigratorio de Trump, según informó la agencia de noticias ANSA.
La industria tecnológica también se pronunció en contra del decreto, con las principales empresas de Estados Unidos en ese rubro, entre ellas Apple, Facebook, Google y Microsoft, argumentando ante el tribunal que lleva el caso que les hará más difícil contratar empelados.
La presentación, firmada por 97 compañías, es una acción poco frecuente por parte de los grandes grupos tecnológicos y demuestra "la profundidad de la animosidad hacia la prohibición de Trump" en Silicon Valley, meca de las empresas tecnológicas, según opinó el diario The Washington Post.
El escrito de Silicon Valley, un eje de innovación donde la inmigración se considera un elemento central de la identidad de las tecnológicas, se produce además tras una semana de protestas en todo el país contra el decreto.
Pero Trump, que niega la importancia de esas protestas, aseguró hoy por Twitter que todos los "sondeos negativos" sobre su polémico veto migratorio "son noticias falsas".
Ayer, el presidente cargó contra el juez Robart por segunda vez en dos días, escribiendo en Twitter que si ocurre algo malo la culpa será del magistrado, a quien acusó de poner en peligro al país. El sábado lo había calificado de "supuesto juez" y dicho que su fallo contra su decreto era "ridículo".
La decisión de ayer obligó al gobierno a restaurar miles de visados y a abrir nuevamente las puertas a millones de inmigrantes y refugiados.
Según expertos legales, la corte de apelaciones, luego de oír los argumentos del gobierno, podría tomar una decisión final esta semana, y es probable que la batalla llegue pronto a la Corte Suprema, una de cuyas bancas está vacante a la espera de que el Senado ratifique al nominado de Trump, Neil Gorsuch.
Horas después, el gobierno de Trump presentó sus argumentos a la corte a través de otro escrito: "El decreto es una prerrogativa legal de la autoridad que tiene el presidente sobre la entrada de extranjeros a Estados Unidos y la admisión de refugiados".
"El objetivo de la suspensión temporaria (de las visas y los derechos de asilo) es permitir una revisión ordenada y una fiscalización de los procedimientos de control para garantizar que los estándares adecuados se cumplan para proteger (al país) de ataques terroristas", continuó el texto presentado por el Departamento de Justicia y difundido a la prensa posteriormente.
El gobierno fue claro al rechazar el fallo original del juez federal y la ratificación de la corte de apelaciones que suspendió su veto inmigratorio en todo el país.
"Aún si era necesario imponer algún alivio, la suspensión impuesta por la corte en todo el país abiertamente sobrepasa", sentenció el gobierno de Trump, cuestionando la jurisdicción de estados particulares para influir en la política migratoria nacional.
La presentación de los estados de Washington y Minnesota ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de San Francisco dio una nueva vuelta de tuerca a la batalla judicial abierta por el polémico decreto de Trump, luego de que ese tribunal bloqueara ayer la restauración de la medida y pidiera a gobierno y demandantes presentar nuevos argumentos.
La corte de San Francisco actuó en respuesta a un recurso presentado ayer por el gobierno de Trump contra un fallo emitido el viernes por la noche por el juez de Washington James Robart, que paralizó la aplicación del decreto a nivel nacional.
Sin mencionar la pelea legal y luego de haber criticado fuertemente a Robart ayer y el sábado, el presidente insistió hoy en que su "deber superior" es proteger a su pueblo de posible atentados y en que su país necesita un "fuerte" control de la inmigración para impedir el ingreso de quienes quieren "destruirlo".
"Como su presidente, no tengo otro deber superior que proteger al pueblo estadounidense", enfatizó Trump en un discurso en la base aérea McDill en Tampa, estado de Florida, donde tienen sede los mandos de operaciones especiales con competencias en la guerra contra el islamismo radical.
Al presentarse ante la corte de San Francisco, los abogados de Washington y Minnesota alegaron que su demanda se ajusta fuertemente a derecho y que la orden emitida por Trump el 27 de enero, que generó caos en los aeropuertos y protestas dentro y fuera de Estados Unidos, era inapropiada.
Si la corte de apelaciones vuele a instaurar la prohibición del mandatario republicano, "se restablecerán esos perjuicios, separando a familias, varando a nuestros estudiantes universitarios e impidiendo los viajes", agregaron los letrados, según informó la cadena de noticias CNN.
Con el argumento de proteger a la nación de ataques islamistas, el decreto de Trump prohibió el ingreso de personas provenientes de siete países musulmanes por 90 días, congeló el programa de admisión de refugiados por 120 días y lo suspendió por completo, por tiempo indefinido, para el caso de los sirios.
La presentación de los abogados de los dos estados fue acompañada por una declaración ante el juez de los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright, y de ex funcionarios de seguridad nacional de Barack Obama, el antecesor demócrata de Trump.
En el escrito, Kerry y los demás afirmaron que la prohibición de Trump afectará la vida de las personas y socavará la capacidad de Estados Unidos de coordinar la lucha contra el Estado Islámico (EI) y otros grupos extremistas con sus aliados internacionales, lo que a su vez hará al país menos seguro.
"Colaborará con el esfuerzo de propaganda del ISIS y servirá a su mensaje de reclutamiento alimentando la narrativa de que Estados Unidos está en guerra con el islam", dijeron los ex funcionarios, usando una sigla alternativa para el EI, en su escrito de seis páginas.
"Las prohibiciones totales de ciertos países o clases de personas están por debajo de la dignidad de la nación y la Constitución, a las que juramos proteger", agregó la declaración.
Además, un total de 16 estados, entre ellos Nueva York y California, también presentaron un escrito en contra del veto inmigratorio de Trump, según informó la agencia de noticias ANSA.
La industria tecnológica también se pronunció en contra del decreto, con las principales empresas de Estados Unidos en ese rubro, entre ellas Apple, Facebook, Google y Microsoft, argumentando ante el tribunal que lleva el caso que les hará más difícil contratar empelados.
La presentación, firmada por 97 compañías, es una acción poco frecuente por parte de los grandes grupos tecnológicos y demuestra "la profundidad de la animosidad hacia la prohibición de Trump" en Silicon Valley, meca de las empresas tecnológicas, según opinó el diario The Washington Post.
El escrito de Silicon Valley, un eje de innovación donde la inmigración se considera un elemento central de la identidad de las tecnológicas, se produce además tras una semana de protestas en todo el país contra el decreto.
Pero Trump, que niega la importancia de esas protestas, aseguró hoy por Twitter que todos los "sondeos negativos" sobre su polémico veto migratorio "son noticias falsas".
Ayer, el presidente cargó contra el juez Robart por segunda vez en dos días, escribiendo en Twitter que si ocurre algo malo la culpa será del magistrado, a quien acusó de poner en peligro al país. El sábado lo había calificado de "supuesto juez" y dicho que su fallo contra su decreto era "ridículo".
La decisión de ayer obligó al gobierno a restaurar miles de visados y a abrir nuevamente las puertas a millones de inmigrantes y refugiados.
Según expertos legales, la corte de apelaciones, luego de oír los argumentos del gobierno, podría tomar una decisión final esta semana, y es probable que la batalla llegue pronto a la Corte Suprema, una de cuyas bancas está vacante a la espera de que el Senado ratifique al nominado de Trump, Neil Gorsuch.
Con información de
telam
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