Santa Fe
Sostienen que “prohibir los cabarets no es la solución”
Jueves 30 de
Mayo 2013
Para la titular de la oficina de Derechos Humanos, Gabriela Sosa, la explotación sexual no se acaba con el cierre preventivo de las whiskerías. Propone combatirla a través del Estado, con políticas integrales que saquen a las mujeres de la prostitución
Desde la Oficina de Derechos Humanos, su directora Gabriela Sosa –militante de larga data por los derechos de las mujeres– sostuvo que “prohibir los cabarets” no acabará con la explotación sexual sino que “la pondrá bajo la alfombra y condenará a la invisibilidad”. Mejor sería, en su opinión, promover “políticas integrales desde el Estado que saquen a las mujeres de la prostitución”.
Consultada por Rosario3.com sobre la clausura de La Rosa Sexy Bar, Sosa celebró lo actuado porque a diferencia de un cierre preventivo e incluso de la total eliminación del rubro –como impulsa la edila radical María Eugenia Schmuck– permite descubrir a los responsables detrás del delito, cosa que no podría hacerse –insistió– si se prohíbe desde el vamos.
“La intervención para evaluar si hay delito es la consecuencia de un avance y tiene que ir antes del cierre”, aseguró Sosa, que a partir del caso Martita Verón notó un cambio en la forma de entender la problemática. “Hace mucho tiempo que tenemos una ley de trata y de profilaxis, pero ahora veo la decisión política de aprovecharlas como herramientas para ir a la búsqueda de estos lugares que promueven a la mujer como objetos sexuales”, señaló y recalcó: “Estos lugares no deben existir”.
Para la funcionaria, entonces, el Estado debe poner sobre la mesa propuestas laborales que saquen a las prostitutas de las calles. A su entender, y a diferencia de la postura de la Asociación de Meretrices (Ammar), ninguna mujer encara el oficio más viejo del mundo como “un trabajo digno”.
“La prostitución es una situación de vulneración de derechos y demuestra la ausencia de posibilidades", aseveró y apuntó que la mayoría de las trabajadoras sexuales no se encuentran bajo la órbita de Ammar y coinciden con este punto de vista. De este modo descartó que la organización sea lo suficientemente representativa.
De cualquier manera, Sosa rescató la experiencia boliviana de cooperativas sexuales que permite a las prostitutas organizarse y cuidarse entre ellas sin tener que depender de la figura del proxeneta. Para la funcionaria, éste podría ser un primer paso para erradicar los burdeles y permitir que quienes quieran trabajar en el rubro lo hagan, pero bajo sus propias condicione
“La intervención para evaluar si hay delito es la consecuencia de un avance y tiene que ir antes del cierre”, aseguró Sosa, que a partir del caso Martita Verón notó un cambio en la forma de entender la problemática. “Hace mucho tiempo que tenemos una ley de trata y de profilaxis, pero ahora veo la decisión política de aprovecharlas como herramientas para ir a la búsqueda de estos lugares que promueven a la mujer como objetos sexuales”, señaló y recalcó: “Estos lugares no deben existir”.
Para la funcionaria, entonces, el Estado debe poner sobre la mesa propuestas laborales que saquen a las prostitutas de las calles. A su entender, y a diferencia de la postura de la Asociación de Meretrices (Ammar), ninguna mujer encara el oficio más viejo del mundo como “un trabajo digno”.
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Con información de
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