Panamá Papers: el juez Casanello se declaró incompetente
Lunes 17 de
Abril 2017
El juez federal Sebastián Casanello resolvió declararse incompetente en la causa en la que está imputado el presidente Mauricio Macri, entre otros, conocida como "Panamá Papers". El caso ya no tramitará en el fuero federal, pero continuará investigándose en el fuero de instrucción y en el penal económico en caso de que pueda existir algún delito tributario.
De esta manera, el magistrado no seguirá interviniendo en la investigación sobre la presunta omisión maliciosa que habría sido cometida al completar la declaración jurada patrimonial de Macri. El juez remitió el expediente al Juzgado de Instrucción N°20 por conexidad con otra causa que tramita allí por enriquecimiento ilícito cuando el Presidente era jefe de gobierno porteño.
Casanello entendió que en lo que resta del objeto procesal, en el tramo orientado, a "determinar si la "vida social" de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si el mandatario tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal, ante la posible infracción a la ley 24769 sobre régimen penal tributario, debe ser remitido a la Cámara en lo Penal Económico a fin de que se sortee el juzgado que deberá investigarla.
El juez resumió que llevó a cabo un detalle de las hipótesis investigadas, y colocó inicialmente aquella que se orientaba en determinar si la "vida social de las empresas (Fleg Trading radicada en Bahamas, y Kagemusha radicada en Panamá) había infringido algún tipo penal".
En tanto, recordó que respecto de esa premisa, el presidente del organismo encargado a nivel nacional del "análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos", la Unidad de Información Financiera (UIF), había concluido que "en definitiva, no vemos en autos, ni teniendo en cuenta la información que obra en esta unidad, actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista en el artículo 303 del Código Penal de la Nación".
A esa conclusión arribó el organismo tras remarcar que Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008; que Kagemusha había sido disuelta por haber tenido morosidad de diez años consecutivos en el año 2006; que no había sido posible acreditar documentalmente la existencia de un pago de u4S 9 millones de Fleg Trading a Socma S.A y al no tener acreditado ese extremo no era posible tener por acreditada una hipotética inversión posterior, en cualquier empresa, particularmente en Martex do Sul, Mega Consultoría e Intron Brasil; que Owners do Brasil había ingresado a las empresas en el año 2007 mientras que los hechos que se investigan datan del año 1998 lo que denotaba una ruptura de nexo causal entre los sucesos; y que de las participaciones accionarias en las empresas mencionadas no surgía elemento alguno que permitiera vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos.
Paralelamente, el juzgado de Casanello valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia.
En ese punto, se destacó en el fallo que en torno a Fleg Trading la atención se centró en los u$s 9,5 millones que dicha firma le habría pagado a Socma Americana S.A por las acciones que ésta última tenía en Owners do Brasil, y la presunta actividad desplegada por Fleg en el negocio de "Pague Fácil" en el vecino país, y se agregó que las operaciones se remontan a casi veinte años atrás.
Asimismo, la UIF informó que no había elementos que permitiesen sospechar de lavado y el fiscal del caso, Federico Delgado, dictaminó que los hechos podrían resultar atípicos sin perjuicio de tal vez estar prescriptos.
En esa línea, se indicó que la prueba colectada en la causa permitía avalar las explicaciones recabadas en el sentido del carácter blanco de esos dineros y descartar la hipótesis de lavado eje de la investigación llevada adelante en el fuero federal, en tanto el "quid" del asunto pasaba por determinar si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de u$s 9,5 millones de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana SA, y no qué hizo con ese dinero ésta última empresa.
Así, Casanello, luego de valorar aquellas respuestas, señaló que sólo restaba en relación a lo que se conoce como los Panamá Papers, aguardar las conclusiones a que podría arribar el organismo recaudador (AFIP) en función de las investigaciones en marcha ante esa sede.
Ante ese escenario, y frente a la existencia de dichas investigaciones y un posible remanente impositivo, al haber descartado la hipótesis de lavado de activos, el tribunal entendió que la decisión que correspondía adoptar conducía a declarar la incompetencia del fuero federal para seguir interviniendo.
El magistrado aclaró que en el inicio de la causa, Delgado requirió la investigación de la posible omisión maliciosa de Macri de declarar su participación en las sociedades Fleg Trading y Kagemusha, pero que sin embargo posteriormente pareció ampliarse el objeto alrededor de otro tipo de bienes que se habrían omitido o falseado su valuación.
Es ahí donde Casanello subrayó que de uno u otro modo, lo que debía destacarse en primer término es que la omisión maliciosa no es más que una calificación jurídica, mientras que la hipótesis de trabajo está constituida por un hecho, que como tal debe ser investigado, y que dicha maniobra consiste en el ocultamiento de parte del patrimonio de la esfera de los organismos de control.
Asimismo, remarcó que ante el fuero ordinario se está llevando adelante una investigación por el posible delito de enriquecimiento ilícito del por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, e indicó que la Cámara Federal de Apelaciones señaló ésta causa al advertirle a Casanello que no podía abordar aspectos investigados por otros magistrados.
Así, Casanello, luego de valorar aquellas respuestas, señaló que sólo restaba en relación a lo que se conoce como los Panamá Papers, aguardar las conclusiones a que podría arribar el organismo recaudador (AFIP) en función de las investigaciones en marcha ante esa sede.
Ante ese escenario, y frente a la existencia de dichas investigaciones y un posible remanente impositivo, al haber descartado la hipótesis de lavado de activos, el tribunal entendió que la decisión que correspondía adoptar conducía a declarar la incompetencia del fuero federal para seguir interviniendo.
El magistrado aclaró que en el inicio de la causa, Delgado requirió la investigación de la posible omisión maliciosa de Macri de declarar su participación en las sociedades Fleg Trading y Kagemusha, pero que sin embargo posteriormente pareció ampliarse el objeto alrededor de otro tipo de bienes que se habrían omitido o falseado su valuación.
Es ahí donde Casanello subrayó que de uno u otro modo, lo que debía destacarse en primer término es que la omisión maliciosa no es más que una calificación jurídica, mientras que la hipótesis de trabajo está constituida por un hecho, que como tal debe ser investigado, y que dicha maniobra consiste en el ocultamiento de parte del patrimonio de la esfera de los organismos de control.
Asimismo, remarcó que ante el fuero ordinario se está llevando adelante una investigación por el posible delito de enriquecimiento ilícito del por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, e indicó que la Cámara Federal de Apelaciones señaló ésta causa al advertirle a Casanello que no podía abordar aspectos investigados por otros magistrados.
Casanello entendió que en lo que resta del objeto procesal, en el tramo orientado, a "determinar si la "vida social" de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si el mandatario tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal, ante la posible infracción a la ley 24769 sobre régimen penal tributario, debe ser remitido a la Cámara en lo Penal Económico a fin de que se sortee el juzgado que deberá investigarla.
El juez resumió que llevó a cabo un detalle de las hipótesis investigadas, y colocó inicialmente aquella que se orientaba en determinar si la "vida social de las empresas (Fleg Trading radicada en Bahamas, y Kagemusha radicada en Panamá) había infringido algún tipo penal".
En tanto, recordó que respecto de esa premisa, el presidente del organismo encargado a nivel nacional del "análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos", la Unidad de Información Financiera (UIF), había concluido que "en definitiva, no vemos en autos, ni teniendo en cuenta la información que obra en esta unidad, actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista en el artículo 303 del Código Penal de la Nación".
A esa conclusión arribó el organismo tras remarcar que Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008; que Kagemusha había sido disuelta por haber tenido morosidad de diez años consecutivos en el año 2006; que no había sido posible acreditar documentalmente la existencia de un pago de u4S 9 millones de Fleg Trading a Socma S.A y al no tener acreditado ese extremo no era posible tener por acreditada una hipotética inversión posterior, en cualquier empresa, particularmente en Martex do Sul, Mega Consultoría e Intron Brasil; que Owners do Brasil había ingresado a las empresas en el año 2007 mientras que los hechos que se investigan datan del año 1998 lo que denotaba una ruptura de nexo causal entre los sucesos; y que de las participaciones accionarias en las empresas mencionadas no surgía elemento alguno que permitiera vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos.
Paralelamente, el juzgado de Casanello valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia.
En ese punto, se destacó en el fallo que en torno a Fleg Trading la atención se centró en los u$s 9,5 millones que dicha firma le habría pagado a Socma Americana S.A por las acciones que ésta última tenía en Owners do Brasil, y la presunta actividad desplegada por Fleg en el negocio de "Pague Fácil" en el vecino país, y se agregó que las operaciones se remontan a casi veinte años atrás.
Asimismo, la UIF informó que no había elementos que permitiesen sospechar de lavado y el fiscal del caso, Federico Delgado, dictaminó que los hechos podrían resultar atípicos sin perjuicio de tal vez estar prescriptos.
En esa línea, se indicó que la prueba colectada en la causa permitía avalar las explicaciones recabadas en el sentido del carácter blanco de esos dineros y descartar la hipótesis de lavado eje de la investigación llevada adelante en el fuero federal, en tanto el "quid" del asunto pasaba por determinar si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de u$s 9,5 millones de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana SA, y no qué hizo con ese dinero ésta última empresa.
Así, Casanello, luego de valorar aquellas respuestas, señaló que sólo restaba en relación a lo que se conoce como los Panamá Papers, aguardar las conclusiones a que podría arribar el organismo recaudador (AFIP) en función de las investigaciones en marcha ante esa sede.
Ante ese escenario, y frente a la existencia de dichas investigaciones y un posible remanente impositivo, al haber descartado la hipótesis de lavado de activos, el tribunal entendió que la decisión que correspondía adoptar conducía a declarar la incompetencia del fuero federal para seguir interviniendo.
El magistrado aclaró que en el inicio de la causa, Delgado requirió la investigación de la posible omisión maliciosa de Macri de declarar su participación en las sociedades Fleg Trading y Kagemusha, pero que sin embargo posteriormente pareció ampliarse el objeto alrededor de otro tipo de bienes que se habrían omitido o falseado su valuación.
Es ahí donde Casanello subrayó que de uno u otro modo, lo que debía destacarse en primer término es que la omisión maliciosa no es más que una calificación jurídica, mientras que la hipótesis de trabajo está constituida por un hecho, que como tal debe ser investigado, y que dicha maniobra consiste en el ocultamiento de parte del patrimonio de la esfera de los organismos de control.
Asimismo, remarcó que ante el fuero ordinario se está llevando adelante una investigación por el posible delito de enriquecimiento ilícito del por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, e indicó que la Cámara Federal de Apelaciones señaló ésta causa al advertirle a Casanello que no podía abordar aspectos investigados por otros magistrados.
Así, Casanello, luego de valorar aquellas respuestas, señaló que sólo restaba en relación a lo que se conoce como los Panamá Papers, aguardar las conclusiones a que podría arribar el organismo recaudador (AFIP) en función de las investigaciones en marcha ante esa sede.
Ante ese escenario, y frente a la existencia de dichas investigaciones y un posible remanente impositivo, al haber descartado la hipótesis de lavado de activos, el tribunal entendió que la decisión que correspondía adoptar conducía a declarar la incompetencia del fuero federal para seguir interviniendo.
El magistrado aclaró que en el inicio de la causa, Delgado requirió la investigación de la posible omisión maliciosa de Macri de declarar su participación en las sociedades Fleg Trading y Kagemusha, pero que sin embargo posteriormente pareció ampliarse el objeto alrededor de otro tipo de bienes que se habrían omitido o falseado su valuación.
Es ahí donde Casanello subrayó que de uno u otro modo, lo que debía destacarse en primer término es que la omisión maliciosa no es más que una calificación jurídica, mientras que la hipótesis de trabajo está constituida por un hecho, que como tal debe ser investigado, y que dicha maniobra consiste en el ocultamiento de parte del patrimonio de la esfera de los organismos de control.
Asimismo, remarcó que ante el fuero ordinario se está llevando adelante una investigación por el posible delito de enriquecimiento ilícito del por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, e indicó que la Cámara Federal de Apelaciones señaló ésta causa al advertirle a Casanello que no podía abordar aspectos investigados por otros magistrados.
Con información de
ambito
El gobierno firmó convenios con municipios y comunas para la construcción de 1000 nuevas aulas con mejor tecnología y comodidades para los alumnos.
— 𝗠𝗮𝘅𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 (@MaxiRomero22) April 25, 2024
La inversión se realizará supuestamente en el marco del #PlanAbreEscuelas.
NO HUBO REPRESENTACIÓN DOCENTE INVITADA AL EVENTO. Como… pic.twitter.com/eDR3dKEv3V
