Erbetta: "Se rompe con la distinción entre delito común y de lesa humanidad"
Sábado 06 de
Mayo 2017
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, cree que se abre un camino para que puedan aplicarse a los delitos imprescriptibles otros beneficios del derecho interno argentino.
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, considera que aplicar el 2x1 a represores implica que el máximo tribunal nacional asume una posición regresiva en materia de delitos de lesa humanidad con respecto a precedentes del mismo órgano rector de la Justicia argentina.
"Lo opino como catedrático y con absoluto respeto por quienes se pronuncian. Lo central aquí es que se rompe con una construcción conceptual elaborada en la jurisprudencia de los años 2004 y 2005 que consistió en distinguir el delito de lesa humanidad del delito común. Los primeros son a tal punto distintos por su gravedad que son imprescriptibles, no son amnistiables ni indultables. No se les aplicaba, en definitiva, a esos delitos el derecho común argentino, que sí se emplea para un estafador, un ladrón o un homicida. Si se regula un delito de lesa humanidad con el derecho interno, entonces una ley interna más benigna para un condenado, como el 2x1, sería aplicable. Pero eso supone casi borrar la diferencia entre casos de lesa humanidad y delitos comunes". Esa igualación, a su criterio, es la que traza ahora la Corte nacional.
En cuanto a lo ideológico, Erbetta se define más en afinidad con los votos minoritarios de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que con la mayoría integrada por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton. Recuerda que el 2x1 se sancionó en un contexto doméstico de la década del 90 en el que personas finalmente condenadas por delitos comunes habían pasado por prisiones preventivas interminables. "El sentido del 2x1 era, por tanto, ponerle un límite a situaciones escandalosas, de gran morosidad o tardanza de la Justicia. Pero en el caso de delitos de lesa humanidad, que son los cometidos por el Estado durante la dictadura militar, fue el propio Estado el que detuvo la persecución de estos delitos extremos. En esta circunstancia histórica el argumento del 2x1 pierde vigor", indicó.
¿Qué hay detrás de este giro copernicano en lo jurídico? Es difícil no recordar que hace un mes, al inaugurar el año judicial en los tribunales rosarinos, Erbetta afirmó que los jueces no son eunucos. Lo destacaba en el sentido de que los magistrados tienen ideología y hacen política, no en un sentido partidario, decía, sino en la idea de que con sus fallos expresan visiones personales del mundo y de la vida. Por eso entiende que este fallo es expresivo de una cosmovisión. "Detrás de la técnica está la posición política. Es una constatación. No hubiera salido este mismo fallo hace dos años. Pero hay una Corte distinta. Todos son juristas formados y honorables. No es que uno sea mejor que otro. Pero no son iguales (Carlos) Rosenkrantz y (Carmen) Argibay. Ni tampoco lo son (Horacio) Rosatti y (Eugenio) Zaffaroni".
Erbetta entiende que el claro cambio de orientación de la Corte Suprema de la Nación parece subrayarse con otro pronunciamiento previo, de febrero pasado, el fallo Fontevecchia, en el que el tribunal supremo sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. Tanto esta resolución como la del 2x1 apuntalan una línea jurisprudencial que hace prevalecer la aplicación de las reglas del derecho argentino por sobre todos los delitos. Con anterioridad se imponía el precepto de que las sentencias de la Cidh dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de la Nación.
Es de suponer que ahora vendrán avalanchas de demandas de condenados por la represión ilegal para obtener el mismo beneficio. ¿Es la última palabra la de la Corte Suprema? "Hay una teoría que se llama de «leal acatamiento» que define que si bien los jueces resuelven caso por caso cuando hay un criterio fijado por la Corte nacional los tribunales inferiores deberían pronunciarse en el mismo sentido. Pero hay doctrina aceptada de que un juez, cuya independencia es sagrada, puede apartarse de la Corte nacional si diera razones o argumentos nuevos, que no hubieran sido tratados por el tribunal máximo. Por allí puede entonces haber un resquicio para quienes discrepen con este último fallo. Lo que destaco como cuestión objetiva es que esto es un cambio central de la política jurídica aplicada a delitos de lesa humanidad y que tendrá múltiples efectos. Porque es imaginable que se pida la aplicación de otras regulaciones propias del derecho interno para estos delitos considerados de máxima gravedad. Lo que desde 2004 no era posible".
"Lo opino como catedrático y con absoluto respeto por quienes se pronuncian. Lo central aquí es que se rompe con una construcción conceptual elaborada en la jurisprudencia de los años 2004 y 2005 que consistió en distinguir el delito de lesa humanidad del delito común. Los primeros son a tal punto distintos por su gravedad que son imprescriptibles, no son amnistiables ni indultables. No se les aplicaba, en definitiva, a esos delitos el derecho común argentino, que sí se emplea para un estafador, un ladrón o un homicida. Si se regula un delito de lesa humanidad con el derecho interno, entonces una ley interna más benigna para un condenado, como el 2x1, sería aplicable. Pero eso supone casi borrar la diferencia entre casos de lesa humanidad y delitos comunes". Esa igualación, a su criterio, es la que traza ahora la Corte nacional.
En cuanto a lo ideológico, Erbetta se define más en afinidad con los votos minoritarios de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que con la mayoría integrada por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton. Recuerda que el 2x1 se sancionó en un contexto doméstico de la década del 90 en el que personas finalmente condenadas por delitos comunes habían pasado por prisiones preventivas interminables. "El sentido del 2x1 era, por tanto, ponerle un límite a situaciones escandalosas, de gran morosidad o tardanza de la Justicia. Pero en el caso de delitos de lesa humanidad, que son los cometidos por el Estado durante la dictadura militar, fue el propio Estado el que detuvo la persecución de estos delitos extremos. En esta circunstancia histórica el argumento del 2x1 pierde vigor", indicó.
¿Qué hay detrás de este giro copernicano en lo jurídico? Es difícil no recordar que hace un mes, al inaugurar el año judicial en los tribunales rosarinos, Erbetta afirmó que los jueces no son eunucos. Lo destacaba en el sentido de que los magistrados tienen ideología y hacen política, no en un sentido partidario, decía, sino en la idea de que con sus fallos expresan visiones personales del mundo y de la vida. Por eso entiende que este fallo es expresivo de una cosmovisión. "Detrás de la técnica está la posición política. Es una constatación. No hubiera salido este mismo fallo hace dos años. Pero hay una Corte distinta. Todos son juristas formados y honorables. No es que uno sea mejor que otro. Pero no son iguales (Carlos) Rosenkrantz y (Carmen) Argibay. Ni tampoco lo son (Horacio) Rosatti y (Eugenio) Zaffaroni".
Erbetta entiende que el claro cambio de orientación de la Corte Suprema de la Nación parece subrayarse con otro pronunciamiento previo, de febrero pasado, el fallo Fontevecchia, en el que el tribunal supremo sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. Tanto esta resolución como la del 2x1 apuntalan una línea jurisprudencial que hace prevalecer la aplicación de las reglas del derecho argentino por sobre todos los delitos. Con anterioridad se imponía el precepto de que las sentencias de la Cidh dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de la Nación.
Es de suponer que ahora vendrán avalanchas de demandas de condenados por la represión ilegal para obtener el mismo beneficio. ¿Es la última palabra la de la Corte Suprema? "Hay una teoría que se llama de «leal acatamiento» que define que si bien los jueces resuelven caso por caso cuando hay un criterio fijado por la Corte nacional los tribunales inferiores deberían pronunciarse en el mismo sentido. Pero hay doctrina aceptada de que un juez, cuya independencia es sagrada, puede apartarse de la Corte nacional si diera razones o argumentos nuevos, que no hubieran sido tratados por el tribunal máximo. Por allí puede entonces haber un resquicio para quienes discrepen con este último fallo. Lo que destaco como cuestión objetiva es que esto es un cambio central de la política jurídica aplicada a delitos de lesa humanidad y que tendrá múltiples efectos. Porque es imaginable que se pida la aplicación de otras regulaciones propias del derecho interno para estos delitos considerados de máxima gravedad. Lo que desde 2004 no era posible".
Con información de
unosantafe
