Procesaron a dos ex titulares del INCAA en una causa por nombramientos irregulares
Martes 09 de
Mayo 2017
El juez Claudio Bonadio procesó a Liliana Mazure y Lucrecia Cardoso, por presuntas designaciones irregulares de personal mientras estuvieron al frente de ese organismo.
El juez federal Claudio Bonadio procesó a las ex titulares del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) durante la gestión kirchnerista Liliana Mazure y Lucrecia Cardoso, por presuntas designaciones irregulares de personal mientras estuvieron al frente de ese organismo.
El procesamiento alcanzó a la diputada nacional Mazure y a su sucesora en el cargo, Cardoso a quienes les dictó embargos de 370.000 pesos y 400.000 pesos, respectivamente, según consta en el fallo de 52 páginas conocido este lunes.
En la causa iniciada en abril de 2016, en la que intervino el fiscal Carlos Rívolo, el juez sostuvo que las dos ex funcionarias fueron responsables de la comisión de los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.
Las ex titulares del Incaa habían sido denunciadas por “haber propuesto y nombrado para cargos a personas que no reúnen los requisitos legales”, entre los que se encontraba el el yerno de Mazure, Edardo Joao Lima Barrera.
Mazure había sido imputada por haber designado a Lima Barrera, y a Fabián Antonio Montivero, a Mario Oscar Miranda y a la propia Cardoso, quien según la investigación fue la encargada firmar la incorporación del yerno de su antecesora.
Lima Barrera y Montivero, quien fuere el chofer de Mazure -y que antes manejaba un remís en el que ella se trasladaba- fueron procesador por la "aceptación ilegal" del cargo público.
Mazure también es investigada en otra causa que tiene Bonadio por por irregularidades en la rendición de los contratos que firmaron con organismos públicos, no gubernamentales y productoras privadas para otorgar subsidios, durante su gestión.
El procesamiento alcanzó a la diputada nacional Mazure y a su sucesora en el cargo, Cardoso a quienes les dictó embargos de 370.000 pesos y 400.000 pesos, respectivamente, según consta en el fallo de 52 páginas conocido este lunes.
En la causa iniciada en abril de 2016, en la que intervino el fiscal Carlos Rívolo, el juez sostuvo que las dos ex funcionarias fueron responsables de la comisión de los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.
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Con información de
telam
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