La Nación quiere "armonizar" la tarifa del servicio de electricidad
Miércoles 24 de
Mayo 2017
El objetivo es “transparentar” los costos de los distintos componentes y exponer los sobrecostos que a ello cada provincia aplica.
El Gobierno nacional buscará avanzar en una "armonización tarifaria" del servicio eléctrico en todo el país con la premisa de "transparentar" los costos de cada uno de los componentes de las facturas, con un horizonte de concreción para mediados de 2018, lo que explicará los sobrecostos ajenos al sistema que se están aplicando en distintas provincias.
Así lo planteó esta tarde el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, al adelantar que antes de fin de mes se publicarán en la web "los valores que cobra cada una de las distribuidoras, sus cuadros tarifarios, indicando cuánto es el componente de generación, cuánto es el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el de impuestos", que también es distinto entre provincias.
"Ahí vamos a transparentar quién cobra qué", enfatizó el ministro en rueda de prensa, al plantear el objetivo de armonizar entre la Nación y las provincias la facturación en el sistema eléctrico, en el marco del Acuerdo Federal Energético y en particular del Consejo Federal de Energía, que reunirá en junio a los ministros del área de todo el país y las autoridades de las comisiones del Congreso nacional.
Para Aranguren, la idea es "generar condiciones para transparentar y armonizar las tarifas eléctricas, por ejemplo, porque se agregan cargos que no tienen nada que ver con el pago de la energía consumida que, en el caso de la electricidad -como casi el 99% de la población tiene acceso a la luz- tiene un alto nivel de cobrabilidad".
Al citar los ejemplos de las tarifas de luz en La Rioja, Córdoba o Chaco, el ministro aseguró que "han habido aumentos tarifarios por encima de lo que fue el costo de generación, porque le siguieron sumando valor agregado de distribución, y como aumentó el costo de generación se lo ponen en la mochila al Estado nacional".
Al respecto, Aranguren aseveró que en la actualidad el costo de generación que factura Cammesa para las distribuidoras del país "es el mismo para todos", por lo que refutó que los aumentos excesivos que se denuncian en algunas provincias respondan a una decisión nacional.
En base al proceso de normalización que decidió encarar el Ministerio, "a partir de mediados del año próximo nadie podrá tener un valor muy distinto en lo que factura, salvo cargos de naturaleza distinta del transporte y la distribución". "Con la transparencia de las tarifas de cada uno de los sectores se podrá observar la dispersión en cada una, y que en un sistema más armónico la única dispersión debería estar vinculada con la cantidad de clientes por metro cuadrado, porque permite diluir el costo de distribución", explicó Aranguren.
En el caso de las distribuidoras de potestad federal -Edenor y Edesur, en el Área Metropolitana Buenos Aires- el ministro dijo que el VAD de ambas empresas se desdobló en tres partes, con incrementos en abril, noviembre y abril 2018, "para extender en un plazo de año y medio lo que sus pares del resto del país vinieron realizando en los últimos años", en referencia a la diferenciación de subsidios que generó el gobierno kirchnerista.
El funcionario explicó que el desequilibrio de facturación que se da en distintas provincias respondió a que, durante la última década, la mayor parte de las distribuidoras tuvieron la libertad de ajustar el valor agregado de distribución en función de las decisiones que tomaba cada una de las jurisdicciones, con su ente regulador correspondiente y sin la realización de audiencias públicas en muchos casos.
En ese estado de situación, en el último año "muchas provincias han continuado con esas políticas de aumentos por encima del costo de generación, y ha habido casos paradójicos como el de Chaco, en el que Cammesa no le puede facturar ese costo (por la aplicación de una medida cautelar) pero la distribuidora le trasladó al público el precio total diciendo que es responsabilidad de la Nación".
Ante esas situaciones, el ministro planteó que el Gobierno buscará "discutir el tema con todas las provincias y cada cual deberá tomar las decisiones que le corresponden respetando sus potestades federales", pero ante la opinión pública -entendió- permitirá "desenmascarar qué es lo que se hace en cada caso".
“Cuando recibimos la administración, el precio de la energía tendría que haber sido uniforme de 90 pesos por Mw/hora, con un costo de generación que costaba 900 pesos, es decir que el 90 por ciento estaba subsidiado", reseñó el ministro al destacar que, a pesar de ello, "la administración anterior a las provincias amigas les cobraba 60 pesos y a las no tan amigas como Córdoba les cobraba 160".
A partir de esa dispersión tarifaria, el Gobierno nacional impulsó una recomposición tarifaria que el año pasado pasó de 90 a 320 pesos Mw/h, en febrero a 400 pesos y en marzo a 640 pesos, con un costo estimado de generación para el año de 1.270 pesos, es decir el 50 por ciento.
Para lo que resta del año en materia de electricidad, en noviembre el gobierno deberá evaluar un eventual ajuste del precio mayorista de la electricidad, lo que va a depender del costo determinado por las importaciones de Gas Natural Licuado (local y desde Chile), el precio del gas de Bolivia, el tipo de cambio y su evolución.
Así lo planteó esta tarde el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, al adelantar que antes de fin de mes se publicarán en la web "los valores que cobra cada una de las distribuidoras, sus cuadros tarifarios, indicando cuánto es el componente de generación, cuánto es el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el de impuestos", que también es distinto entre provincias.
"Ahí vamos a transparentar quién cobra qué", enfatizó el ministro en rueda de prensa, al plantear el objetivo de armonizar entre la Nación y las provincias la facturación en el sistema eléctrico, en el marco del Acuerdo Federal Energético y en particular del Consejo Federal de Energía, que reunirá en junio a los ministros del área de todo el país y las autoridades de las comisiones del Congreso nacional.
Para Aranguren, la idea es "generar condiciones para transparentar y armonizar las tarifas eléctricas, por ejemplo, porque se agregan cargos que no tienen nada que ver con el pago de la energía consumida que, en el caso de la electricidad -como casi el 99% de la población tiene acceso a la luz- tiene un alto nivel de cobrabilidad".
Al citar los ejemplos de las tarifas de luz en La Rioja, Córdoba o Chaco, el ministro aseguró que "han habido aumentos tarifarios por encima de lo que fue el costo de generación, porque le siguieron sumando valor agregado de distribución, y como aumentó el costo de generación se lo ponen en la mochila al Estado nacional".
Al respecto, Aranguren aseveró que en la actualidad el costo de generación que factura Cammesa para las distribuidoras del país "es el mismo para todos", por lo que refutó que los aumentos excesivos que se denuncian en algunas provincias respondan a una decisión nacional.
En base al proceso de normalización que decidió encarar el Ministerio, "a partir de mediados del año próximo nadie podrá tener un valor muy distinto en lo que factura, salvo cargos de naturaleza distinta del transporte y la distribución". "Con la transparencia de las tarifas de cada uno de los sectores se podrá observar la dispersión en cada una, y que en un sistema más armónico la única dispersión debería estar vinculada con la cantidad de clientes por metro cuadrado, porque permite diluir el costo de distribución", explicó Aranguren.
En el caso de las distribuidoras de potestad federal -Edenor y Edesur, en el Área Metropolitana Buenos Aires- el ministro dijo que el VAD de ambas empresas se desdobló en tres partes, con incrementos en abril, noviembre y abril 2018, "para extender en un plazo de año y medio lo que sus pares del resto del país vinieron realizando en los últimos años", en referencia a la diferenciación de subsidios que generó el gobierno kirchnerista.
El funcionario explicó que el desequilibrio de facturación que se da en distintas provincias respondió a que, durante la última década, la mayor parte de las distribuidoras tuvieron la libertad de ajustar el valor agregado de distribución en función de las decisiones que tomaba cada una de las jurisdicciones, con su ente regulador correspondiente y sin la realización de audiencias públicas en muchos casos.
En ese estado de situación, en el último año "muchas provincias han continuado con esas políticas de aumentos por encima del costo de generación, y ha habido casos paradójicos como el de Chaco, en el que Cammesa no le puede facturar ese costo (por la aplicación de una medida cautelar) pero la distribuidora le trasladó al público el precio total diciendo que es responsabilidad de la Nación".
Ante esas situaciones, el ministro planteó que el Gobierno buscará "discutir el tema con todas las provincias y cada cual deberá tomar las decisiones que le corresponden respetando sus potestades federales", pero ante la opinión pública -entendió- permitirá "desenmascarar qué es lo que se hace en cada caso".
“Cuando recibimos la administración, el precio de la energía tendría que haber sido uniforme de 90 pesos por Mw/hora, con un costo de generación que costaba 900 pesos, es decir que el 90 por ciento estaba subsidiado", reseñó el ministro al destacar que, a pesar de ello, "la administración anterior a las provincias amigas les cobraba 60 pesos y a las no tan amigas como Córdoba les cobraba 160".
A partir de esa dispersión tarifaria, el Gobierno nacional impulsó una recomposición tarifaria que el año pasado pasó de 90 a 320 pesos Mw/h, en febrero a 400 pesos y en marzo a 640 pesos, con un costo estimado de generación para el año de 1.270 pesos, es decir el 50 por ciento.
Para lo que resta del año en materia de electricidad, en noviembre el gobierno deberá evaluar un eventual ajuste del precio mayorista de la electricidad, lo que va a depender del costo determinado por las importaciones de Gas Natural Licuado (local y desde Chile), el precio del gas de Bolivia, el tipo de cambio y su evolución.
Con información de
ellitoral
