Informe de la CADE sobre la labor de Esteban Bullrich como ministro de Educación
Una gestión marcada por el ajuste
Por:
Gastón Godoy
Lunes 31 de
Julio 2017
La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) elaboró un documento sobre los 585 días que Esteban Bullrich fue ministro de Educación de la Nación.
El desfinanciamiento de la educación a través de un presupuesto que –al revés que la inflación– descendió, la subejecución presupuestaria, la desjerarquización de políticas educativas relevantes y la pérdida del poder adquisitivo de los maestros y profesores, mostraron la orientación que quiso imponer en el campo educativo el actual candidato a Senador de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Todos los niveles educativos, de una u otra manera, han sufrido el ajuste macrista. El sucesor de Bullrich, Alejandro Finocchiaro, ya mostró que quiere recorrer el mismo camino; esta semana admitió que se están construyendo “unos 100 jardines”. Mauricio Macri en campaña electoral decía que iban a construir tres mil.
Alberto Croce, secretario general de la CADE, dijo que el objetivo del organismo –nuclea a más de 80 organizaciones no gubernamentales– es defender el derecho a la educación desde una perspectiva política de derechos (el Estado debe hacerse cargo), y no de “igualdad de oportunidades” (aquí se mira la responsabilidad individual de cada uno para acceder a algo). “Elaboramos el documento con información fehaciente. Nuestra intención es que se pueda debatir con datos duros, que provee el mismo Estado”, explicó Croce, quien realizó el informe junto con docentes, profesores, estudiantes e investigadores. “Creemos –dijo– que la única salida para una educación de calidad es un presupuesto de calidad”.
El sincericidio de Finocchiaro reflejó lo que los números ya mostraban. Según la CADE, este año el monto destinado a la construcción de jardines de infante fue de 5.592 millones de pesos (equivale al 3,5 por ciento del presupuesto que recibió la cartera, de 160 mil millones), pero tan sólo fueron ejecutados, después de medio año, 506 millones de pesos, el 9 por ciento. “Del total de 268 jardines que tienen obra prevista en el actual presupuesto, 215, es decir un 80 por ciento del total, no registran aún ejecución presupuestaria”. La cifra va en sintonía con la denuncia que realizaron los gremios docentes, que a este ritmo solo iban a construirse el 10 por ciento de los jardines que prometió Macri en campaña. Mientras tanto, la falta de vacantes continúa siendo uno de los principales problemas.
El Gobierno pregona la “calidad educativa”. Sin embargo, el Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) sufrió una baja del 25 por ciento en términos nominales: 1.426 millones de pesos presupuestados en 2017, contra 1.897 millones de 2016. “Mientras que en 2016 la participación del presupuesto asignado al Infod representaba el 4,7 por del presupuesto del ministerio asignado para educación obligatoria (se descuenta universidades), en el presupuesto actual dicha participación descendió casi un punto: 3,8 por ciento”, detalla el informe.
Como en el resto de las áreas, este año el endeudamiento se profundizó y la educación lo sintió. La relación deuda/educación había sido de 1,04 en 2015 (por cada peso gastado en educación se habían destinado 1,04 a deuda), de 0,85 en 2016 (se gastó menos en deuda que en educación), esta relación hoy es de 1,55. “Se transferirá a los acreedores del Estado un 55 por ciento más que los recursos que se invertirán en educación”, apunta la CAME.
La traducción material de tal ajuste es que “el presupuesto para educación aprobado para 2017 aumenta ocho puntos nominales el de 2016, pero producto de la inflación es un 7 por ciento inferior en términos reales”. Otra forma de ver la pérdida de jerarquía presupuestaria del área es a través de la participación de gasto público sobre el gasto público total: en 2015 fue de 7,4 por ciento, 7,8 por ciento en 2016 y en 2017 bajó a 6,8 puntos.”La variación interanual –afirman– de este indicador da cuenta de una pérdida presupuestaria equivalente al 13 por ciento”.
Las computadoras para los estudiantes secundarios fueron un déficit que el propio Gobierno reconoció en diciembre del año pasado a través de la Anses. Por eso dijeron que este año “compensarían” a quienes no obtuvieron el beneficio. Los números generan dudas: el Plan Nacional de Educación Digital tenía en diciembre del año pasado un fondo de 7.200 millones de pesos, pero en abril de este año, mediante la publicación de la Decisión administrativa 261/2017 en el Boletín Oficial, la partida presupuestaria pasó de 7.200 millones a 6.000 millones, es decir, un 16 por ciento menos. Por si fuera poco, de esos 6.000 millones se han ejecutado poco menos del 15 por ciento.
El derrotero no terminó ahí: Cambiemos había prometido 800.000 equipos bajo la denominación de Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Secundario. “Unos meses más tarde, ya en enero de 2017, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) comunicó que se encontraba gestionando la adquisición de ‘550.000 netbooks educativas’ a pedido del gobierno nacional”, describe el informe. Son 250 mil estudiantes menos sin computadora.
Para la CAME, el Gobierno combina el desfinanciamiento del Programa de Mejoramiento de la Educación Rural (Promer, el cual es financiado por el Banco Mundial), al cual le quitó 35 millones de pesos que fueron para el programa de la Secretaría de Evaluación. Si bien la CAME reconoce la importancia de la evaluación, “no puede concebirse que, recursos que están destinados a un programa cuyo eje es la construcción y equipamiento de escuelas rurales, se deriven a actividades de evaluación que bien podrían tener otras fuentes de financiamiento”.
También alertan contra la realización de evaluaciones censales todos los años, como promueve el macrismo. “No tendría como objetivo principal generar insumos para diseñar mejoras en los procesos de enseñanza desde el sistema y las escuelas, sino que, por el contrario, ese tipo de información se utilizaría para comparar y rankear a las escuelas con datos actualizados todos los años. Un uso posible de esta modalidad de evaluación anual y censal es dar señales a los usuarios (padres) respecto de la ‘calidad educativa’ de cada escuela de acuerdo a su puntaje en las pruebas, para que cada uno pueda elegir la ‘mejor escuela’, repitiendo el modo en que los consumidores, según un enfoque neoclásico, toman decisiones en los mercados en función del precio y otras señales relacionadas con los productos”. Esta metodología, además, fomenta la “competencia entre escuelas”.
Otro de los elementos que va en esa dirección es, como informó PáginaI12 el año pasado, la “subcontratación de privados para difundir información pública de la educación, luego de haber despedido y desplazado a 50 técnicos y profesionales del área de estadística educativa”. Finocchiaro ya anticipó contra quienes irá: “La batalla cultural es contra los gremios docentes”.
Alberto Croce, secretario general de la CADE, dijo que el objetivo del organismo –nuclea a más de 80 organizaciones no gubernamentales– es defender el derecho a la educación desde una perspectiva política de derechos (el Estado debe hacerse cargo), y no de “igualdad de oportunidades” (aquí se mira la responsabilidad individual de cada uno para acceder a algo). “Elaboramos el documento con información fehaciente. Nuestra intención es que se pueda debatir con datos duros, que provee el mismo Estado”, explicó Croce, quien realizó el informe junto con docentes, profesores, estudiantes e investigadores. “Creemos –dijo– que la única salida para una educación de calidad es un presupuesto de calidad”.
El sincericidio de Finocchiaro reflejó lo que los números ya mostraban. Según la CADE, este año el monto destinado a la construcción de jardines de infante fue de 5.592 millones de pesos (equivale al 3,5 por ciento del presupuesto que recibió la cartera, de 160 mil millones), pero tan sólo fueron ejecutados, después de medio año, 506 millones de pesos, el 9 por ciento. “Del total de 268 jardines que tienen obra prevista en el actual presupuesto, 215, es decir un 80 por ciento del total, no registran aún ejecución presupuestaria”. La cifra va en sintonía con la denuncia que realizaron los gremios docentes, que a este ritmo solo iban a construirse el 10 por ciento de los jardines que prometió Macri en campaña. Mientras tanto, la falta de vacantes continúa siendo uno de los principales problemas.
El Gobierno pregona la “calidad educativa”. Sin embargo, el Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) sufrió una baja del 25 por ciento en términos nominales: 1.426 millones de pesos presupuestados en 2017, contra 1.897 millones de 2016. “Mientras que en 2016 la participación del presupuesto asignado al Infod representaba el 4,7 por del presupuesto del ministerio asignado para educación obligatoria (se descuenta universidades), en el presupuesto actual dicha participación descendió casi un punto: 3,8 por ciento”, detalla el informe.
Como en el resto de las áreas, este año el endeudamiento se profundizó y la educación lo sintió. La relación deuda/educación había sido de 1,04 en 2015 (por cada peso gastado en educación se habían destinado 1,04 a deuda), de 0,85 en 2016 (se gastó menos en deuda que en educación), esta relación hoy es de 1,55. “Se transferirá a los acreedores del Estado un 55 por ciento más que los recursos que se invertirán en educación”, apunta la CAME.
La traducción material de tal ajuste es que “el presupuesto para educación aprobado para 2017 aumenta ocho puntos nominales el de 2016, pero producto de la inflación es un 7 por ciento inferior en términos reales”. Otra forma de ver la pérdida de jerarquía presupuestaria del área es a través de la participación de gasto público sobre el gasto público total: en 2015 fue de 7,4 por ciento, 7,8 por ciento en 2016 y en 2017 bajó a 6,8 puntos.”La variación interanual –afirman– de este indicador da cuenta de una pérdida presupuestaria equivalente al 13 por ciento”.
Las computadoras para los estudiantes secundarios fueron un déficit que el propio Gobierno reconoció en diciembre del año pasado a través de la Anses. Por eso dijeron que este año “compensarían” a quienes no obtuvieron el beneficio. Los números generan dudas: el Plan Nacional de Educación Digital tenía en diciembre del año pasado un fondo de 7.200 millones de pesos, pero en abril de este año, mediante la publicación de la Decisión administrativa 261/2017 en el Boletín Oficial, la partida presupuestaria pasó de 7.200 millones a 6.000 millones, es decir, un 16 por ciento menos. Por si fuera poco, de esos 6.000 millones se han ejecutado poco menos del 15 por ciento.
El derrotero no terminó ahí: Cambiemos había prometido 800.000 equipos bajo la denominación de Provisión de Equipamiento Tecnológico para el Nivel Secundario. “Unos meses más tarde, ya en enero de 2017, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) comunicó que se encontraba gestionando la adquisición de ‘550.000 netbooks educativas’ a pedido del gobierno nacional”, describe el informe. Son 250 mil estudiantes menos sin computadora.
Para la CAME, el Gobierno combina el desfinanciamiento del Programa de Mejoramiento de la Educación Rural (Promer, el cual es financiado por el Banco Mundial), al cual le quitó 35 millones de pesos que fueron para el programa de la Secretaría de Evaluación. Si bien la CAME reconoce la importancia de la evaluación, “no puede concebirse que, recursos que están destinados a un programa cuyo eje es la construcción y equipamiento de escuelas rurales, se deriven a actividades de evaluación que bien podrían tener otras fuentes de financiamiento”.
También alertan contra la realización de evaluaciones censales todos los años, como promueve el macrismo. “No tendría como objetivo principal generar insumos para diseñar mejoras en los procesos de enseñanza desde el sistema y las escuelas, sino que, por el contrario, ese tipo de información se utilizaría para comparar y rankear a las escuelas con datos actualizados todos los años. Un uso posible de esta modalidad de evaluación anual y censal es dar señales a los usuarios (padres) respecto de la ‘calidad educativa’ de cada escuela de acuerdo a su puntaje en las pruebas, para que cada uno pueda elegir la ‘mejor escuela’, repitiendo el modo en que los consumidores, según un enfoque neoclásico, toman decisiones en los mercados en función del precio y otras señales relacionadas con los productos”. Esta metodología, además, fomenta la “competencia entre escuelas”.
Otro de los elementos que va en esa dirección es, como informó PáginaI12 el año pasado, la “subcontratación de privados para difundir información pública de la educación, luego de haber despedido y desplazado a 50 técnicos y profesionales del área de estadística educativa”. Finocchiaro ya anticipó contra quienes irá: “La batalla cultural es contra los gremios docentes”.
Con información de
Página 12
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