En Argentina, el 56% de los chicos con discapacidad matriculados no está integrado
Por:
Rosario Medina
Lunes 04 de
Septiembre 2017
Así surge de un relevamiento realizado en 2013 por la UNESCO para evaluar la inclusión escolar en Argentina.
Si bien la ley ampara el derecho a una educación inclusiva de las personas con discapacidad, a la hora de concretarse, muchos padres se encuentran con trabas de parte de muchas escuelas que dan distintos tipos de argumentos para evitar integrar a un niño con alguna dificultad.
De hecho, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que adhiere la Argentina, se sancionó hace 10 años y allí se establece que “para que estas personas puedan ejercer el derecho (a la educación), han de existir sistemas educativos inclusivos; en consecuencia, el derecho a la educación es un derecho a la educación inclusiva”.
Esto significa que debe haber una escuela para todos. En Argentina, esta todavía es una cuenta pendiente, porque existen las escuelas “regulares” y las escuelas “especiales”. “Todavía existe segregación de chicos, no se logra la inclusión en las escuelas regulares. Existen mecanismos por los cuales se pretende derivar a los niños con discapacidad a entornos segregados en vez de procurar su inclusión en la escuela: se rechaza su inscripción bajo el argumento de que la escuela no 'realiza integración' o no están preparadas, no se tienen vacantes o las exigencias son muy altas”, afirma a Clarín Pamela Smith, del área de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
Entre las dificultades que encuentran los padres a la hora de intentar inscribir a su hijo en una escuela “hay cuestiones actitudinales o argumentan cuestiones de falta de vacantes, especialmente en escuelas privadas. Incluso una vez matriculados, tienen inconvenientes para asistir con los apoyos, como maestras integradoras, porque hay escuelas que oponen resistencia”, afirma Smith. Otra de las dificultades que suelen aparecer se dan a la hora de adaptar la currícula a las necesidades del niño. “No se proveen los ajustes razonables”, afirma.
En ACIJ observan que las barreras que impiden la inclusión de niños con discapacidad están presentes tanto en la escuela pública como privada. Sin embargo, en el caso de las instituciones privadas, no existen mecanismos de control y sanción por parte del Estado.
“Uno de los problemas (para la inclusión) es que partimos de la premisa de que todos los niños aprenden igual y eso no es cierto, todo aprenden de forma diferente. Por lo tanto, las escuelas deben estar preparadas para afrontar y ajustarse a las diferencias de todos los estudiantes y no como se quiere que suceda, que sean los niños los que se adapten a la escuela”, agrega Smith.
En 2013 el Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad (SIRIED) de la Unesco realizó un relevamiento de la situación en Argentina, y concluyó que del total de 141.627 estudiantes con discapacidad matriculados, unos 61.552 estaban matriculados en escuelas regulares/comunes y que 80.075 lo estaban en escuelas especiales; es decir un porcentaje del 56% no estaba incluido en el sistema regular.
ACIJ reclama que se modifique la Ley General de Educación y finalmente se elimine la discriminación entre escuela regular y escuela especial. También argumentan que falta legislación sobre los apoyos para los niños con discapacidad, que actualmente se proveen a través del sistema de salud, y el Ministerio de Educación no tiene mucha intervención en el tema. “Tampoco hay coordinación entre ambos ministerios”, agrega Smith. Por último, la falta de datos duros sobre cuántos niños hay integrados o cómo está la situación actualmente, tampoco permite implementar políticas públicas para abordar el tema.
Hace dos semanas, el grupo Art.24 por la Educación Inclusiva presentó el manual “Educación Inclusiva y de Calidad, un derecho de todos”, donde detalla los principios de la educación inclusiva y la normativa que garantiza los derechos de las personas con discapacidad en la escuela.
De allí se desprenden algunas definiciones:
El manual detalla que frecuentemente las "negativas de matriculación se fundan en la imposibilidad de los niños con discapacidad para cumplir con las exigencias de las instituciones, la falta de recursos para llevar a cabo un proceso de inclusión o el 'cumplimiento de un cupo por discapacidad'". Otra actitud que se ve con frecuencia, es que esa negativa por parte de la escuela "rara vez es documentada y justificada por escrito" y se produce "después de haber solicitado a las familias diversos estudios médicos, los cuales se consideran no sólo suficientes sino, también, imprescindibles para determinar si el niño puede o no ingresar a un determinado establecimiento". "Estas conductas -dice el manual- configuran actos de discriminación por motivos de discapacidad, prohibidos por normal nacionales e internacionales", añade.
Para las escuelas de gestión privada, recuerdan los autores, la ley 2.681 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estipula que “Los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un/a aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente” (artículo 1) y que “Las causas que aleguen las instituciones educativas para negar la matriculación o rematriculación, no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (artículo 2).
De hecho, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que adhiere la Argentina, se sancionó hace 10 años y allí se establece que “para que estas personas puedan ejercer el derecho (a la educación), han de existir sistemas educativos inclusivos; en consecuencia, el derecho a la educación es un derecho a la educación inclusiva”.
Esto significa que debe haber una escuela para todos. En Argentina, esta todavía es una cuenta pendiente, porque existen las escuelas “regulares” y las escuelas “especiales”. “Todavía existe segregación de chicos, no se logra la inclusión en las escuelas regulares. Existen mecanismos por los cuales se pretende derivar a los niños con discapacidad a entornos segregados en vez de procurar su inclusión en la escuela: se rechaza su inscripción bajo el argumento de que la escuela no 'realiza integración' o no están preparadas, no se tienen vacantes o las exigencias son muy altas”, afirma a Clarín Pamela Smith, del área de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
Entre las dificultades que encuentran los padres a la hora de intentar inscribir a su hijo en una escuela “hay cuestiones actitudinales o argumentan cuestiones de falta de vacantes, especialmente en escuelas privadas. Incluso una vez matriculados, tienen inconvenientes para asistir con los apoyos, como maestras integradoras, porque hay escuelas que oponen resistencia”, afirma Smith. Otra de las dificultades que suelen aparecer se dan a la hora de adaptar la currícula a las necesidades del niño. “No se proveen los ajustes razonables”, afirma.
En ACIJ observan que las barreras que impiden la inclusión de niños con discapacidad están presentes tanto en la escuela pública como privada. Sin embargo, en el caso de las instituciones privadas, no existen mecanismos de control y sanción por parte del Estado.
“Uno de los problemas (para la inclusión) es que partimos de la premisa de que todos los niños aprenden igual y eso no es cierto, todo aprenden de forma diferente. Por lo tanto, las escuelas deben estar preparadas para afrontar y ajustarse a las diferencias de todos los estudiantes y no como se quiere que suceda, que sean los niños los que se adapten a la escuela”, agrega Smith.
En 2013 el Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad (SIRIED) de la Unesco realizó un relevamiento de la situación en Argentina, y concluyó que del total de 141.627 estudiantes con discapacidad matriculados, unos 61.552 estaban matriculados en escuelas regulares/comunes y que 80.075 lo estaban en escuelas especiales; es decir un porcentaje del 56% no estaba incluido en el sistema regular.
ACIJ reclama que se modifique la Ley General de Educación y finalmente se elimine la discriminación entre escuela regular y escuela especial. También argumentan que falta legislación sobre los apoyos para los niños con discapacidad, que actualmente se proveen a través del sistema de salud, y el Ministerio de Educación no tiene mucha intervención en el tema. “Tampoco hay coordinación entre ambos ministerios”, agrega Smith. Por último, la falta de datos duros sobre cuántos niños hay integrados o cómo está la situación actualmente, tampoco permite implementar políticas públicas para abordar el tema.
Hace dos semanas, el grupo Art.24 por la Educación Inclusiva presentó el manual “Educación Inclusiva y de Calidad, un derecho de todos”, donde detalla los principios de la educación inclusiva y la normativa que garantiza los derechos de las personas con discapacidad en la escuela.
De allí se desprenden algunas definiciones:
El manual detalla que frecuentemente las "negativas de matriculación se fundan en la imposibilidad de los niños con discapacidad para cumplir con las exigencias de las instituciones, la falta de recursos para llevar a cabo un proceso de inclusión o el 'cumplimiento de un cupo por discapacidad'". Otra actitud que se ve con frecuencia, es que esa negativa por parte de la escuela "rara vez es documentada y justificada por escrito" y se produce "después de haber solicitado a las familias diversos estudios médicos, los cuales se consideran no sólo suficientes sino, también, imprescindibles para determinar si el niño puede o no ingresar a un determinado establecimiento". "Estas conductas -dice el manual- configuran actos de discriminación por motivos de discapacidad, prohibidos por normal nacionales e internacionales", añade.
Para las escuelas de gestión privada, recuerdan los autores, la ley 2.681 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estipula que “Los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un/a aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente” (artículo 1) y que “Las causas que aleguen las instituciones educativas para negar la matriculación o rematriculación, no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (artículo 2).
Con información de
clarin
