Condenaron a un ingeniero y a un exrector universitario por fraude al Estado
Jueves 12 de
Octubre 2017
Miguel Ángel Dubarry y Carlos Clerc fueron sentenciados en el Tribunal Oral Federal a dos años de prisión en suspenso por haber cobrado mediante un fraudulento amparo judicial bonos adquiridos tras el default del 2001. El fallo ordenó que se siga investigando el caso.
Después de un juicio que duró dos jornadas, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a un ingeniero y a un abogado por haber defraudado al Estado nacional por haber cobrado, mediante un irregular amparo judicial presentado en el Juzgado Federal Nº 1, bonos públicos adquiridos tras el default del 2001.
La sentencia fue dictada ayer, pasadas las 16.30, y estuvo a cargo de los jueces de primera instancia Luciano Homero Lauría (presidente del tribunal), María Ivón Vella y José María Escobar Cello, los cuales impusieron una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso para Miguel Ángel Dubarry (71) y Carlos Mario Clerc (68).
La condena establecida por el tribunal fue menor a la que había solicitado la Fiscalía General, a cargo de Martín Suárez Faisal, quien en su alegato de clausura pidió al tribunal una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo para ambos imputados.
El fallo judicial además rechazó el planteo de insubsistencia de la acción penal, el cual fue presentado por la defensa de Dubarry, a cargo de Néstor Oroño, momentos antes de comenzar el juicio el pasado martes por la mañana.
El impulso de la causa
El caso se remonta al 2005 cuando el entonces subsecretario legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Osvaldo Siseles, denunció en la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe, que Dubarry –con la asesoría legal de Clerc–, cobró una serie bonos de la deuda pública denominados "bocones previsionales", luego de un amparo judicial presentado en el Juzgado Federal Nº 1 y que ello fue mediante un ardid con el fin de saltar los corralitos financieros establecidos en el 2001 por leyes, decretos y resoluciones del Ministerio de Economía y del propio Estado nacional.
Aquella denuncia sostenía que el mismo Dubarry, junto con Clerc, litigaron en Santa Fe con el fin de que se dicte una medida que obligue al Estado a que no pesifique los bonos y que abone la suma de 167.067,68 dólares o, en su defecto, que pague en pesos pero al cambio de la fecha, que por ese entonces fue fijada en $1,40.
Fue por esa razón que en 2004, Clerc interpuso en el Juzgado Federal Nº 1 una acción de amparo para que declare inconstitucional los decretos 471/2002, 316/2002, las resoluciones del Ministerio de Economía 73/02 y 156/2003 y la ley 25.725, que ponían un freno al pago de bonos que fueron adquiridos tras la crisis del 2001.
Un baldío, un hombre mayor y un juzgado
Durante el juicio se develó que tanto Dubarry como Clerc presentaron el amparo judicial y que el mismo fue tras un ardid establecido que implicó la incorporación de un hombre de avanzada edad y también la declaración de un domicilio ilegal en la ciudad de Rafaela para poder litigar en la provincia.
En este aspecto, las pruebas presentadas por la Fiscalía General determinaron que Dubarry abrió una cuenta –con su esposa– para adquirir los bonos entre los últimos días de junio y los primeros de julio de 2003, por lo cual los mismos se compraron "defaulteados", a un precio totalmente devaluado a su valor nominal.
Como el pago de dichos bonos se hacía imposible, Dubarry decidió incorporar a quien era su suegro, Fernando Bugnard, ya que desde el Ministerio de Economía se emitió una resolución –la 73/02– que establecía que los bonos previsionales que se encontraban en poder de personas mayores y que tenían riesgos en su salud o en la integridad física, podían cobrarse. Como Bugnard tenía 90 años y un deterioro en su salud –que hasta le costó la amputación de una de sus piernas–, Dubarry terminó incorporándolo a una cuenta comitente.
La otra maniobra que pudo develarse durante el juicio fue que tanto Bugnard como Clerc fijaron domicilios en la provincia de Santa Fe cuando ambos residían en la zona de Lomas de Zamora, en la ciudad de Buenos Aires.
Ese domicilio declarado en el amparo judicial era en calle Mariano Quiroz al 1028 de la ciudad de Rafaela, mientras que el legal tuvo lugar en 3 de Febrero al 2700, de la ciudad de Santa Fe. Fue así que cuando la investigación comenzó se detectó que la dirección establecida en Rafaela era un baldío que no figuraba a nombre de ninguno de los amparistas.
Una causa que salpica a un magistrado
Durante el juicio se puso en jaque el vínculo que habrían tenido el juez federal Reinaldo Rodríguez y el imputado Clerc, ya que desde Fiscalía se expuso que los mismos son oriundos de Lomas de Zamora, se desempeñaron como docentes en la Universidad Nacional de Buenos Aires y hasta compartieron un cargo en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Ese vínculo fue remarcado por el fiscal Suárez Faisal en su alegato de clausura, ya que el mismo se preguntó por qué los imputados llegaron hasta la provincia de Santa Fe para querer presentar un amparo y no en sus lugares de residencia.
Vale recordar que por este caso, el mismo Rodríguez recibió un "apercibimiento" del Consejo de la Magistratura en el 2007 cuando la causa se encontraba en plena instrucción.
Fue por esta razón que el fallo judicial dictado por los jueces ordenó remitir a la Fiscalía de Primera Instancia las pruebas reveladas a lo largo del debate para que se "profundice la investigación en relación a la presunta intervención de otras personas".
Con información de
unosantafe
