La iniciativa parlamentaria, que fue aprobada en Diputados y ahora debe tratarla el Senado, es resistida por los cinco sindicatos del Frente Gremial -Suteba, FEB, UDA, AMET y Sadop- y la totalidad de los gremios estatales, que la consideran "violatoria de la ley de asociaciones gremiales". 
 
"No se puede debatir ni generar consensos con una ley que pretende perjudicar a los trabajadores y a quienes defienden sus derechos", indicaron los docentes, y advirtieron que "si la intención de las autoridades es avanzar, vamos a definir un plan de acción que impida que este proyecto se convierta en ley". 
 
Según la denuncia gremial, la intención del proyecto es "crear un organismo de control sobre retenciones salariales, conformado sólo por la patronal, con lo cual cualquier control válido y necesario desde los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, queda absolutamente descartado". 
 
Asimismo, aseguraron que el gobierno "fijará los requisitos para el ingreso al sistema y tendrá la facultad de sacar a las entidades", mientras "el porcentaje afectado para la retención a los empleados estatales pasará del 20% al 30%" y se "mezcla" así a "los sindicatos con empresas destinadas a lucrar con los servicios". 
 
Finalmente, denunciaron que "obliga al trabajador a desafiliarse a las entidades gremiales, en la medida que sus obligaciones con éstas supere los límites impuestos a las retenciones" y advirtieron que "no regula adecuadamente las calidades o condiciones de las empresas que serán prestadoras de los servicios y/o proveedoras de bienes y que los trabajadores puedan usar en su beneficio". 
 
Ante ese panorama, los representantes del Frente Gremial Docente exigieron, junto al resto de los sindicatos estatales, al ministerio de Trabajo provincial una "urgente reunión con el gobernador Daniel Scioli para reiterarle su rechazo al proyecto" y que "se elimine" esa iniciativa.