Un avispero entre el Gobierno y Comodoro Py
Por:
Martín Granovsky
Sábado 31 de
Marzo 2018
Los jueces se quejan de que aumentó la presión del Ejecutivo sobre la Justicia y llegó a un punto inédito desde que el macrismo llegó a la Casa Rosada. Recelos, sospechas y tensiones.
Más allá del gimnasio que los unió en el origen, la decisión del Presidente de postular a Inés Weinberg de Roca como procuradora abre un nuevo escenario de disputa: si Mauricio Macri consigue los votos del Senado para consagrarla, puede tentarse y buscar después la implementación del sistema acusatorio que él mismo había congelado. O sea que podría ensayar una maniobra para quitarles poder a los jueces federales de Comodoro Py: quienes impulsarían cada investigación serían los fiscales y no los jueces, como ocurre hoy.
El cambio del actual sistema al nuevo, similar al de la provincia de Buenos Aires o al de los Estados Unidos, ya había sido previsto por Cristina Fernández de Kirchner. Solo faltaba una ley de implementación. Pero en 2015 ganó el PRO y no el Frente para la Victoria. Entonces la realidad se modificó también en este punto. Macri no quiso implementar la reforma que dejaría como una de las personas más poderosas de la Argentina a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Más aún: buscó todas las maneras de desplazarla. Las legítimas y las ilegítimas. Al final las presiones rindieron sus frutos y la procuradora designada por CFK pidió su jubilación y se retiró.
Fallos
Un juez que habló con este diario a cambio del compromiso de reservar su identidad interpretó que muchos de los últimos fallos más resonantes, sobre todo los que disgustaron al Gobierno en materia de excarcelaciones y de negativa de designar jueces por la ventana, podrían responder a una causa doble:
Por un lado, la percepción en Comodoro Py de que los operadores judiciales de la Casa Rosada quieren utilizar la Procuración como un organismo que podría debilitarlos. Esto ocurriría sin duda con el paso a un sistema acusatorio. Pero incluso si no se llega a ese punto, ya sería una señal el mero llenado del casillero que dejó vacante Gils Carbó con una funcionaria afín a la Presidencia. Más aún cuando la eventual funcionaria podría estar acompañada, además, por operadores con conocimiento del terreno como el actual fiscal Raúl Pleé.
Por otro lado, los fallos que disgustaron al Gobierno serían un gesto de autodefensa frente a operaciones en Tribunales por parte de hombres de confianza del Presidente. Macri afirma no estar interesado en interferir sobre la Justicia. Mientras, suele criticar públicamente excarcelaciones o alude a la supuesta existencia de mafias en uno u otro fuero.
PáginaI12 pudo establecer que la mayoría de los jueces federales no tomó como un gesto inocuo la embestida de Macri contra el fuero laboral, al que el año pasado calificó de “mafia”. “Hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros”, dijo uno de los “nosotros” al comentar el ataque contra los “ellos”. Simple lectura de los juegos del poder.
Otro de los elementos que los jueces interpretaron como un mensaje fue la reacción oficial contra el fiscal Federico Delgado. Su investigación sobre los Panamá Papers no solo quedó trunca de un día para otro aunque Delgado tenía elementos para seguir. Estaba despejado el camino para pesquisar qué empresas brasileñas palpables habían nacido de una de las offshore del Presidente, Fleg Trading. De inmediato Delgado recibió la habitual andanada paraoficial. Él, que nunca había sido kirchnerista ni había pertenecido a Justicia Legítima, de golpe se vio publicado con su cargo, el de fiscal, acompañado de la letra K que el Gobierno usa como insulto o como amenaza. Amenaza directa a unos y mensaje para terceros. Los unos son los que actúan en alguna causa que incomoda al Gobierno. Algún fiscal, por ejemplo. Los terceros serían, al margen de los fiscales, los jueces federales. A ellos suelen estar dirigidos los mensajes del Poder Ejecutivo.
Clases
Un magistrado que también pidió reserva, como es habitual en estos casos, interpretó que hay dos tipos de operadores oficiales.
La primera clase de alfiles del PRO en Comodoro Py responde al patrón típico, que nació con el menemismo: prolongaciones de los servicios de inteligencia que se reúnen con los jueces y les piden favores para el oficialismo. O para proteger propios o para dañar a extraños.
La segunda clase estaría integrada por lo que muchos magistrados denominan ya “el ala moralista”.
“No es una cuestión moral”, explicó uno de los consultados. “Se trata del uso político de los argumentos morales para justificar maniobras que responden a la vieja tradición de conservar el poder, acrecentarlo y prevenir cualquier daño que pueda disminuir el nivel de dominio sobre las cosas.”
Es pública la actitud de la diputada Elisa Carrió, que sería una de las figuras enroladas en el llamado “moralismo”. Llegó a presionar a María Romilda Servini de Cubría, que además de jueza federal es jueza electoral, para que quedase fuera de la lista del oficialismo Joanna Picetti. Al final la Cámara Nacional Electoral convalidó que Picetti saliera del Frente Vamos Juntos, que llevó a Carrió como cabeza de lista a diputada nacional, en favor de Jorge Enríquez, un radical conservador que entre 2015 y 2017 fue subsecretario de Justicia porteño.
Pragmático, el Gobierno incluso revitalizó viejos operadores como Javier Fernández, quien sigue firme como integrante de la Auditoría General de la Nación, un sitio desde puede observarse la cocina del Estado. Fernández suma a su versatilidad que es hermano del camarista en lo Contencioso Administrativo Sergio Fernández. Lo penal y lo contencioso quedan en familia.
Una llama graduable parece ser el instrumento oficial destinado a Comodoro Py. Solo se apaga muy de vez en cuando. En todo caso más bien permanece en piloto, con el fuego dispuesto para calentar. Un disuasivo que a veces se usa y a veces no, pero siempre está.
Tiempos
Como todos los gobiernos, tampoco la administración de Cambiemos optó por una barrida general, si es que eso fuese posible. Prefirió jugar con ritmos y tiempos.
Daniel Rafecas ya fue acusado en el Consejo de la Magistratura. Quedó en el cargo, pero antes debió experimentar en su cuerpo cómo es la carnicería.
Uno de los consultados por PáginaI12 recordó que otro de los jueces federales, Rodolfo Canicoba Corral, osciló en la consideración del oficialismo. Sospecharon de él inicialmente porque lo creían amigo incondicional de Daniel Scioli, el candidato derrotado en 2015. Pasaron de la sospecha a la complacencia cuando ordenó detener a Omar “Caballo” Suárez, el secretario del Somu, el sindicato de los obreros marítimos. El propio abogado de Suárez, Alejandro Argibay Molina, pidió la recusación de Canicoba porque, en sus palabras, habría actuado “por presión del Gobierno” y para “evitar ser destituido”. Cuando hubo peligro de excarcelación de Suárez, Canicoba descubrió que el Gobierno otra vez estaba interesado en su vida privada. Por ejemplo en sus veraneos.
Servini, además del caso de la diputada, también vivió en carne propia el cambio de humores.
Lo mismo le pasó, según los magistrados que consultó este diario, al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que a los 52 años lleva 33 de carrera judicial. La simpatía o antipatía se mensuraba, en su caso, por los vaivenes de la designación como jueza de su esposa, la secretaria de juzgado Ana María Juan, prosecretaria de la sala de la cámara federal donde revistaba Eduardo Freiler antes de ser apartado por el Consejo de la Magistratura.
El juez Ariel Lijo tiene una de las causas más sensibles para Macri, la del Correo, donde está en juego la legitimidad de la condonación de una deuda millonaria de una de las empresas-emblema del grupo económico familiar del Presidente. “Socma está representada por estudios con llegada al mismo Consejo de la Magistratura”, dijo uno de los magistrados a PáginaI12. También aseguró que operadores del Gobierno, del ala “moralista” y del ala más cruda, tienen en la mira cada causa que tramite en los juzgados de Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Luis Rodríguez (de excelente relación con Fernández) y Sergio Torres. Y que miembros del equipo de ojos y oídos de Macri, que pilotea Marcos Peña y se desparrama por el Estado mediante designaciones inspiradas por Mario Quintana, también miran y escuchan lo que pasa en Tribunales.
La filtración de las escuchas judiciales es otro terreno de encontronazos entre los poderes Judicial y Ejecutivo. Los jueces niegan que la difusión de los amables diálogos entre CFK y Oscar Parrilli sea responsabilidad del Poder Judicial que centraliza las escuchas. Acusan a los espías. Es decir, a la Casa Rosada. “El contenido les fue entregado por completo a los funcionarios de la Presidencia”, fue la respuesta que recabó este diario.
Las fricciones aumentan cuando a los jueces les queda claro que Macri quiere diluir su poder sembrando la Justicia ya no de pragmáticos sino de tropa propia.
Por eso la clásica tensión entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema alcanzó una dimensión más aguda dos semanas atrás, cuando la Corte rechazó la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 9 para entender en una causa que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No es una cuestión de repentina simpatía de la Corte por CFK. La Corte no se limitó al rechazo. Hizo una historia de la cuestión que, repasando el texto de la acordada, puede esquematizarse de este modo:
Una ley, la 27.307, dispuso transformar cinco tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal en cinco tribunales en lo Criminal Federal.
El Consejo de la Magistratura participaría en la integración de los tribunales en lo Criminal Federal.
Así fue que el tribunal criminal 10 fue convertido en Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9, con una integración personificada en Silvia Mora, Alejandro Becerra y Alejandro Nocetti Achaval.
Pero ninguno de ellos pasó por el procedimiento habitual de la designación del Ejecutivo tras una terna vinculante elevada por el Consejo de la Magistratura y votada en el Senado.
Para la Corte el mecanismo habría violado la investidura de los jueces nacionales. Citó un fallo de los ya fallecidos Augusto Belluscio y Enrique Petracchi para un caso en el que, según los supremos, se había violado el principio de que el nombramiento es para un cargo específico “y no consiste, en cambio, en la atribución genérica del carácter de ‘juez’ sin adscripción concreta a un cargo.”
El artículo 99, inciso 4, de la Constitución, establece un único mecanismo para nombrar jueces. El Presidente los designa “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”.
Las transformaciones y traslados no están en la Constitución.
“Los recaudos adoptados por el constituyente para asegurar el principio de independencia del Poder Judicial no pueden ser obviados a partir de una lectura que no preserve adecuadamente el sistema de división del Poder que establece la Constitución Nacional”, dice la acordada. Esa independencia depende también del proceso de nombramiento.
La Corte dejó sin efecto los sorteos por unanimidad. En cambio no fue por unanimidad que resolvió “no hacer lugar a la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9”.
La disidencia corrió por cuenta de uno de los ministros nuevos, Carlos Rosenkrantz, el más afín a la Casa Rosada y el mismo que en 2016 y 2017 impulsó el dos por uno para los represores. Lo acompañó la ministra Elena Highton de Nolasco. Otro de los nuevos, Horacio Rosatti, votó junto con los más veteranos Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Quién integra los juzgados y con qué límites es crucial hacia el futuro. Influye sobre la calidad institucional y, como todo, sobre el balance de poder que hoy exhibe chirridos entre el Ejecutivo y Comodoro Py.
El cambio del actual sistema al nuevo, similar al de la provincia de Buenos Aires o al de los Estados Unidos, ya había sido previsto por Cristina Fernández de Kirchner. Solo faltaba una ley de implementación. Pero en 2015 ganó el PRO y no el Frente para la Victoria. Entonces la realidad se modificó también en este punto. Macri no quiso implementar la reforma que dejaría como una de las personas más poderosas de la Argentina a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Más aún: buscó todas las maneras de desplazarla. Las legítimas y las ilegítimas. Al final las presiones rindieron sus frutos y la procuradora designada por CFK pidió su jubilación y se retiró.
Fallos
Un juez que habló con este diario a cambio del compromiso de reservar su identidad interpretó que muchos de los últimos fallos más resonantes, sobre todo los que disgustaron al Gobierno en materia de excarcelaciones y de negativa de designar jueces por la ventana, podrían responder a una causa doble:
Por un lado, la percepción en Comodoro Py de que los operadores judiciales de la Casa Rosada quieren utilizar la Procuración como un organismo que podría debilitarlos. Esto ocurriría sin duda con el paso a un sistema acusatorio. Pero incluso si no se llega a ese punto, ya sería una señal el mero llenado del casillero que dejó vacante Gils Carbó con una funcionaria afín a la Presidencia. Más aún cuando la eventual funcionaria podría estar acompañada, además, por operadores con conocimiento del terreno como el actual fiscal Raúl Pleé.
Por otro lado, los fallos que disgustaron al Gobierno serían un gesto de autodefensa frente a operaciones en Tribunales por parte de hombres de confianza del Presidente. Macri afirma no estar interesado en interferir sobre la Justicia. Mientras, suele criticar públicamente excarcelaciones o alude a la supuesta existencia de mafias en uno u otro fuero.
PáginaI12 pudo establecer que la mayoría de los jueces federales no tomó como un gesto inocuo la embestida de Macri contra el fuero laboral, al que el año pasado calificó de “mafia”. “Hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros”, dijo uno de los “nosotros” al comentar el ataque contra los “ellos”. Simple lectura de los juegos del poder.
Otro de los elementos que los jueces interpretaron como un mensaje fue la reacción oficial contra el fiscal Federico Delgado. Su investigación sobre los Panamá Papers no solo quedó trunca de un día para otro aunque Delgado tenía elementos para seguir. Estaba despejado el camino para pesquisar qué empresas brasileñas palpables habían nacido de una de las offshore del Presidente, Fleg Trading. De inmediato Delgado recibió la habitual andanada paraoficial. Él, que nunca había sido kirchnerista ni había pertenecido a Justicia Legítima, de golpe se vio publicado con su cargo, el de fiscal, acompañado de la letra K que el Gobierno usa como insulto o como amenaza. Amenaza directa a unos y mensaje para terceros. Los unos son los que actúan en alguna causa que incomoda al Gobierno. Algún fiscal, por ejemplo. Los terceros serían, al margen de los fiscales, los jueces federales. A ellos suelen estar dirigidos los mensajes del Poder Ejecutivo.
Clases
Un magistrado que también pidió reserva, como es habitual en estos casos, interpretó que hay dos tipos de operadores oficiales.
La primera clase de alfiles del PRO en Comodoro Py responde al patrón típico, que nació con el menemismo: prolongaciones de los servicios de inteligencia que se reúnen con los jueces y les piden favores para el oficialismo. O para proteger propios o para dañar a extraños.
La segunda clase estaría integrada por lo que muchos magistrados denominan ya “el ala moralista”.
“No es una cuestión moral”, explicó uno de los consultados. “Se trata del uso político de los argumentos morales para justificar maniobras que responden a la vieja tradición de conservar el poder, acrecentarlo y prevenir cualquier daño que pueda disminuir el nivel de dominio sobre las cosas.”
Es pública la actitud de la diputada Elisa Carrió, que sería una de las figuras enroladas en el llamado “moralismo”. Llegó a presionar a María Romilda Servini de Cubría, que además de jueza federal es jueza electoral, para que quedase fuera de la lista del oficialismo Joanna Picetti. Al final la Cámara Nacional Electoral convalidó que Picetti saliera del Frente Vamos Juntos, que llevó a Carrió como cabeza de lista a diputada nacional, en favor de Jorge Enríquez, un radical conservador que entre 2015 y 2017 fue subsecretario de Justicia porteño.
Pragmático, el Gobierno incluso revitalizó viejos operadores como Javier Fernández, quien sigue firme como integrante de la Auditoría General de la Nación, un sitio desde puede observarse la cocina del Estado. Fernández suma a su versatilidad que es hermano del camarista en lo Contencioso Administrativo Sergio Fernández. Lo penal y lo contencioso quedan en familia.
Una llama graduable parece ser el instrumento oficial destinado a Comodoro Py. Solo se apaga muy de vez en cuando. En todo caso más bien permanece en piloto, con el fuego dispuesto para calentar. Un disuasivo que a veces se usa y a veces no, pero siempre está.
Tiempos
Como todos los gobiernos, tampoco la administración de Cambiemos optó por una barrida general, si es que eso fuese posible. Prefirió jugar con ritmos y tiempos.
Daniel Rafecas ya fue acusado en el Consejo de la Magistratura. Quedó en el cargo, pero antes debió experimentar en su cuerpo cómo es la carnicería.
Uno de los consultados por PáginaI12 recordó que otro de los jueces federales, Rodolfo Canicoba Corral, osciló en la consideración del oficialismo. Sospecharon de él inicialmente porque lo creían amigo incondicional de Daniel Scioli, el candidato derrotado en 2015. Pasaron de la sospecha a la complacencia cuando ordenó detener a Omar “Caballo” Suárez, el secretario del Somu, el sindicato de los obreros marítimos. El propio abogado de Suárez, Alejandro Argibay Molina, pidió la recusación de Canicoba porque, en sus palabras, habría actuado “por presión del Gobierno” y para “evitar ser destituido”. Cuando hubo peligro de excarcelación de Suárez, Canicoba descubrió que el Gobierno otra vez estaba interesado en su vida privada. Por ejemplo en sus veraneos.
Servini, además del caso de la diputada, también vivió en carne propia el cambio de humores.
Lo mismo le pasó, según los magistrados que consultó este diario, al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que a los 52 años lleva 33 de carrera judicial. La simpatía o antipatía se mensuraba, en su caso, por los vaivenes de la designación como jueza de su esposa, la secretaria de juzgado Ana María Juan, prosecretaria de la sala de la cámara federal donde revistaba Eduardo Freiler antes de ser apartado por el Consejo de la Magistratura.
El juez Ariel Lijo tiene una de las causas más sensibles para Macri, la del Correo, donde está en juego la legitimidad de la condonación de una deuda millonaria de una de las empresas-emblema del grupo económico familiar del Presidente. “Socma está representada por estudios con llegada al mismo Consejo de la Magistratura”, dijo uno de los magistrados a PáginaI12. También aseguró que operadores del Gobierno, del ala “moralista” y del ala más cruda, tienen en la mira cada causa que tramite en los juzgados de Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Luis Rodríguez (de excelente relación con Fernández) y Sergio Torres. Y que miembros del equipo de ojos y oídos de Macri, que pilotea Marcos Peña y se desparrama por el Estado mediante designaciones inspiradas por Mario Quintana, también miran y escuchan lo que pasa en Tribunales.
La filtración de las escuchas judiciales es otro terreno de encontronazos entre los poderes Judicial y Ejecutivo. Los jueces niegan que la difusión de los amables diálogos entre CFK y Oscar Parrilli sea responsabilidad del Poder Judicial que centraliza las escuchas. Acusan a los espías. Es decir, a la Casa Rosada. “El contenido les fue entregado por completo a los funcionarios de la Presidencia”, fue la respuesta que recabó este diario.
Las fricciones aumentan cuando a los jueces les queda claro que Macri quiere diluir su poder sembrando la Justicia ya no de pragmáticos sino de tropa propia.
Por eso la clásica tensión entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema alcanzó una dimensión más aguda dos semanas atrás, cuando la Corte rechazó la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 9 para entender en una causa que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No es una cuestión de repentina simpatía de la Corte por CFK. La Corte no se limitó al rechazo. Hizo una historia de la cuestión que, repasando el texto de la acordada, puede esquematizarse de este modo:
Una ley, la 27.307, dispuso transformar cinco tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal en cinco tribunales en lo Criminal Federal.
El Consejo de la Magistratura participaría en la integración de los tribunales en lo Criminal Federal.
Así fue que el tribunal criminal 10 fue convertido en Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9, con una integración personificada en Silvia Mora, Alejandro Becerra y Alejandro Nocetti Achaval.
Pero ninguno de ellos pasó por el procedimiento habitual de la designación del Ejecutivo tras una terna vinculante elevada por el Consejo de la Magistratura y votada en el Senado.
Para la Corte el mecanismo habría violado la investidura de los jueces nacionales. Citó un fallo de los ya fallecidos Augusto Belluscio y Enrique Petracchi para un caso en el que, según los supremos, se había violado el principio de que el nombramiento es para un cargo específico “y no consiste, en cambio, en la atribución genérica del carácter de ‘juez’ sin adscripción concreta a un cargo.”
El artículo 99, inciso 4, de la Constitución, establece un único mecanismo para nombrar jueces. El Presidente los designa “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”.
Las transformaciones y traslados no están en la Constitución.
“Los recaudos adoptados por el constituyente para asegurar el principio de independencia del Poder Judicial no pueden ser obviados a partir de una lectura que no preserve adecuadamente el sistema de división del Poder que establece la Constitución Nacional”, dice la acordada. Esa independencia depende también del proceso de nombramiento.
La Corte dejó sin efecto los sorteos por unanimidad. En cambio no fue por unanimidad que resolvió “no hacer lugar a la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9”.
La disidencia corrió por cuenta de uno de los ministros nuevos, Carlos Rosenkrantz, el más afín a la Casa Rosada y el mismo que en 2016 y 2017 impulsó el dos por uno para los represores. Lo acompañó la ministra Elena Highton de Nolasco. Otro de los nuevos, Horacio Rosatti, votó junto con los más veteranos Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Quién integra los juzgados y con qué límites es crucial hacia el futuro. Influye sobre la calidad institucional y, como todo, sobre el balance de poder que hoy exhibe chirridos entre el Ejecutivo y Comodoro Py.
Con información de
Página 12
