"Lo que nos está matando es la realidad, no el presupuesto", dijo el rector de la UNL
Por:
Hipólito Ruiz
Lunes 16 de
Julio 2018
Enrique Mammarella dialogó con UNO Santa Fe sobre la realidad económica y el impacto en las universidades. Dijo que la inflación es un recorte indirecto al presupuesto universitario y aseguró que el último decreto del gobierno nacional que finaliza los convenios laborales con las universidades no afecta a la UNL. Además, admitió que no habrá un aumento del presupuesto para afrontar el incremento de costos por la corrida del dólar.
Enrique Mammarella asumió como rector de la Universidad Nacional del Litoral el 9 de marzo pasado. El contexto económico actual es muy complicado y las universidades no escapan a la situación. A cuatro meses de sentarse en el sillón más importante de la UNL el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 632 que, entre otros recortes presupuestarios generales, elimina los convenios laborales del gobierno central con las universidades nacionales y otros organismos lo que implicaría que, en el país, 6.000 personas se queden sin trabajo a partir del 1 de enero de 2019.
Pero Mammarella aseguró en diálogo con UNO Santa Fe que eso prácticamente no afecta a la UNL. Sí admitió que "la inflación es un recorte indirecto" al presupuesto de las universidades y que en lo que va del año ya se gastó más en el pago de tarifas que lo que se había proyectado para todo el año. También reconoció que el Ejecutivo nacional tiene un atraso de cuatro meses y medio en el envío de los fondos de funcionamiento.
—Mammarella, ¿cómo afecta a la UNL el decreto Nº 632 que prevé una serie de recortes presupuestarios a nivel nacional y que alcanza en algún punto a las universidades?
—Este decreto regula a la administración pública central y su relación con las universidades. En todo lo que hace a personal, dentro de los organismos que excluye están las universidades con lo cual no nos afecta a nosotros. Lo que sí afecta, es en el artículo 3, todos los contratos de asistencia técnica que tienen con todas las universidades y que le ponen fecha límite al 31 de enero de 2019 (nota del editor: el decreto establece como fecha límite el 1 de enero). En ese marco y de la cantidad de contratos que el Estado nacional tiene y que entrarían dentro de ese rubro, porque las universidades realizan locaciones porque ponen personal a trabajar o compran o entregan productos, nosotros entraríamos en uno o dos que no son de mayor monto. Prácticamente este decreto casi que no nos afecta.
—A nivel nacional se habla de al menos 6.000 personas, ¿los contratos con la UNL a cuántas personas afecta?
—A dos o tres y que no forman parte de contrataciones que estén al servicio del Estado nacional. Uno de los problemas generales por los cuales se limitan es que se han utilizado a otros organismos, y entre ellos a las universidades nacionales, para hacer subcontrataciones que no podía hacer el propio Estado. Es como si las universidades fueran una agencia de empleo para contratar personal, por decirlo de alguna forma. Nosotros no tenemos ningún contrato de ese tipo. Sí tenemos dos o tres contratos que corresponden al área de Cultura donde nosotros tenemos proyectos que no son con personal nuestro, sino que se hacen a través de la universidad. Esos son los que se verían afectados, pero en el marco del desarrollo de un producto de Cultura creemos que no van a ser totalmente afectados.
—¿Litus TV tampoco se va a ver afectado?
—No. Por ejemplo, el Estado nacional desarrolla un espacio físico que puede ser un museo, un centro cultural o un lugar de asistencia al público por salud y después contrata con la universidad a las personas que lo atienden. Esos contratos son los que se caen el 31 de enero. En Buenos Aires hay muchos.
—¿Tampoco se afecta al área de investigación, ni siquiera de forma indirecta por compartir investigaciones con el Conicet u otro instituto de investigación que tenga un proyecto con la UNL?
—El Conicet específicamente en lo que hace al personal de investigación está excluido del decreto. Pero no así en lo que hace al personal administrativo. Indirectamente, como nos puede pasar a nosotros si en el Ministerio de Educación si se van todos los que hacen el trabajo que aprueba las carreras o certifica los títulos, sí vamos a estar afectados. Pero vamos a estar afectados porque no tenemos quién nos haga las cosas en Buenos Aires, no porque no las podamos hacer nosotros. Lo mismo le puede pasar al Conicet. Lo que sí sucede, es que esas contrataciones del personal administrativo del Conicet no están exentas de ese decreto, aunque sean descentralizados y puedan estar en los institutos. Ahí indirectamente a la administración de los proyectos que no se hagan directamente sobre los grupos de investigación podría haber un problema.
—¿Este tema ustedes lo pudieron hablar con la Secretaría de Políticas Universitarias?
—Esto fue anunciado hace tiempo y todos estábamos esperando hasta dónde venía el recorte. En dos esquemas lo venimos discutiendo incluso como Consejo Interuniversitario Nacional. Estamos a la espera de otro decreto, en el cual las universidades vuelvan a estar como consultoras privadas del Estado para poder hacer convenios con el Estado. Y sabemos que ahí va a haber dos limitaciones.
—¿Cuáles son?
—La de contratar personal para que trabaje para el Estado y la de tercerizar la compra de productos a través de las universidades. El resto de los convenios volvemos a estar las universidades como consultoras privilegiadas del Estado para volver a hacer auditorías, consultorías, estudios, investigaciones, definiciones de políticas públicas que es el fin para el cual ya tenemos muchos convenios con el Estado nacional y que pretendemos seguir trabajando. Esos convenios no se ven afectados.
—En este marco de ajuste que tiene que hacer el gobierno nacional a partir del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional, ¿usted prevé que puede haber un recorte presupuestario para la universidad nacional?
—No en lo que hace al presupuesto universitario. Seguramente en los recortes que pueda haber en cada ministerio indirectamente nos veamos atravesados en alguna circunstancia.
—¿Por ejemplo?
—Nosotros tenemos fondos directos que vienen a las universidades y fondos que el ministerio maneja para proyectos en los cuales las universidades concursamos. Esos fondos no están protegidos porque son del ministerio y es esa cartera la que define dónde hace sus recortes. De hecho que ya hay una afectación indirecta por el aumento de las tarifas y por la inflación. En algunos casos se ve esto fuertemente marcado como en todo lo que está dolarizado como la compra de equipamiento, reactivos de los laboratorios. Y otra cosa son los pasajes al exterior para becas de intercambio y las salidas a los congresos. Eso tiene un fuerte aumento y no se prevé un aumento de presupuesto que lo compense.
—¿Entonces el próximo presupuesto universitario va a estar en la misma línea que el de 2018?
—En principio no. El presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional tuvieron reuniones hace poco con el jefe de Gabinete (Marcos Peña) y con el ministro de Educación (Alejandro Finocchiaro) y se aseguraron que el presupuesto 2018 y el de 2019 para las universidades nacionales no va a tener ningún recorte y va a estar en lo que las universidades necesiten. El problema pasa por la evolución del presupuesto. El de este año que se votó directamente para las universidades es el 91% de lo que todas las universidades pidieron que necesitaban. Cuando se eleva ese presupuesto es septiembre del año pasado; se aprueba sobre fin de año y nosotros tenemos una pauta de ejecución durante el año. Lo que teníamos en enero, en julio es otra cosa. Lo que nos está matando es la realidad, no la votación del presupuesto. Hoy estamos trabajando sobre el presupuesto de 2019, ¿cuál es la pauta inflacionaria, cuál es la lógica?. Ese es el problema, que no tenemos una pauta clara, no tenemos un techo claro y, en este marco, no podemos predecir cuál va a ser la evolución de la economía.
—En ese sentido le hago dos preguntas: ¿Cómo resuelve el problema que ya tiene con el presupuesto 2018, que es el que está ejecutando, y cuál es la expectativa para el presupuesto para el año que viene?
—El problema que tenemos de aumento de tarifas, de aumento de combustibles y de alquileres en cierta manera cuando uno elabora el presupuesto interno establece una pauta de posibles incrementos. De hecho, lo que nosotros habíamos elaborado en nuestra redistribución interna de nuestro presupuesto ya se pasó. En tarifas, por ejemplo, nosotros ya tenemos un proyectado que nos va por arriba de lo que nosotros habíamos proyectado gastar en tarifas en todo el año. Eso hace que en el uso de nuestras partidas tengamos que reacomodar gastos. En algunos casos es diferenciarlos en el tiempo y otra cosa es suspenderlos en el tiempo.
—¿En dónde tuvieron que pasar la tijera?
—Todavía no hemos tenido que pasar la tijera en ningún rubro. No al menos de lo proyectado hasta ahora. Pero por ejemplo en los gastos de investigación nosotros podríamos definir entregar el dinero hoy o el mes que viene, con lo cual sería una cuota menos de este año y una más para el año que viene. Esas posibilidades son las cosas que tenemos para hacer.
—¿Pero eso afecta puntualmente al investigador?
—Eso atrasa un mes el flujo de dinero en los proyectos, si tomáramos esa decisión.
—¿Eso significaría atrasar un mes el pago del salario?
—No, es la plata para investigar. Los salarios, las becas, los contratos son prioridad uno. Tendría que haber un problema mucho más grave de los que estamos visualizando en la economía para llegar a vernos afectados en ese esquema. Antes de eso hay muchas otras cosas que se pueden cortar o muchas otras decisiones como pagar o no las tarifas, los impuestos. Nosotros pagamos tarifas de agua, luz y agua todos los meses, como corresponde. No nos vimos con problemas de pagar y no estamos diferenciados con el pago. Llegado el caso, como uno hace en su casa, puede hacer un convenio de pago. Llegado el momento, de forma responsable, veremos qué podemos diferir en el pago siempre y cuando sepamos que tenemos el presupuesto.
—¿Para elaborar el presupuesto 2019 están esperando algunos indicadores nacionales o los están estimando ustedes?
—Las dos cosas. La elaboración del presupuesto se hace a través del Consejo Interuniversitario Nacional y ya la comisión empezó a trabajar. Tenemos tiempo hasta septiembre para presentarlo pero queremos tener, en agosto, una presunción de lo que necesitamos. El tema pasa hoy por ver con qué pautas nos movemos y cuál va a ser al final del año la inflación. Tenemos que ser responsables cuando presentemos al ministerio o al Congreso cuál va a ser nuestro presupuesto. Si por la inflación necesitamos tres veces más presupuesto nos van a decir que la inflación no fue tres veces más. Ahí es donde empezamos a correr riesgos de no ser serios y que nuestro presupuesto se diluya en la posibilidad de debatirlo primero con el Ejecutivo y luego con el Congreso.
—De lo que pedían las universidades en 2018 les quedó un 9% afuera, eso lo van a incluir en el presupuesto que viene?
—No. Ese 91%, por lo menos en los últimos 20 años, es el máximo histórico. Porque eso es lo que todas las universidades prevén que van a necesitar en función de los gastos de docencia, investigación, extensión. Eso es lo que pedimos y luego pasa al análisis que es donde dicen qué es lo que se deja. Ahí es donde el presupuesto pasa a ser como sistema y como monto total un número retocable. No se mira como actividad particular sino de forma global.
—¿Tuvieron problemas con el envío de fondos para gastos de funcionamiento?
—Sí, estamos con atrasos en el envío de fondo de gastos para funcionamiento. El presupuesto que recibimos cada una de las universidades se divide en dos componentes: salarios y gastos de funcionamiento, que es mucho más que tarifas porque ahí está todo lo que tiene que ver con investigación, servicios, transferencias, obra pública y demás. En un acuerdo nacional, a las universidades, el 90% del presupuesto se estima para todas por igual, que es lo que se destina a salarios y se divide para enviarlo mensualmente en los doce meses y los dos medio aguinaldo. Obviamente eso hace que la universidad no se exceda de ese 90% en salarios porque si no está dependiendo de los gastos de funcionamiento para pagar salarios. Lo de los gastos de funcionamiento también se divide mensualmente, aunque para hacerlo operativo se envían en quincenas. Del presupuesto 2018 nosotros hemos recibido efectivamente enero completo y medio mes de febrero- Con lo cual tenemos un atraso de cuatro meses y medio.
—¿Cómo lo resuelven financieramente a ese atraso?
—Y con esto de ver en nuestra programación presupuestaria cuándo se paga cada cosa y cómo se paga. Acá hay dos cosas en general: una es cuándo lo vas a recibir y la otra es si lo vas a recibir. Todo esto se maneja sobre sistema Afip, con lo cual sabemos que tenemos el presupuesto, sabemos que la Secretaría de Políticas Universitarias dio la orden de pago, sabemos que Economía habilitó el pago y sabemos que Hacienda no lo mandó. Pero tenemos la plata porque está ahí y está puesto el cargo, con lo cual hay una decisión de pagarlo. Es un problema financiero de pago. En ese marco es donde nosotros tenemos que ver qué pagamos o qué no pagamos y saber dentro de lo propio producido nuestro para ver cómo afectamos esos fondos para que ninguna actividad se vea demorada.
—Cuando este año se está celebrando el centenario de la reforma universitaria, ¿este ajuste presupuestario significa un retroceso para la universidad?
—En líneas generales si uno planteara cuál es el presupuesto universitario y quedaría librado a que cada una de las universidades pidiera lo que quisiera, seguramente todas las universidades aspiraríamos a tener un mayor presupuesto. Nosotros tenemos metas para un mejor bienestar, metas de becas para los chicos y que haya mayor inclusión, becas para que los chicos tengan una experiencia de investigación o en el exterior, o hacer más visitas a empresas. Todo eso necesitaría más fondos de los que tenemos. No nos vimos recortados, no podemos decir que tuvimos un recorte. Lo que nosotros aspirábamos es a que esto creciera y que esto se incluyera. No podemos decir que nos vemos recortados en el presupuesto.
—Claro, pero la inflación termina siendo un recorte indirecto.
—Exactamente. La inflación termina siendo un recorte indirecto y también algunas lógicas de nuestro sistema de país impositivo, porque del presupuesto que recibimos las universidades por cada cosa que compramos, por más que seamos IVA excentos, funcionamos como consumidor final.
—¿Entonces terminan pagando el IVA?
—Terminamos pagando el IVA. Ese 21% de cada cosa que compramos vuelve al Estado pero nosotros no lo podemos invertir en educación. Lo mismo pasa con Ganancias. El descuento de Ganancias del personal vuelve al Estado, pero no es algo que va a becas, por ejemplo. Una cosa es el presupuesto y en esa lógica de distribución y el uso del presupuesto también hay que evaluar cuánto realmente impacta en cada cosa.
—¿Usted no ve una mirada política de este gobierno que vaya en contra de la universidad?
—Yo no veo un ataque a la universidad, al contrario. Cuando hubo alguna situación donde un funcionario habló de la universidad o se refirió en términos que en el sistema universitario podíamos ver que se atacaba la autonomía de las universidades, el sistema rápidamente reacciona.
—Los dichos de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre que los pobres no llegan a la universidad hicieron mucho ruido.
—No solamente los de Vidal. Cada vez que hay un funcionario que pone en riesgo a la universidad o la autonomía de la universidad, el sistema universitario se defendió mostrando lo que hace. Eso no quiere decir que en la universidad en su conjunto, como en la política en su conjunto o en la sociedad no haya buenos y malos. Hay funcionarios universitarios, rectores universitarios que están procesados y algunos están presos; y hay rectores universitarios que son muy buenas personas, muy buenos políticos; y hay universidades que están muy bien ordenadas y otras no. Ahora como sistema lo defendemos todos y claramente eso es lo que entendió el gobierno.
Pero Mammarella aseguró en diálogo con UNO Santa Fe que eso prácticamente no afecta a la UNL. Sí admitió que "la inflación es un recorte indirecto" al presupuesto de las universidades y que en lo que va del año ya se gastó más en el pago de tarifas que lo que se había proyectado para todo el año. También reconoció que el Ejecutivo nacional tiene un atraso de cuatro meses y medio en el envío de los fondos de funcionamiento.
—Mammarella, ¿cómo afecta a la UNL el decreto Nº 632 que prevé una serie de recortes presupuestarios a nivel nacional y que alcanza en algún punto a las universidades?
—Este decreto regula a la administración pública central y su relación con las universidades. En todo lo que hace a personal, dentro de los organismos que excluye están las universidades con lo cual no nos afecta a nosotros. Lo que sí afecta, es en el artículo 3, todos los contratos de asistencia técnica que tienen con todas las universidades y que le ponen fecha límite al 31 de enero de 2019 (nota del editor: el decreto establece como fecha límite el 1 de enero). En ese marco y de la cantidad de contratos que el Estado nacional tiene y que entrarían dentro de ese rubro, porque las universidades realizan locaciones porque ponen personal a trabajar o compran o entregan productos, nosotros entraríamos en uno o dos que no son de mayor monto. Prácticamente este decreto casi que no nos afecta.
—A nivel nacional se habla de al menos 6.000 personas, ¿los contratos con la UNL a cuántas personas afecta?
—A dos o tres y que no forman parte de contrataciones que estén al servicio del Estado nacional. Uno de los problemas generales por los cuales se limitan es que se han utilizado a otros organismos, y entre ellos a las universidades nacionales, para hacer subcontrataciones que no podía hacer el propio Estado. Es como si las universidades fueran una agencia de empleo para contratar personal, por decirlo de alguna forma. Nosotros no tenemos ningún contrato de ese tipo. Sí tenemos dos o tres contratos que corresponden al área de Cultura donde nosotros tenemos proyectos que no son con personal nuestro, sino que se hacen a través de la universidad. Esos son los que se verían afectados, pero en el marco del desarrollo de un producto de Cultura creemos que no van a ser totalmente afectados.
—¿Litus TV tampoco se va a ver afectado?
—No. Por ejemplo, el Estado nacional desarrolla un espacio físico que puede ser un museo, un centro cultural o un lugar de asistencia al público por salud y después contrata con la universidad a las personas que lo atienden. Esos contratos son los que se caen el 31 de enero. En Buenos Aires hay muchos.
—¿Tampoco se afecta al área de investigación, ni siquiera de forma indirecta por compartir investigaciones con el Conicet u otro instituto de investigación que tenga un proyecto con la UNL?
—El Conicet específicamente en lo que hace al personal de investigación está excluido del decreto. Pero no así en lo que hace al personal administrativo. Indirectamente, como nos puede pasar a nosotros si en el Ministerio de Educación si se van todos los que hacen el trabajo que aprueba las carreras o certifica los títulos, sí vamos a estar afectados. Pero vamos a estar afectados porque no tenemos quién nos haga las cosas en Buenos Aires, no porque no las podamos hacer nosotros. Lo mismo le puede pasar al Conicet. Lo que sí sucede, es que esas contrataciones del personal administrativo del Conicet no están exentas de ese decreto, aunque sean descentralizados y puedan estar en los institutos. Ahí indirectamente a la administración de los proyectos que no se hagan directamente sobre los grupos de investigación podría haber un problema.
—¿Este tema ustedes lo pudieron hablar con la Secretaría de Políticas Universitarias?
—Esto fue anunciado hace tiempo y todos estábamos esperando hasta dónde venía el recorte. En dos esquemas lo venimos discutiendo incluso como Consejo Interuniversitario Nacional. Estamos a la espera de otro decreto, en el cual las universidades vuelvan a estar como consultoras privadas del Estado para poder hacer convenios con el Estado. Y sabemos que ahí va a haber dos limitaciones.
—¿Cuáles son?
—La de contratar personal para que trabaje para el Estado y la de tercerizar la compra de productos a través de las universidades. El resto de los convenios volvemos a estar las universidades como consultoras privilegiadas del Estado para volver a hacer auditorías, consultorías, estudios, investigaciones, definiciones de políticas públicas que es el fin para el cual ya tenemos muchos convenios con el Estado nacional y que pretendemos seguir trabajando. Esos convenios no se ven afectados.
—En este marco de ajuste que tiene que hacer el gobierno nacional a partir del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional, ¿usted prevé que puede haber un recorte presupuestario para la universidad nacional?
—No en lo que hace al presupuesto universitario. Seguramente en los recortes que pueda haber en cada ministerio indirectamente nos veamos atravesados en alguna circunstancia.
—¿Por ejemplo?
—Nosotros tenemos fondos directos que vienen a las universidades y fondos que el ministerio maneja para proyectos en los cuales las universidades concursamos. Esos fondos no están protegidos porque son del ministerio y es esa cartera la que define dónde hace sus recortes. De hecho que ya hay una afectación indirecta por el aumento de las tarifas y por la inflación. En algunos casos se ve esto fuertemente marcado como en todo lo que está dolarizado como la compra de equipamiento, reactivos de los laboratorios. Y otra cosa son los pasajes al exterior para becas de intercambio y las salidas a los congresos. Eso tiene un fuerte aumento y no se prevé un aumento de presupuesto que lo compense.
—¿Entonces el próximo presupuesto universitario va a estar en la misma línea que el de 2018?
—En principio no. El presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional tuvieron reuniones hace poco con el jefe de Gabinete (Marcos Peña) y con el ministro de Educación (Alejandro Finocchiaro) y se aseguraron que el presupuesto 2018 y el de 2019 para las universidades nacionales no va a tener ningún recorte y va a estar en lo que las universidades necesiten. El problema pasa por la evolución del presupuesto. El de este año que se votó directamente para las universidades es el 91% de lo que todas las universidades pidieron que necesitaban. Cuando se eleva ese presupuesto es septiembre del año pasado; se aprueba sobre fin de año y nosotros tenemos una pauta de ejecución durante el año. Lo que teníamos en enero, en julio es otra cosa. Lo que nos está matando es la realidad, no la votación del presupuesto. Hoy estamos trabajando sobre el presupuesto de 2019, ¿cuál es la pauta inflacionaria, cuál es la lógica?. Ese es el problema, que no tenemos una pauta clara, no tenemos un techo claro y, en este marco, no podemos predecir cuál va a ser la evolución de la economía.
—En ese sentido le hago dos preguntas: ¿Cómo resuelve el problema que ya tiene con el presupuesto 2018, que es el que está ejecutando, y cuál es la expectativa para el presupuesto para el año que viene?
—El problema que tenemos de aumento de tarifas, de aumento de combustibles y de alquileres en cierta manera cuando uno elabora el presupuesto interno establece una pauta de posibles incrementos. De hecho, lo que nosotros habíamos elaborado en nuestra redistribución interna de nuestro presupuesto ya se pasó. En tarifas, por ejemplo, nosotros ya tenemos un proyectado que nos va por arriba de lo que nosotros habíamos proyectado gastar en tarifas en todo el año. Eso hace que en el uso de nuestras partidas tengamos que reacomodar gastos. En algunos casos es diferenciarlos en el tiempo y otra cosa es suspenderlos en el tiempo.
—¿En dónde tuvieron que pasar la tijera?
—Todavía no hemos tenido que pasar la tijera en ningún rubro. No al menos de lo proyectado hasta ahora. Pero por ejemplo en los gastos de investigación nosotros podríamos definir entregar el dinero hoy o el mes que viene, con lo cual sería una cuota menos de este año y una más para el año que viene. Esas posibilidades son las cosas que tenemos para hacer.
—¿Pero eso afecta puntualmente al investigador?
—Eso atrasa un mes el flujo de dinero en los proyectos, si tomáramos esa decisión.
—¿Eso significaría atrasar un mes el pago del salario?
—No, es la plata para investigar. Los salarios, las becas, los contratos son prioridad uno. Tendría que haber un problema mucho más grave de los que estamos visualizando en la economía para llegar a vernos afectados en ese esquema. Antes de eso hay muchas otras cosas que se pueden cortar o muchas otras decisiones como pagar o no las tarifas, los impuestos. Nosotros pagamos tarifas de agua, luz y agua todos los meses, como corresponde. No nos vimos con problemas de pagar y no estamos diferenciados con el pago. Llegado el caso, como uno hace en su casa, puede hacer un convenio de pago. Llegado el momento, de forma responsable, veremos qué podemos diferir en el pago siempre y cuando sepamos que tenemos el presupuesto.
—¿Para elaborar el presupuesto 2019 están esperando algunos indicadores nacionales o los están estimando ustedes?
—Las dos cosas. La elaboración del presupuesto se hace a través del Consejo Interuniversitario Nacional y ya la comisión empezó a trabajar. Tenemos tiempo hasta septiembre para presentarlo pero queremos tener, en agosto, una presunción de lo que necesitamos. El tema pasa hoy por ver con qué pautas nos movemos y cuál va a ser al final del año la inflación. Tenemos que ser responsables cuando presentemos al ministerio o al Congreso cuál va a ser nuestro presupuesto. Si por la inflación necesitamos tres veces más presupuesto nos van a decir que la inflación no fue tres veces más. Ahí es donde empezamos a correr riesgos de no ser serios y que nuestro presupuesto se diluya en la posibilidad de debatirlo primero con el Ejecutivo y luego con el Congreso.
—De lo que pedían las universidades en 2018 les quedó un 9% afuera, eso lo van a incluir en el presupuesto que viene?
—No. Ese 91%, por lo menos en los últimos 20 años, es el máximo histórico. Porque eso es lo que todas las universidades prevén que van a necesitar en función de los gastos de docencia, investigación, extensión. Eso es lo que pedimos y luego pasa al análisis que es donde dicen qué es lo que se deja. Ahí es donde el presupuesto pasa a ser como sistema y como monto total un número retocable. No se mira como actividad particular sino de forma global.
—¿Tuvieron problemas con el envío de fondos para gastos de funcionamiento?
—Sí, estamos con atrasos en el envío de fondo de gastos para funcionamiento. El presupuesto que recibimos cada una de las universidades se divide en dos componentes: salarios y gastos de funcionamiento, que es mucho más que tarifas porque ahí está todo lo que tiene que ver con investigación, servicios, transferencias, obra pública y demás. En un acuerdo nacional, a las universidades, el 90% del presupuesto se estima para todas por igual, que es lo que se destina a salarios y se divide para enviarlo mensualmente en los doce meses y los dos medio aguinaldo. Obviamente eso hace que la universidad no se exceda de ese 90% en salarios porque si no está dependiendo de los gastos de funcionamiento para pagar salarios. Lo de los gastos de funcionamiento también se divide mensualmente, aunque para hacerlo operativo se envían en quincenas. Del presupuesto 2018 nosotros hemos recibido efectivamente enero completo y medio mes de febrero- Con lo cual tenemos un atraso de cuatro meses y medio.
—¿Cómo lo resuelven financieramente a ese atraso?
—Y con esto de ver en nuestra programación presupuestaria cuándo se paga cada cosa y cómo se paga. Acá hay dos cosas en general: una es cuándo lo vas a recibir y la otra es si lo vas a recibir. Todo esto se maneja sobre sistema Afip, con lo cual sabemos que tenemos el presupuesto, sabemos que la Secretaría de Políticas Universitarias dio la orden de pago, sabemos que Economía habilitó el pago y sabemos que Hacienda no lo mandó. Pero tenemos la plata porque está ahí y está puesto el cargo, con lo cual hay una decisión de pagarlo. Es un problema financiero de pago. En ese marco es donde nosotros tenemos que ver qué pagamos o qué no pagamos y saber dentro de lo propio producido nuestro para ver cómo afectamos esos fondos para que ninguna actividad se vea demorada.
—Cuando este año se está celebrando el centenario de la reforma universitaria, ¿este ajuste presupuestario significa un retroceso para la universidad?
—En líneas generales si uno planteara cuál es el presupuesto universitario y quedaría librado a que cada una de las universidades pidiera lo que quisiera, seguramente todas las universidades aspiraríamos a tener un mayor presupuesto. Nosotros tenemos metas para un mejor bienestar, metas de becas para los chicos y que haya mayor inclusión, becas para que los chicos tengan una experiencia de investigación o en el exterior, o hacer más visitas a empresas. Todo eso necesitaría más fondos de los que tenemos. No nos vimos recortados, no podemos decir que tuvimos un recorte. Lo que nosotros aspirábamos es a que esto creciera y que esto se incluyera. No podemos decir que nos vemos recortados en el presupuesto.
—Claro, pero la inflación termina siendo un recorte indirecto.
—Exactamente. La inflación termina siendo un recorte indirecto y también algunas lógicas de nuestro sistema de país impositivo, porque del presupuesto que recibimos las universidades por cada cosa que compramos, por más que seamos IVA excentos, funcionamos como consumidor final.
—¿Entonces terminan pagando el IVA?
—Terminamos pagando el IVA. Ese 21% de cada cosa que compramos vuelve al Estado pero nosotros no lo podemos invertir en educación. Lo mismo pasa con Ganancias. El descuento de Ganancias del personal vuelve al Estado, pero no es algo que va a becas, por ejemplo. Una cosa es el presupuesto y en esa lógica de distribución y el uso del presupuesto también hay que evaluar cuánto realmente impacta en cada cosa.
—¿Usted no ve una mirada política de este gobierno que vaya en contra de la universidad?
—Yo no veo un ataque a la universidad, al contrario. Cuando hubo alguna situación donde un funcionario habló de la universidad o se refirió en términos que en el sistema universitario podíamos ver que se atacaba la autonomía de las universidades, el sistema rápidamente reacciona.
—Los dichos de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre que los pobres no llegan a la universidad hicieron mucho ruido.
—No solamente los de Vidal. Cada vez que hay un funcionario que pone en riesgo a la universidad o la autonomía de la universidad, el sistema universitario se defendió mostrando lo que hace. Eso no quiere decir que en la universidad en su conjunto, como en la política en su conjunto o en la sociedad no haya buenos y malos. Hay funcionarios universitarios, rectores universitarios que están procesados y algunos están presos; y hay rectores universitarios que son muy buenas personas, muy buenos políticos; y hay universidades que están muy bien ordenadas y otras no. Ahora como sistema lo defendemos todos y claramente eso es lo que entendió el gobierno.
Con información de
UNO
