Nota22.com
Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
Narcotráfico: informe oficial señala que la justicia federal de Entre Ríos es la más eficaz
Miércoles 10 de
Octubre 2018
El análisis revela que las causas investigadas deja a los juzgados federales de Paraná y Concepción del Uruguay como los de mejor rendimiento a la hora de la elevación a juicio en todo el país.
Un informe elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación revela que los juzgados federales de Paraná y Concepción del Uruguay se encuentran con los mejores registros de causas elevadas a juicios en temas relacionados con el narcotráfico.
Del análisis del gobierno, surge que la mejor relación entre causas iniciadas y expedientes elevados a juicio se da en Entre Ríos, con el 10,52 por ciento de los casos resueltos.
A nivel nacional solo se resuelve el 2 por ciento de los expedientes, pero el peor registro se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, donde apenas llega a juicio el 0,38 por ciento de los casos iniciados contra traficantes y vendedores de drogas. Menos de cuatro de cada 100 causas iniciadas. No es un fenómeno aislado: algo similar ocurre con los casos de corrupción, de los que el 8 por ciento alcanza la etapa del debate oral y público.La evolución de los casos de infracción a la ley de drogas 23.737 fue objeto de un trabajo elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El equipo que conduce Patricia Bullrich analizó las sentencias del período 2014-2016 vinculadas al narcotráfico dictadas por todos los tribunales federales y del fuero penal económico.
Los datos fueron publicados por La Nación, de ahí surge que la mejor relación entre causas iniciadas y expedientes elevados a juicio se da en Entre Ríos, con el 10,52 por ciento de los casos resueltos.
En Comodoro Py se encuentran los tribunales federales más importantes, donde se instruyen los expedientes con mayor peso político. El juez federal Sergio Torres encabezó varios golpes importantes en la villa 1-11-14, del Bajo Flores porteño. Pero en el análisis conjunto de lo realizado por los magistrados que actúan desde los tribunales de Retiro es baja la productividad en casos vinculados con la venta de drogas.
En el ciclo estudiado, que en el Ministerio de Seguridad dicen que servirá de base técnica para futuros análisis, se iniciaron 127.750 causas por drogas y hubo 2555 sentencias judiciales, es decir, el 2 por ciento del total. De ese número, el 76,8 por ciento tuvo condenas, con penas de prisión para 3336 acusados. El 36 por ciento de esas causas fueron iniciadas por tenencia de drogas para consumo personal, por lo que fueron descartadas por los tribunales de primera instancia. Entre esas sentencias se observó una decena de casos de condenas por esa calificación, que la Corte Suprema declaró inconstitucional en 2009.
La importancia de la resolución de los expedientes de narcotráfico es clara: los vendedores minoristas y las organizaciones más complejas siguen con sus maniobras de comercialización y reclutamiento mientras se mantienen en las calles, impunes.
Un ejemplo emblemático es el caso de Los Monos, cuyos jefes llegaron a juicio por narcomenudeo recién en estos días, luego de varios años de haber concentrado la atención pública por su violento control territorial basado en búnkeres y de condenas por homicidios resueltas también este año, según publicó el mismo medio.
Las autoridades nacionales tienen establecido un promedio de 15.000 sospechosos arrestados cada año por infracción a la ley de drogas, pero en las cárceles federales se mantiene estable la cantidad de presos por esa causa, unos 8000 de los 12.000 alojados en penitenciarías de todo el país. Esa diferencia entre la cantidad de detenidos y los internos en prisiones federales encuentra una explicación en el bajo nivel de causas que llegan a juicio.
"La relación entre causas iniciadas respecto de las sentencias analizadas oscila entre un 10 por ciento y un 0,24 por ciento (en los diferentes distritos del país), siendo el promedio nacional cercano al 2 por ciento", se afirma en un documento elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Entre las razones detectadas por los funcionarios nacionales se encuentran el peso que tiene en los expediente la tenencia para consumo personal, que es descartada en la instrucción, el colapso de los juzgados y las fallas en los procedimientos, que derivan en nulidades.
Más allá de la escasa cantidad de casos resueltos en los tribunales, las autoridades nacionales también hicieron foco en las condenas por aquellos expedientes que finalmente derivaron en un juicio. En ese caso, los funcionarios a cargo de la seguridad nacional esperan que en posteriores informes se alcance un mayor volumen de condenas por "organización de grupo narco", que hoy no supera el 1 por ciento de los casos.
El 30 por ciento de las condenas fueron dispuestas por tenencia de droga para comercio y el 28,3 por ciento, por transporte de sustancias ilícitas. El 17 por ciento de los expedientes comenzaron por tenencia simple y el 10 por ciento se inició por comercio minorista de estupefacientes.
"Este es un nuevo índice que sirve como herramienta de gestión contra el narcotráfico. En la medida en que se refleje nuestra política se irán viendo los golpes a las organizaciones y, en consecuencia, sentencias más fuertes.
Este índice toma sentencia de causas iniciadas incluso en 2011, por lo que el impacto de nuestra política podrá verse recién en las estadísticas de 2020", comentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El promedio de las condenas fue estimado en cuatro años, con algunas penas que llegaron a los 12 años de prisión.
Se desprende que el trabajo de los jueces Leandro Ríos y Pablo Seró, pese a las limitaciones, cuenta con el reconocimiento de las estructuras de poder judicial, más teniendo en cuenta el número de bandas que fueron desbaratadas en los últimos años tanto en la costa del Paraná como del Uruguay.
Del análisis del gobierno, surge que la mejor relación entre causas iniciadas y expedientes elevados a juicio se da en Entre Ríos, con el 10,52 por ciento de los casos resueltos.
A nivel nacional solo se resuelve el 2 por ciento de los expedientes, pero el peor registro se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, donde apenas llega a juicio el 0,38 por ciento de los casos iniciados contra traficantes y vendedores de drogas. Menos de cuatro de cada 100 causas iniciadas. No es un fenómeno aislado: algo similar ocurre con los casos de corrupción, de los que el 8 por ciento alcanza la etapa del debate oral y público.La evolución de los casos de infracción a la ley de drogas 23.737 fue objeto de un trabajo elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El equipo que conduce Patricia Bullrich analizó las sentencias del período 2014-2016 vinculadas al narcotráfico dictadas por todos los tribunales federales y del fuero penal económico.
Los datos fueron publicados por La Nación, de ahí surge que la mejor relación entre causas iniciadas y expedientes elevados a juicio se da en Entre Ríos, con el 10,52 por ciento de los casos resueltos.
En Comodoro Py se encuentran los tribunales federales más importantes, donde se instruyen los expedientes con mayor peso político. El juez federal Sergio Torres encabezó varios golpes importantes en la villa 1-11-14, del Bajo Flores porteño. Pero en el análisis conjunto de lo realizado por los magistrados que actúan desde los tribunales de Retiro es baja la productividad en casos vinculados con la venta de drogas.
En el ciclo estudiado, que en el Ministerio de Seguridad dicen que servirá de base técnica para futuros análisis, se iniciaron 127.750 causas por drogas y hubo 2555 sentencias judiciales, es decir, el 2 por ciento del total. De ese número, el 76,8 por ciento tuvo condenas, con penas de prisión para 3336 acusados. El 36 por ciento de esas causas fueron iniciadas por tenencia de drogas para consumo personal, por lo que fueron descartadas por los tribunales de primera instancia. Entre esas sentencias se observó una decena de casos de condenas por esa calificación, que la Corte Suprema declaró inconstitucional en 2009.
La importancia de la resolución de los expedientes de narcotráfico es clara: los vendedores minoristas y las organizaciones más complejas siguen con sus maniobras de comercialización y reclutamiento mientras se mantienen en las calles, impunes.
Un ejemplo emblemático es el caso de Los Monos, cuyos jefes llegaron a juicio por narcomenudeo recién en estos días, luego de varios años de haber concentrado la atención pública por su violento control territorial basado en búnkeres y de condenas por homicidios resueltas también este año, según publicó el mismo medio.
Las autoridades nacionales tienen establecido un promedio de 15.000 sospechosos arrestados cada año por infracción a la ley de drogas, pero en las cárceles federales se mantiene estable la cantidad de presos por esa causa, unos 8000 de los 12.000 alojados en penitenciarías de todo el país. Esa diferencia entre la cantidad de detenidos y los internos en prisiones federales encuentra una explicación en el bajo nivel de causas que llegan a juicio.
"La relación entre causas iniciadas respecto de las sentencias analizadas oscila entre un 10 por ciento y un 0,24 por ciento (en los diferentes distritos del país), siendo el promedio nacional cercano al 2 por ciento", se afirma en un documento elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Entre las razones detectadas por los funcionarios nacionales se encuentran el peso que tiene en los expediente la tenencia para consumo personal, que es descartada en la instrucción, el colapso de los juzgados y las fallas en los procedimientos, que derivan en nulidades.
Más allá de la escasa cantidad de casos resueltos en los tribunales, las autoridades nacionales también hicieron foco en las condenas por aquellos expedientes que finalmente derivaron en un juicio. En ese caso, los funcionarios a cargo de la seguridad nacional esperan que en posteriores informes se alcance un mayor volumen de condenas por "organización de grupo narco", que hoy no supera el 1 por ciento de los casos.
El 30 por ciento de las condenas fueron dispuestas por tenencia de droga para comercio y el 28,3 por ciento, por transporte de sustancias ilícitas. El 17 por ciento de los expedientes comenzaron por tenencia simple y el 10 por ciento se inició por comercio minorista de estupefacientes.
"Este es un nuevo índice que sirve como herramienta de gestión contra el narcotráfico. En la medida en que se refleje nuestra política se irán viendo los golpes a las organizaciones y, en consecuencia, sentencias más fuertes.
Este índice toma sentencia de causas iniciadas incluso en 2011, por lo que el impacto de nuestra política podrá verse recién en las estadísticas de 2020", comentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El promedio de las condenas fue estimado en cuatro años, con algunas penas que llegaron a los 12 años de prisión.
Se desprende que el trabajo de los jueces Leandro Ríos y Pablo Seró, pese a las limitaciones, cuenta con el reconocimiento de las estructuras de poder judicial, más teniendo en cuenta el número de bandas que fueron desbaratadas en los últimos años tanto en la costa del Paraná como del Uruguay.
Con información de
unoentrerios
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
Santa Fe: el salario docente pierde frente a la inflación. Fuerte crítica y profunda preocupación del presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario por la reforma procesal penal que impulsa el Gobierno de Pullaro. Habla José Nanni. También participa el Dr. Adrián Ruiz, integrante del Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía de Rosario.
LO MÁS VISTO
Tanto lío interno, que divulgan encuestas "favorables" a Pullaro para intentar alambrar un candidato único
La "estudiantina" que rodea al Gobernador edificó, con notable perseverancia, una estrategia bastante vintage: instalar la "inevitabilidad" de una candidatura pese al peso de las divisiones internas, apoyándose en encuestas de diseño. Sondeos que, tal vez algún día tengan la gentileza de ver la luz, asegurarían que parte con un 26% de intención social de acompañar la reelección.
El proyecto penal impulsado desde el Ministerio de Justicia y Seguridad no sólo endurece el sistema: desplaza al juez, debilita la defensa y deja decisiones graves libradas a fórmulas ambiguas.
El cálculo del SAC depende del ingreso más alto cobrado durante el semestre.
En medio del brote de hantavirus en el crucero que partió de Ushuaia, el Gobierno desoye el pedido de la Organización Mundial de la Salud y busca el modo de desvincularse del organismo.
