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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
Los defensores acusan
Viernes 11 de
Enero 2019
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina publicó un comunicado en el que expresa su “enérgica oposición” a “cualquier proyecto que implique disminuir la edad de punibilidad de los/as niños/as y adolescentes”.
La asociación civil que congrega a las Defensorías y Asesorías Públicas del país, publicó un documento en el que considera que la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad, promovida por el gobierno nacional, es “irrazonable”, porque “cuantitativamente el número de delitos cometidos por esa franja etaria es insignificante, tal como lo indican todas las estadísticas, por lo que la reforma no reduciría los índices de inseguridad”.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 15 años para casos de “delitos muy graves”, como homicidios, secuestros extorsivos, violaciones y robos con armas de fuego, incorporando una serie de "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos" y un "régimen socioeducativo" para los menores en conflicto con la ley penal.
El documento indica que “el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por Resolución N° 21/17 creó una comisión integrada por varios especialistas, para analizar el tema que nos ocupa, la que concluyó que corresponde mantener la edad de punibilidad en los 16 años”.
Según la asociación, la baja de edad de punibilidad “afecta los principios de mínima intervención, de última ratio y viola los principios de progresividad y no regresividad”, y lo que correspondería hacer, en lugar de ese proyecto, sería “dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales”. Para fundar esa postura, citan un estudio de Unicef, que reveló que el 48% de los niños y adolescentes “son pobres” y que “el mayor porcentaje de infractores integra este porcentaje”.
El Consejo señala también que la mayoría de los Sistemas Provinciales de Protección de Derechos del Niño “encuentran serias dificultades” para dar cumplimiento a los principios básicos previstos en la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes “a los que es prioritario fortalecer”.
Además, el documento indica que “el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por Resolución N° 21/17 creó una comisión integrada por varios especialistas, para analizar el tema que nos ocupa, la que concluyó que corresponde mantener la edad de punibilidad en los 16 años”.
Esta agrupación de Defensores señaló también que “el contacto temprano con la ley penal no es recomendado por la criminología nacional e internacional” y, por último, que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas “exhortó al Estado Nacional a que las leyes respecto de los niños/as y adolescentes no incluyan disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de responsabilidad penal”.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 15 años para casos de “delitos muy graves”, como homicidios, secuestros extorsivos, violaciones y robos con armas de fuego, incorporando una serie de "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos" y un "régimen socioeducativo" para los menores en conflicto con la ley penal.
El documento indica que “el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por Resolución N° 21/17 creó una comisión integrada por varios especialistas, para analizar el tema que nos ocupa, la que concluyó que corresponde mantener la edad de punibilidad en los 16 años”.
Según la asociación, la baja de edad de punibilidad “afecta los principios de mínima intervención, de última ratio y viola los principios de progresividad y no regresividad”, y lo que correspondería hacer, en lugar de ese proyecto, sería “dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales”. Para fundar esa postura, citan un estudio de Unicef, que reveló que el 48% de los niños y adolescentes “son pobres” y que “el mayor porcentaje de infractores integra este porcentaje”.
El Consejo señala también que la mayoría de los Sistemas Provinciales de Protección de Derechos del Niño “encuentran serias dificultades” para dar cumplimiento a los principios básicos previstos en la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes “a los que es prioritario fortalecer”.
Además, el documento indica que “el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por Resolución N° 21/17 creó una comisión integrada por varios especialistas, para analizar el tema que nos ocupa, la que concluyó que corresponde mantener la edad de punibilidad en los 16 años”.
Esta agrupación de Defensores señaló también que “el contacto temprano con la ley penal no es recomendado por la criminología nacional e internacional” y, por último, que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas “exhortó al Estado Nacional a que las leyes respecto de los niños/as y adolescentes no incluyan disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de responsabilidad penal”.
Con información de
DJU
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