Arreglar sin "claudicar": el Gobierno negocia con fondos buitre para desactivar juicio
Domingo 20 de
Octubre 2013
Bonistas amigos de la Argentina negocian un acuerdo con el fondo Elliot para desactivar el juicio en Nueva York.
El Ministerio de Economía conversó un acuerdo que involucra el fondo buitre Elliot, en una jugada para desactivar el juicio de la deuda en Estados Unidos y, de ese modo, evitar un eventual revés en la Corte Suprema norteamericana.
La semana pasada, en Washington, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se reunió con fondos de inversión y banqueros en paralelo a la Asamblea Anual del FMI, le acercaron propuestas para que Elliot baje su demanda sin que el Gobierno capitule públicamente ante los holdouts.
En los últimos días, confirmaron Clarín fuentes ligadas a bonistas amigos del Gobierno y fondos buitre, las señales entre ambas partes fueron más intensas que de costumbre. En los últimos dos años el Gobierno recibió varias propuestas para acordar con los buitres pero rechazó todas ellas.
"Aún no está la luz verde de Olivos", comentó alguien que conoce de las conversaciones. "Pero el Gobierno se asustó con el revés de la Cámara del 23 de agosto y Elliot está cansado", añadió.
Uno de los dos planes barajados es que los bonistas amigos de la Argentina cedan una parte del valor de sus títulos a favor de Elliot.
Si todos aceptaran, los bonos (Discount) podrían subir. Los buitre ganarían menos que los u$s1.500 millones que falló el juez Thomas Griesa a su favor, pero aún así saldrían arriba de lo que invirtieron inicialmente (Elliot compró bonos por u$s100 millones). Los bonistas amigos del país verían como la cotización de sus papeles aumentaría. Y el Gobierno resolvería la cuestión sin capitular públicamente frente a los holdouts.
La segunda fórmula, según el matutino, para arreglar con los buitres sería copiar el modelo CIADI.
El gobierno argentino firmó dos semanas atrás un acuerdo para cancelar los laudos de cinco empresas de servicios públicos en los tribunales internacionales del CIADI. Pero sólo se pagaría a una de ellas. Las otras cuatro vendieron sus juicios a fondos: en tres de ellos, actúa Gramercy, una institución amiga del Gobierno.
¿Qué ocurriría si un grupo inversor comprar el juicio a Elliot y negociara con la Argentina el fin de la demanda a cambio de recibir una oferta de títulos?
"Hay quienes creen que esta operación podría concretarse en el corto plazo", señalan cerca de las negociaciones.
En el Gobierno hay temor que la Corte Suprema rechace tomar el caso. Por lo bajo, en Economía reconocen que hubo errores en el proceso judicial. Y que tampoco ayudaron los límites políticos. Los buitre, por su parte, habiendo llegado prácticamente al final del camino judicial entienden que aún en caso que la Argentina sufra un revés en la Corte, podrían no cobrar: la Argentina públicamente se negará a pagarles. Los buitre enviaron en los últimos días mensajes conciliadores como una columna del portfolio manager del fondo Elliot en Financial Times o declaraciones de sus abogados en el canal de noticias de finanzas CNBC de EE.UU.
Sin embargo, una fuente cercana a Elliot asegura que "no está dispuesto a ceder. Además, creo que Economía no tiene luz verde para avanzar sobre esto como sí la tuvo con el tema CIADI".
La Argentina, según informó el viernes Télam, contrató al abogado Paul Clement, ex procurador general de EE.UU. para sumarse a la defensa del país en el juicio.
En los últimos días, confirmaron Clarín fuentes ligadas a bonistas amigos del Gobierno y fondos buitre, las señales entre ambas partes fueron más intensas que de costumbre. En los últimos dos años el Gobierno recibió varias propuestas para acordar con los buitres pero rechazó todas ellas.
"Aún no está la luz verde de Olivos", comentó alguien que conoce de las conversaciones. "Pero el Gobierno se asustó con el revés de la Cámara del 23 de agosto y Elliot está cansado", añadió.
Uno de los dos planes barajados es que los bonistas amigos de la Argentina cedan una parte del valor de sus títulos a favor de Elliot.
Si todos aceptaran, los bonos (Discount) podrían subir. Los buitre ganarían menos que los u$s1.500 millones que falló el juez Thomas Griesa a su favor, pero aún así saldrían arriba de lo que invirtieron inicialmente (Elliot compró bonos por u$s100 millones). Los bonistas amigos del país verían como la cotización de sus papeles aumentaría. Y el Gobierno resolvería la cuestión sin capitular públicamente frente a los holdouts.
La segunda fórmula, según el matutino, para arreglar con los buitres sería copiar el modelo CIADI.
El gobierno argentino firmó dos semanas atrás un acuerdo para cancelar los laudos de cinco empresas de servicios públicos en los tribunales internacionales del CIADI. Pero sólo se pagaría a una de ellas. Las otras cuatro vendieron sus juicios a fondos: en tres de ellos, actúa Gramercy, una institución amiga del Gobierno.
¿Qué ocurriría si un grupo inversor comprar el juicio a Elliot y negociara con la Argentina el fin de la demanda a cambio de recibir una oferta de títulos?
"Hay quienes creen que esta operación podría concretarse en el corto plazo", señalan cerca de las negociaciones.
En el Gobierno hay temor que la Corte Suprema rechace tomar el caso. Por lo bajo, en Economía reconocen que hubo errores en el proceso judicial. Y que tampoco ayudaron los límites políticos. Los buitre, por su parte, habiendo llegado prácticamente al final del camino judicial entienden que aún en caso que la Argentina sufra un revés en la Corte, podrían no cobrar: la Argentina públicamente se negará a pagarles. Los buitre enviaron en los últimos días mensajes conciliadores como una columna del portfolio manager del fondo Elliot en Financial Times o declaraciones de sus abogados en el canal de noticias de finanzas CNBC de EE.UU.
Sin embargo, una fuente cercana a Elliot asegura que "no está dispuesto a ceder. Además, creo que Economía no tiene luz verde para avanzar sobre esto como sí la tuvo con el tema CIADI".
La Argentina, según informó el viernes Télam, contrató al abogado Paul Clement, ex procurador general de EE.UU. para sumarse a la defensa del país en el juicio.
Con información de
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