En Australia, políticos no pueden manejar fondos públicos (crece desde el 91)
Por:
Horacio Alonso
Lunes 15 de
Julio 2019
Es usual, cuando se habla del potencial de la Argentina, tomar como referencia a Australia. Dos países con similitudes socioeconómicas naturales aunque, desde hace décadas, con una evolución diferente.
A comienzo de los 80 – cuando la inflación se acercaba al 20% anual y el desempleo al 10% - la nación de Oceanía inició un fuerte proceso de reformas para dejar atrás una economía cerrada e ineficiente y avanzar en una política aperturista. Una de las consecuencias más conocidas fue la decisión de reconvertir una industria automotriz poco competitiva, que fabricaba vehículos caros, y liberar la importación en un proceso de varios años. Esa medida se repitió en otros sectores, como el textil. El resultado de ese cambio profundo es una economía con 28 años consecutivos de crecimiento, sin conocer la recesión desde 1991.
Sin embargo, más allá de los contrastes económicos, Australia cuenta con un sistema de funcionamiento político que está en las antípodas del argentino desde el punto de vista organizativo y cultural. Eso es lo que hace, en gran medida, que se vivan realidades distintas. La idea es simple: los políticos no pueden manejar discrecionalmente dinero público ni hacer campaña con los impuestos de los contribuyentes. Se ocupan de definir políticas, impulsar cambios en las leyes, diseñar y reformar instituciones, negociar el presupuesto de cada una de las áreas pero no de ejecutarlo.
“Es muy difícil entender lo que sucede en Australia con los ojos argentinos porque hace muchos años, desde que los políticos comenzaron a hacer gestión usando el dinero público en planes sociales o subsidios, no hay un sistema ordenado a cargo de la administración del Estado. En Australia no hay mucho margen para el populismo” señaló Diego Berazategui, empresario argentino radicado en la ciudad de Perth.
Tanto a nivel municipal, provincial o nacional, los funcionarios políticos no son los encargados de hacer la gestión o manejar la ejecución del presupuesto. Su responsabilidad es la de crear, modificar y hacer cumplir el marco legal para que una serie de instituciones, independientes de los funcionarios de turno, se encarguen de administrar los presupuesto de cada área como transporte, vivienda, salud, etc.
Un ministro puede tener un grupo de asesores – en algunos casos no más de tres o cuatro- pero el resto de los empleados o cargos pasan de una administración a otra con contratos fijos de hasta 5 años. Es decir, no importa el partido que esté en el Gobierno, las líneas principales tendrán continuidad. Estos organismos independientes –que están por debajo de los puestos políticos - son manejados por un CEO que no tiene dependencia política y, generalmente, mantiene su cargo tras un cambio de gobierno. Cada una de estas dependencias debe hacer anualmente un completo reporte de gestión para evaluar los resultados. Si no son satisfactorios, se busca otro CEO
Las instituciones se basan, a su vez, en estudios que elaboran otros organismos autárquicos como la Comisión de Productividad (es la que recomendó quitar los subsidios la industria automotriz), la del Trabajo Justo o la de Gobierno Público, entre otras. Esos informes son tomados por cada dependencia para definir la política más conveniente a seguir, una forma de limitar el manejo discrecional de los políticos. “La lógica es que si la propuesta la hace un político, el político de signo contrario se opone. Esto genera un estancamiento. Al venir las propuestas de instituciones independientes, son aceptadas con mayor facilidad” agregó Berazategui que, a su vez, es presidente de la Cámara de Comercio Argentina en Australia.
Esta organización se extiende a los gobiernos provinciales y municipales. Por ejemplo, en las ciudades, los concejales son vecinos que no tienen una representación partidaria, más allá de que tengan una posición política. El presidente de este concejo es lo que en la Argentina se conoce como intendente, aunque no tiene una función ejecutiva sino protocolar o como representante de la ciudad en actos institucionales. La administración de la ciudad está a cargo de un administrador o CEO que es elegido por una búsqueda similar a la que se hace con el gerente de una empresa. Se busca por avisos clasificados como recientemente realizó la ciudad de Melbourne. Puede ser una persona que haya mostrado buenos resultados en una ciudad más pequeña y es contratado por otra más grande. Estos administradores también están obligados a hacer un reporte anual con todos los detalles de gestión para mostrar resultados.
“Se necesita un cambio de sistema ya que esto llevará a un cambio cultural. No a la inversa. Es como las fotomultas para los autos. Si se aplica ese sistema, la gente reduce la velocidad” señaló Berazategui.
Sin embargo, más allá de los contrastes económicos, Australia cuenta con un sistema de funcionamiento político que está en las antípodas del argentino desde el punto de vista organizativo y cultural. Eso es lo que hace, en gran medida, que se vivan realidades distintas. La idea es simple: los políticos no pueden manejar discrecionalmente dinero público ni hacer campaña con los impuestos de los contribuyentes. Se ocupan de definir políticas, impulsar cambios en las leyes, diseñar y reformar instituciones, negociar el presupuesto de cada una de las áreas pero no de ejecutarlo.
“Es muy difícil entender lo que sucede en Australia con los ojos argentinos porque hace muchos años, desde que los políticos comenzaron a hacer gestión usando el dinero público en planes sociales o subsidios, no hay un sistema ordenado a cargo de la administración del Estado. En Australia no hay mucho margen para el populismo” señaló Diego Berazategui, empresario argentino radicado en la ciudad de Perth.
Tanto a nivel municipal, provincial o nacional, los funcionarios políticos no son los encargados de hacer la gestión o manejar la ejecución del presupuesto. Su responsabilidad es la de crear, modificar y hacer cumplir el marco legal para que una serie de instituciones, independientes de los funcionarios de turno, se encarguen de administrar los presupuesto de cada área como transporte, vivienda, salud, etc.
Un ministro puede tener un grupo de asesores – en algunos casos no más de tres o cuatro- pero el resto de los empleados o cargos pasan de una administración a otra con contratos fijos de hasta 5 años. Es decir, no importa el partido que esté en el Gobierno, las líneas principales tendrán continuidad. Estos organismos independientes –que están por debajo de los puestos políticos - son manejados por un CEO que no tiene dependencia política y, generalmente, mantiene su cargo tras un cambio de gobierno. Cada una de estas dependencias debe hacer anualmente un completo reporte de gestión para evaluar los resultados. Si no son satisfactorios, se busca otro CEO
Las instituciones se basan, a su vez, en estudios que elaboran otros organismos autárquicos como la Comisión de Productividad (es la que recomendó quitar los subsidios la industria automotriz), la del Trabajo Justo o la de Gobierno Público, entre otras. Esos informes son tomados por cada dependencia para definir la política más conveniente a seguir, una forma de limitar el manejo discrecional de los políticos. “La lógica es que si la propuesta la hace un político, el político de signo contrario se opone. Esto genera un estancamiento. Al venir las propuestas de instituciones independientes, son aceptadas con mayor facilidad” agregó Berazategui que, a su vez, es presidente de la Cámara de Comercio Argentina en Australia.
Esta organización se extiende a los gobiernos provinciales y municipales. Por ejemplo, en las ciudades, los concejales son vecinos que no tienen una representación partidaria, más allá de que tengan una posición política. El presidente de este concejo es lo que en la Argentina se conoce como intendente, aunque no tiene una función ejecutiva sino protocolar o como representante de la ciudad en actos institucionales. La administración de la ciudad está a cargo de un administrador o CEO que es elegido por una búsqueda similar a la que se hace con el gerente de una empresa. Se busca por avisos clasificados como recientemente realizó la ciudad de Melbourne. Puede ser una persona que haya mostrado buenos resultados en una ciudad más pequeña y es contratado por otra más grande. Estos administradores también están obligados a hacer un reporte anual con todos los detalles de gestión para mostrar resultados.
“Se necesita un cambio de sistema ya que esto llevará a un cambio cultural. No a la inversa. Es como las fotomultas para los autos. Si se aplica ese sistema, la gente reduce la velocidad” señaló Berazategui.
Con información de
Ámbito
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