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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
Otro round en la pelea por los honorarios
Viernes 23 de
Agosto 2019
La UIF salió a ratificar su incumbencia para requerir información a ciertos abogados sobre el origen de sus honorarios en causas por corrupción y narcotráfico. Las implicancias en el secreto profesional y el derecho de defensa en juicio.
La disputa por el origen de los honorarios en causas por corrupción y narcotráfico sumó un nuevo capítulo. La Unidad de Información Financiera (UIF) salió a defender los requerimientos de información y denuncias efectuadas a un grupo de abogados penalistas.
Todo comenzó cuando la UIF requirió a más de 36 letrados información y datos sobre el origen del dinero o bienes relacionados con el pago de honorarios en causas donde se investigan delitos graves, como corrupción, narcotráfico o trata de personas. El organismo solicitó la fecha, forma de pago y nombre de la persona que abonó.
La mayoría de los profesionales contestaron la notificación con los datos requeridos, pero algunos se opusieron argumentando que se trata de una violación al secreto profesional. Por este motivo, el organismo a cargo de Mariano Federici los denunció penalmente por el presunto delito de lavado de dinero.
Esta situación despertó malestar entre los profesionales y generó una respuesta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). La entidad presidida por Eduardo Awad afirmó que la UIF no tiene "ninguna incumbencia" para requerir el origen de los honorarios de los letrados y calificó a la medida como un “ataque al ejercicio profesional de la abogacía". Alertaron, además, sobre implicancias en el secreto profesional en la relación cliente-abogado.
A través de su cuenta de la red social Twitter, el ex presidente del CPACF, Jorge Rizzo, se sumó a las criticas y opinó: "Nos acusan de servir para el delito y sobretodo de la elección de los clientes, lo que constituye una afrenta no solo contra los penalistas sino contra toda la abogacía argentina".
La respuesta de la UIF
La UIF reapareció con un comunicado tras varias semanas de silencio y polémica. En concreto, rechazó la postura del CPACF y afirmó que los abogados “deberían aspirar a que los fondos con los que su cliente remunera su tarea, sean legítimos y no ampararse en una garantía legal para obtener de su cliente parte del producido del ilícito”.
“De no ser así, incluso los abogados defensores en causas penales, tendrían y usufructuarían dicha garantía para obtener un rédito no solo antiético sino también ilícito”, sostuvo el organismo y advirtió: “Los requerimientos de información de la UIF no importan en modo alguno un ataque hacia los abogados, ni afectan el libre y digno ejercicio profesional”.
Asimismo rechazó las acusaciones sobre las implicancias y consecuencias de los requerimientos de información sobre el origen de los fondos con los que se solventan los honorarios profesionales, especialmente frente al secreto profesional, el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio.
“Por el contrario, los mismos contribuyen a fortalecer al estado de derecho, cuidando la integridad del orden económico y financiero, bien jurídico tutelado por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, defendió la UIF y, además, advirtió que el secreto profesional “no se dirige a proteger la modalidad de contratación, ni al pago de honorarios profesionales”.
Por último, el organismo ratificó su incumbencia para cuestionar los honorarios profesionales y esgrimieron que una de las misiones es “analizar maniobras sospechosas" que importen adquisición de bienes o contratación de servicios y que pretendan introducir de ese modo en el mercado económico financiero formal dinero de origen presuntamente ilícito.
Desde el organismo antilavado consideraron que "bajo el amparo del secreto profesional, no se puede obstruir el envío de información para el análisis de operaciones que puedan importar la contratación de servicios con dinero o bienes de origen ilícito”.
“El secreto que custodia las confidencias del cliente, las estrategias de defensa o demás información relacionada con el mandato legal, no se vincula con el contrato profesional cuyo pago debe ser afrontado con dinero de origen lícito. No puede amparar el pacto entre cliente y abogado para usar fondos ilícitos o sospechados de tales”, destacó el comunicado difundido por la Unidad.
Por último, el organismo ratificó su incumbencia para cuestionar los honorarios profesionales y esgrimieron que una de las misiones es “analizar maniobras sospechosas" que importen adquisición de bienes o contratación de servicios y que pretendan introducir de ese modo en el mercado económico financiero formal dinero de origen presuntamente ilícito.
Todo comenzó cuando la UIF requirió a más de 36 letrados información y datos sobre el origen del dinero o bienes relacionados con el pago de honorarios en causas donde se investigan delitos graves, como corrupción, narcotráfico o trata de personas. El organismo solicitó la fecha, forma de pago y nombre de la persona que abonó.
La mayoría de los profesionales contestaron la notificación con los datos requeridos, pero algunos se opusieron argumentando que se trata de una violación al secreto profesional. Por este motivo, el organismo a cargo de Mariano Federici los denunció penalmente por el presunto delito de lavado de dinero.
Esta situación despertó malestar entre los profesionales y generó una respuesta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). La entidad presidida por Eduardo Awad afirmó que la UIF no tiene "ninguna incumbencia" para requerir el origen de los honorarios de los letrados y calificó a la medida como un “ataque al ejercicio profesional de la abogacía". Alertaron, además, sobre implicancias en el secreto profesional en la relación cliente-abogado.
A través de su cuenta de la red social Twitter, el ex presidente del CPACF, Jorge Rizzo, se sumó a las criticas y opinó: "Nos acusan de servir para el delito y sobretodo de la elección de los clientes, lo que constituye una afrenta no solo contra los penalistas sino contra toda la abogacía argentina".
La respuesta de la UIF
La UIF reapareció con un comunicado tras varias semanas de silencio y polémica. En concreto, rechazó la postura del CPACF y afirmó que los abogados “deberían aspirar a que los fondos con los que su cliente remunera su tarea, sean legítimos y no ampararse en una garantía legal para obtener de su cliente parte del producido del ilícito”.
“De no ser así, incluso los abogados defensores en causas penales, tendrían y usufructuarían dicha garantía para obtener un rédito no solo antiético sino también ilícito”, sostuvo el organismo y advirtió: “Los requerimientos de información de la UIF no importan en modo alguno un ataque hacia los abogados, ni afectan el libre y digno ejercicio profesional”.
Asimismo rechazó las acusaciones sobre las implicancias y consecuencias de los requerimientos de información sobre el origen de los fondos con los que se solventan los honorarios profesionales, especialmente frente al secreto profesional, el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio.
“Por el contrario, los mismos contribuyen a fortalecer al estado de derecho, cuidando la integridad del orden económico y financiero, bien jurídico tutelado por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, defendió la UIF y, además, advirtió que el secreto profesional “no se dirige a proteger la modalidad de contratación, ni al pago de honorarios profesionales”.
Por último, el organismo ratificó su incumbencia para cuestionar los honorarios profesionales y esgrimieron que una de las misiones es “analizar maniobras sospechosas" que importen adquisición de bienes o contratación de servicios y que pretendan introducir de ese modo en el mercado económico financiero formal dinero de origen presuntamente ilícito.
Desde el organismo antilavado consideraron que "bajo el amparo del secreto profesional, no se puede obstruir el envío de información para el análisis de operaciones que puedan importar la contratación de servicios con dinero o bienes de origen ilícito”.
“El secreto que custodia las confidencias del cliente, las estrategias de defensa o demás información relacionada con el mandato legal, no se vincula con el contrato profesional cuyo pago debe ser afrontado con dinero de origen lícito. No puede amparar el pacto entre cliente y abogado para usar fondos ilícitos o sospechados de tales”, destacó el comunicado difundido por la Unidad.
Por último, el organismo ratificó su incumbencia para cuestionar los honorarios profesionales y esgrimieron que una de las misiones es “analizar maniobras sospechosas" que importen adquisición de bienes o contratación de servicios y que pretendan introducir de ese modo en el mercado económico financiero formal dinero de origen presuntamente ilícito.
Con información de
Diario Judicial
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